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Marabunta sindical por la equiparación salarialLas FSE, se unen en plataformas unitarias para cambiar el maltrato salarial y humano en el que viven

Marabunta sindical por la equiparación salarial

Quien quiera un ascenso debería irse de la dirección del sindicato; los afiliados que les permitan dirigir el conflicto mientras se preparan para ascender ellos o algún familiar, sepan que están vendidos y que ellos son cómplices por tolerarlo. 

Afinales de la década de los 80 el sindicato al que pertenecí convocaba movilizaciones por la equiparación salarial. Desde su nacimiento en 1983, los Mozos tuvieron siempre mejor salario que la Policía y la Guardia Civil. El estigma de proceder de la dictadura se ha pagado en bajos salarios por los policías, pero también por los ciudadanos, permitiendo el mantenimiento de un sistema de intervención policial inaceptable en ninguna democracia; el principio de autoridad policial sin causa objetiva suprime de forma automática todos los derechos civiles de las personas, hecho que solo ocurre en una democracia en Europa: España. También la Ertzaintza nació mejor pagada (compensado allí por el plus de peligrosidad que se sumó al salario a raíz del Plan ZEN (Zona Especial Norte) que hoy supera los 600 euros/mes para policías y guardias civiles.

Después llegaron las unidades de Policía Nacional adscritas a comunidades autónomas, premiadas con cientos de euros más (entre 300 y 500, en el caso de Andalucía con todos sus miembros con dietas del grupo A) para llevar a cabo funciones menos peligrosas y especializadas, pero llevar el escudo de una comunidad autónoma además del de España es un valor añadido en estas décadas de partidocracia y derrumbamiento del Estado-nación.

El discurso de equiparación salarial hoy no tiene nada que ver con el de hace décadas; se han creado muchos complementos territoriales y de especialidad y los que demandan esa equiparación no quieren que los policías en Cataluña cobren como los Mozos, sino que quieren que los policías de Puertollano y los guardias civiles de Chiclana con vivienda oficial, que pueden comprarse una y alquilarla y seguir viviendo en la oficial, también cobren lo mismo que el Mozo, carestía de vida y vivienda aparte. El acuerdo de equiparación de 2018, firmado en 810 millones del que se han ejecutado 500 fue una importante mejora salarial pero un engañabobos de Zoido con los sindicatos firmantes como acuerdo de equiparación, que ha continuado Marlaska y que no tiene salida porque no puede cobrar un guardia con vivienda gratis en un pueblo donde el salario medio es de 800 euros lo mismo que un guardia o policía en Cataluña, Madrid, Baleares y alguna otra zona donde dedica al menos el 50% del salario a alquiler o compra de vivienda.

El Gobierno ha destinado 800 millones en los dos últimos años para privilegiar a 18.000 mozos sobre 130.000 policías y guardias civiles y la respuesta es obligada, contundente y más a cuatro meses de unas elecciones sindicales en la Policía. Debe ser contundente, legal y respetuosa con los derechos de la ciudadanía porque la seguridad es uno de los elementos centrales por los que existe el Estado y como valor democrático, muy superior a las disputas con los políticos o las reivindicaciones profesionales por justas que sean. No hay nada más alejado de un policía que un mercenario y en los últimos años en la policía se han visto comportamientos irracionales más propios de mercenarios que de policías. Cualquier medida de presión que ponga en riesgo la seguridad de la ciudadanía arrojará un lastre sobre los sindicatos, los policías y sus demandas además de ser inaceptable en un Estado de derecho de una democracia. Cualquier medida que suponga no respetar el mandado constitucional y los principios básicos de actuación de proteger la seguridad y los derechos de la gente debe ser corregido con la máxima dureza disciplinaria. Como la de ese líder sindical sancionado con 20 días por una falta leve de respeto a un superior, y no como ese comisario que en el mismo pleno del Consejo, fue sancionado con 10 días, cinco por cada uno de los delitos (no falta) cometidos conduciendo borracho, golpeando a un coche de policía local y obstruyendo su trabajo. Era director general de la Policía Ignacio Cosidó y subdirector de Recursos Humanos el comisario principal Antonio Rodríguez.

La mejor medida de presión es no contribuir a la falsa estadística con identificaciones masivas, caprichosas e ilegales contra la ciudadanía que no avala ni el T. Constitucional ni el T. Supremo y que se vienen haciendo desde la década de los 90. Solo ante un indicio que haga suponer necesaria la intervención, se identifica a un ciudadano. Por supuesto, nada de identificaciones y cacheos aleatorios a mayor gloria del mando y político pisoteando sus derechos civiles. Eso hicimos en 2008 y los mandos impusieron a su sindicato (SPP) que abandonara la unidad de acción (lo que hizo junto con la CEP) aunque la bajada de delitos y el incremento de seguridad fue proporcional a la bajada de millones de identificaciones que tiene a los coches policiales estáticos y no patrullando. La movilidad previene delitos. El año 2009 les propuse por escrito una candidatura conjunta de todos los sindicatos al Consejo de Policía en las elecciones de 2011, con un manifiesto que sería una censura al Gobierno porque todos los votos, del 70-80% de los policías, apoyarían las demandas sindicales. Un referéndum con todas las garantías aprovechando las elecciones. En ese escrito que remití a los demás sindicatos (SPP, CEP, UFP) señalaba el número de vocales al Consejo en las elecciones de 2011 de cada sindicato y decía que incluso el SUP (al que nos correspondían 6 según los afiliados) podíamos rebajarlo a 5 para facilitar el acuerdo. SPP y CEP no quisieron, se acabó la unidad de acción y el resultado electoral fue el que les señalé dos años antes (el SUP, 6 y los demás el número que constaba en el escrito). Rompieron la unidad de acción y no conseguimos nada porque, como tantas veces durante mi etapa en el SUP, peleamos contra la administración y contra los demás sindicatos. Desde 2013 el SUP se sumó a los demás sindicatos y el sindicalismo de defensa de los policías frente a los mandos, políticos y la propia institución, muchas veces su peor enemigo, desapareció.

Hoy la situación es distinta; una candidatura conjunta es imposible, (sindicatos representativos y no representativos de una parte, el mayoritario -8 de 14 vocales- de otra), pero sí es posible que defendiendo cada cual su legítimo proyecto sindical (que para mí son lo mismo, chiringuitos defendiendo una policía impropia de una democracia señalada en toda Europa por nuestras prácticas), podrían pactar un manifiesto conjunto apoyando la equiparación de derechos salariales y laborales con otras policías (autonómicas, de Unidades Adscritas a CCAA, etc.). Nunca ha habido una reacción tan brutal de políticos y mandos contra el SUP, acompañado por los sindicatos SPP y CEP, como cuando planteamos esas dos medidas en 2008-2009. Si los sindicatos quieren enfrentarse a Interior en serio, en un conflicto que salvaguarde los derechos de los ciudadanos (sin lo cual acabarán acusados y con un deterioro profesional brutal), deben actuar acabando con las prácticas indeseables, con abusos de autoridad cotidianos, no identificando a nadie sin una razón objetiva y si reciben órdenes de hacerlo exigiéndolas por escrito, porque nunca las han dado ni las van a dar. Y ahí es donde entran los sindicatos. Lo primero que deben hacer los policías es mirar en las direcciones de sus sindicatos y si hay quienes llevan decenas de años de actividad sindical con ascensos, cero expedientes, sin querellas ni problemas con el mando, exigir su cambio inmediato por alguien que no aspire a ascensos a corto plazo. Alguien con compromiso en forma de declaración jurada renunciando a ascensos, embajadas y cambio de destino para sí o familiar de primer grado en los próximos cinco años.

Este conflicto deben dirigirlo en primera línea, dando la cara no ocultos tras unas siglas mientras envían a los policías al conflicto sindicalistas dispuestos a tener querellas, expedientes, presiones, a no ascender ellos ni sus familiares y asumir que, si quieren trabajar en serio por los afiliados de su sindicato y no por su interés personal o su chiringuito, no se puede hacer de ninguna otra manera que confrontando con Interior y la mayoría de los mandos. El dirigente sindical que no lo entienda así debería apartarse o sus afiliados, relevarlo. De aquel conflicto de 2008-2009 unos salieron a embajadas y con rojas (los que cumplieron las órdenes políticas y de mandos) y otros con expedientes y querellas y tiempo después, traicionados por su sindicato que los dejó sin cobertura jurídica ante querellas y expedientes por haber estado en primera línea.

Quien quiera un ascenso debería irse de la dirección del sindicato; los afiliados que les permitan dirigir el conflicto mientras se preparan para ascender ellos o algún familiar, sepan que están vendidos y que ellos son cómplices por tolerarlo. Hacen falta menos pantomimas y aspavientos groseros y más rigor en lo que se plantea. Al menos sean serios, gánense el respeto de las personas a las que sirven. Los policías y guardias civiles deberían hacerse ellos y hacer dos preguntas a la marabunta de organizaciones que tratan de captar su favor: a) ¿Qué piden ellos que no pidan otros sindicatos/asociaciones para los policías? b) Puesto que desde 2013 que el SUP cambió de trinchera todos piden lo mismo (salvo el de mandos) ¿Por qué no se unen?

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