Buena la ha armado el juez Juan Carlos Peinado en su auto de medidas cautelares contra Begoña Gómez al presuponer que la policía que la escolta pudiera ayudarla en un plan de fuga. Lo que no es más que una creencia o convicción del juez al plasmarla en el auto se convierte en una acusación hecha y derecha contra la Policía Nacional.

La primera reacción no se ha hecho esperar y ha sido la rotunda condena de las asociaciones policiales contra el magistrado por poner en duda su profesionalidad y acatamiento al orden constitucional.

Pero es más. La formulación de las medidas cautelares da munición a los enemigos del juez para poner en duda una instrucción impecable sobre la mujer del Presidente del Gobierno, pese a las presiones y descalificaciones sufridas por Peinado, a quien la sincronizada mediática al servicio del Gobierno y el Gobierno mismo han acusado con unas u otras palabras de prevaricación.

Así, pues, nos encontramos ante una metedura de pata del magistrado que sirve no sólo para cuestionar las medidas cautelares contra la acusada, sino el mismo proceso por los delitos nada menores de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

No debería ser así, por supuesto, pero la polarización de la opinión pública lleva a que el criterio subjetivo de un juez se convierta en arma arrojadiza contra la independencia del tribunal. Y no sólo eso, sino que conlleva la posible apertura de expediente disciplinario contra el magistrado.

Mejor hubiese hecho, por consiguiente, Peinado en abstenerse de opiniones subjetivas y dar aire a quienes desde antes de la apertura del sumario claman que éste no es más que un ataque al bueno de Pedro Sánchez, usando para ello el juicio a su mujer.