La mayoría de las personas mueren a los veinte años, pero, entierran su cuerpo a los ochenta.

El Colegio Profesional de Logopedas de Galicia (CPLGA) estima que, si se suma la población con algún trastorno en la comunicación y las personas mayores con poca alfabetización, un total de unos 700.000 gallegos y gallegas podrían llegar a necesitar la ayuda de un facilitador en sus procesos judiciales o procedimientos administrativos.

Se trata de un dato muy relevante si tenemos en cuenta que la ley 8 /2021 del 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para establecer medidas de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, reconoce que, en los procesos judiciales que participen personas con discapacidad (reconocida o no) o en cualquier situación en la que se requiera realizar adaptaciones necesarias para garantizar la participación de las mismas en condiciones de igualdad, debe existir la posibilidad de contar con un facilitador.

“Es necesario poner todos medios para evitar las situaciones más graves y dolorosas en la justicia, que son aquellas en las que la persona, por el hecho de no tener una forma de comunicación efectiva y funcional, se ve imposibilitada para hacer declaraciones o manifestar sus decisiones, siendo en muchas ocasiones absuelta la persona acusada y generando situaciones de indefensión en casos tan graves como la violencia de género o sexual”, explica la Ana Isabel Vázquez, presidenta del CPLGA.

En este contexto la Confederación Española de Asociaciones de atención a las personas con parálisis cerebral (ASPACE) ha denunciado múltiples casos de agresión sexual a mujeres con parálisis cerebral debidas a las dificultades de las víctimas para comunicarse con métodos de comunicación aumentativa y alternativa como pueden ser los sintetizadores, la escritura, o cualquier otro método. Asimismo, en la Confederación de Autismo España han denunciado en numerosas ocasiones que las mujeres y niñas con autismo son especialmente vulnerables a la violencia de género en el propio hogar y colectivos de personas con Parkinson, daño cerebral adquirido, esclerosis lateral amiotrófica o enfermedades raras, registran y denuncian también dificultades para el acceso a la justicia.

Sobre la figura del facilitador, Ana Vázquez quiere recordar que “la logopedia es la disciplina que diagnostica, evalúa e interviene en la comunicación y el logopeda es el profesional que conoce las herramientas para hacer efectiva esa comunicación cuando existe un proceso judicial”. “Ya es un derecho, pero ahora tiene que ser un hábito que, siempre que se necesite, las personas puedan contar con la figura del facilitador no solo en cualquier procedimiento judicial, sino también en cualquier proceso administrativo, normalizando así este profesional dentro de los operadores que están al servicio del ciudadano”, añade.

El Colegio Profesional de Logopedas de Galicia tiene como misión y objetivo amparar a las personas ante las desigualdades y discriminación, así como asegurar la participación social de las mismas en el contexto jurídico, social, educativo, sanitario y, por supuesto, en el desarrollo personal.