El Ministerio del Interior ha respondido recientemente a una solicitud de transparencia sobre la gestión de material técnico en nuestros centros penitenciarios. 

La respuesta, previsiblemente burocrática, se escuda en un dogma tan antiguo como peligroso: la "presunción de intachabilidad" de los empleados públicos. Bajo esta premisa, la Administración justifica la ausencia de controles preventivos en los accesos, asumiendo que la probidad del funcionario es un estado permanente que no requiere fiscalización alguna.

Sin embargo, la realidad suele ser más tozuda que los reglamentos. La aparición en el entorno civil de material técnico con etiquetado oficial y propiedades ignífugas —cuyo uso está estrictamente restringido al ámbito asistencial penitenciario— desmiente, con cruda elocuencia, dicha presunción. Cuando el inventario institucional comienza a filtrar hacia la calle, la "intachabilidad" deja de ser una garantía para convertirse en una coartada.

El verdadero riesgo no es solo la pérdida de patrimonio, sino la "porosidad" que esta negligencia revela y que en el contexto administrativo gallego se silencia. Es un secreto más grande que "ver un burrote volando".

 Si el sistema es incapaz de salvaguardar un textil, ¿qué fiabilidad podemos otorgar a sus filtros de seguridad frente a elementos de mayor riesgo? 

La alarma social no nace de la desconfianza infundada, sino de la constatación de que, ante el silencio de las direcciones de los centros y la inacción de la Secretaría General, lo que hoy sale con total impunidad es el preludio de lo que mañana podría entrar. La seguridad de un centro penitenciario no debería sustentarse en la fe, sino en el rigor del control.

Martín Álvarez.

N B ADJUNTO:

-RESPUESTA MINISTERIO DEL INTERIOR

-EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ENVIADA PARA LA INCOACCIÓN DE AVERIGUACIONES

-PREGUNTA ELEVADA AL PARLAMENTO GALLEGO