Se decía que era el lechero el que llamaba de madrugada, aquí en esta Pesudodemocracia, era el gobierno que llamaba para encarcelar y poner en los psiquiátricos a los constitucionalistas.

Los UMDVERDES, acusados de "Epidemia constitucional" eran detenidos de noche acusado de ejercer sus derechos constitucionales, ingresados en psiquiátricos por orden del mando, epidemia constitucional, con el apellido neutralizar a los demócratas que persiguen y denuncian a los corruptos. Eran el enemigo número uno. Todos a los psiquiatricos, así podemos llenar la saca con tranquilidad.

La operación delictual columna o lista de Schindler, hecha desde el estado con medios públicos contra todos los ciudadanos y especialmente contra los guardias civiles Democráticos. 

La historia de la lucha por los derechos en la Guardia Civil no es una historia de éxito, sino de justicia. Una justicia tardía, pero necesaria, que devuelve la dignidad a quienes, con valentía, desafiaron el inmovilismo de una institución y las sombras de un pasado autoritario en un momento crucial para España.

Entre 1975 y 1982, en plena transición democrática, mientras España dejaba atrás una dictadura de casi cuatro décadas, emergieron voces dispuestas a reclamar derechos básicos en los cuerpos de seguridad del Estado. La Policía Armada –hoy conocida como Cuerpo Nacional de Policía– y la Guardia Civil no fueron ajenas a las tensiones del cambio político. Eran instituciones militarizadas, disciplinadas, jerárquicas y profundamente vinculadas al régimen anterior, donde la obediencia absoluta y la falta de cuestionamientos eran normas inquebrantables.

Sin embargo, en pleno proceso de consolidación democrática (1982-1986), en tanto que la policía consiguió sindicarse en 1984 tras años de lucha clandestina, la élite militar y un Gobierno pusilánime coadyuvó a que no se avanzase en el terreno de la reforma democrática en la Guardia Civil, para mantener un cierto control de la institución militar. Algunos guardias civiles comenzaron a alzar la voz. Querían algo sencillo pero esencial: ser reconocidos como ciudadanos, no como simples números, además de servidores públicos. Reclamaban derechos que ya disfrutaban otros sectores de la sociedad: libertad de asociación, expresión y participación sindical. En definitiva, querían ser parte activa de la democracia que juraban.

En ese contexto, los guardias civiles que se atrevieron a reclamar derechos básicos como la libertad de asociación, de expresión y la posibilidad de defender sus intereses fueron tratados como enemigos internos. Sus demandas no eran más que la aplicación de los principios democráticos consagrados en la Constitución de 1978, pero fueron recibidas con expulsiones, traslados forzosos, sanciones y aislamiento.

¿Por qué de ha tardado tanto en conseguir la readmisión?

La reciente readmisión de los guardias civiles expulsados por reclamar derechos constitucionales, aunque es un acto de justicia, deja una pregunta incómoda flotando en el aire: ¿por qué ha llevado tanto tiempo? Décadas de lucha, aislamiento y sufrimiento para reparar una injusticia tan evidente solo pueden explicarse si analizamos a fondo las barreras estructurales, políticas y culturales que retrasaron su readmisión, no exenta de la carencia de autocritica del asociacionismo profesional en la institución, cuya reivindicación debía haber sido su buque insigna, y no meramente postureo. Rosa y Piñeiro iniciaron prácticamente en soledad esta lucha reivindicativa que culminó con la PNL de UPyD aprobada por unanimidad el año 2009 en el Congreso de los Diputados. Tiempo más tarde dada la inacción patente en este propósito, «GUCIPOL» reinicia acciones encaminadas a la consecución del objetivo de la readmisión aunando el apoyo de la casi totalidad de asociaciones profesionales de la guardia civil, sindicatos y organizaciones diversas. Tampoco faltó algún que otro consiliario áulico intentando obstaculizar el camino.

La tardanza en la readmisión de los guardias civiles expulsados es un síntoma de un problema más profundo: «la dificultad de algunas instituciones españolas para adaptarse plenamente a los valores democráticos». No se trata solo de reparar una injusticia histórica, sino de reflexionar sobre las barreras estructurales, políticas y culturales que permitieron que esta injusticia persistiera durante tanto tiempo.

La lección más importante de esta lucha es que la democracia no puede construirse sobre la base del inmovilismo y las concesiones al autoritarismo. La justicia debe ser inmediata, no un favor que llegue décadas después. Ahora, el desafío es garantizar que ninguna otra generación de guardias civiles tenga que esperar tanto para ver sus derechos reconocidos. La Guardia Civil y el Estado tienen la oportunidad de demostrar que han aprendido de este episodio, transformando una institución que, aunque históricamente resistente al cambio, tiene el potencial de ser un verdadero pilar de la democracia.

«Con 35 años de retraso», en propias palabras de la ministra de Defensa Carme Chacón, el 16 de febrero de 2010 condecoró a 14 antiguos miembros de la UMD por su «valentía» y contribución a la democracia española.

Eran y son guardias civiles cuya labor no fue baladí. Los historiadores analizaran  los acontecimientos y procesos históricos en su contexto y sacaran conclusiones.