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El Ministro del PP e "intimo de Rajoy" le deja a España tras dimitir cinco millones de españoles que no pudieron poner la calefacción " mientras el hacía negocios en Panamá con la cobertura de Rajoy " para evadirse del fisco"

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;Portada 17 Abril 2016
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La Fiscalía del TSJC propone una pena de prisión de 15 meses e inhabilitación para empleo o cargo público durante ocho años para el consejero del PP en el Cabildo, Carlos Sánchez, como presunto autor de un delito de prevaricación urbanística cuando era concejal de Santa Brígida.

 El Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha fijado para los días 28 y 29 de este mes el comienzo de las sesiones del juicio oral del denominado caso Teyma, en el que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) solicita una pena de 15 meses de prisión y ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Carlos Sánchez, consejero del PP en el Cabildo, como presunto autor de un delito de prevaricación urbanística cuando era edil de Urbanismo del Ayuntamiento deSanta Brígida.

 La denuncia que llega a juicio fue presentada durante el anterior mandato del Ayuntamiento por los entonces ediles de la oposición Antonio Ramírez y Amalia Bosch, ahora en el gobierno municipal por Los Verdes, al detectar que el consistorio había concedido calificación como suelo urbano y licencia de obras a una promoción de dúplex adosados en La Atalaya que invadía suelo rústico.

 La Fiscalía acusa a los dos administradores de la promotora, Teyma Canais, y al arquitecto de los dúplex de un delito contra la ordenación del territorio, a Carlos Sánchez y a dos arquitectos municipales de prevaricación urbanística y a uno de esos dos arquitectos de falsificación de certificado. Para los tres primeros pide prisión de 12 a 24 meses, una multa de 24 meses a razón de una cuota diaria de 12 euros e inhabilitación para profesión u oficio durante tres años. Para los arquitectos municipales propone prisión de un año y diez meses e inhabilitación durante nueve años y al acusado de falsedad en certificado le suma otra pena de suspensión de empleo y cargo público por 22 meses.  La acusación particular coincide en que Carlos Sánchez y los dos arquitectos municipales son autores de un delito de prevaricación urbanística y en que los administradores de Teyma y el arquitecto de los dúplex lo son de un delito contra la ordenación del territorio. Para los tres primeros pide año y seis meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial y para los otros un año de prisión y 18 meses de inhabilitación especial para profesión u oficio.

 http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=111087

Soria pierde el recurso contra Cabrera por el ´caso eólico´

 El vicepresidente del Gobierno de Canarias tendrá que pagar las costas del proceso

 La sección segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado el recurso que interpuso el vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, contra la sentencia del juzgado de Penal número 4 que absolvía a Francisco Cabrera Cabrera, denunciante del conocido caso eólico.

 "Esta vez" José Manuel Soria "no sale de rositas" y "ha vuelto a ser condenado a pagar las costas por presentar una denuncia con mala fe y sin fundamento", señaló ayer Cabrera.

 José Manuel Soria denunció a Cabrera por injurias y calumnias después de que éste compareciera en la comisión parlamentaria que investigaba el caso eólico.

 En dicha comisión, Cabrera relató que el 24 de octubre de 2004 se puso en contacto con el presidente del Cabildo de Gran Canaria (entonces José Manuel Soria) para comunicarle que había descubierto un complot para amañar el concurso público convocado por la Consejería de Industria, relativo a un proyecto de energía eólica en Arinaga, Gran Canaria.

 Asimismo, informó que lo que no sabía es que, por esas fechas, el hermano del actual vicepresidente del Gobierno, Luis Soria López (entonces consejero de Industria) había sido invitado a viajar a Alemania por el empresario José Ignacio Esquivel, interesado en el concurso.

 Tampoco conocía entonces que el propio José Manuel Soria vivía en un chalet del empresario Javier Esquivel, también relacionado con el caso eólico, sin pagar el alquiler. "Quien pagaba el alquiler era uno de esos empresarios relacionados con lo que se quería hacer en Arinaga", recordó.

 Sus declaraciones ante la comisión parlamentaria "no gustaron a Soria", quien lo denunció por injurias y calumnias. Sin embargo, las dos sentencias ya citadas determinan que las afirmaciones de Cabrera "tienen un apoyo documental".

 Ahora, tras la sentencia en segunda instancia, José Manuel Soria "ya no tiene posibilidad de recurso" y deberá pagar las costas, que podrían ascender a más de 20.000 euros, según dijo ayer la abogada Pilar Rosa Felipe Martínez.

 Esta procuradora indicó que espera que Soria pague todo "de su propio bolsillo" y que no sea su partido (el Partido Popular) quien lo haga por él.

 Asimismo, manifestó su deseo que el pago lo realice de forma inmediata, igual que lo ha hecho, añadió, para indemnizar a Montaña Rayada S.A.

 Dejar la vida pública. Francisco Cabrera Cabrera recordó que José Manuel Soria llegó a decir públicamente que, si de lo que se le acusaba era verdad, iba a dejar la vida pública. Sin embargo, "no le voy a pedir que se vaya de la vida pública porque esto no es Fátima y Lourdes", indicó ayer Cabrera. Lo que sí manifestó es que "en Canarias no nos merecemos un vicepresidente así", que "practica la tolerancia cero contra los que denuncian casos de corrupción". Asimismo, señaló que "Soria mintió a la Comisión del Parlamento" y que eso "está tipificado como delito en el Código Penal".

 Por su parte, el Partido Socialista Canario (PSC) anunció ayer la remisión a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de la existencia de una trama para favorecer a una empresa privada –perteneciente a los hermanos Esquivel- organizada por el actual vicepresidente del Gobierno canario; el ex consejero de Industria del Gobierno de Canarias, Luis Soria, y el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, José Manuel Arnáiz.

 El PSC recuerda que el grupo parlamentario socialista canario emitió un voto particular a la conclusión de la comisión eólica (publicada en el Boletín Oficial del Parlamento De Canarias el 11 de abril de 2007, núm 145), en el que ya hizo constar su conclusión de que "ha quedado acreditada la existencia de una trama" entre los mencionados José Manuel Soria, Luis Soria, y José Manuel Arnáiz para favorecer a los hermanos Esquivel en la concesión de un concurso público para la instalación de nuevos parques eólicos en Gran Canaria.

 http://www.laopinion.es/canarias/2010/01/22/soria-pierde-recurso-cabrera-caso-eolico/267524.html

Abierto el juicio oral contra la 'trama eólica' canaria del PP

Un ex director general de Industria está imputado por cohecho

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Parramón, ha notificado el auto de apertura de juicio oral contra los imputados por el conocido como caso Eólico, la trama surgida al amparo de la concesión de parques eólicos durante el mandato de Luis Soria, hermano del presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, cuando éste era consejero de Industria del Gobierno de Canarias, en la legislatura anterior.

 Finalmente, el juez imputa al ex director general de Industria, Celso Perdomo, delitos de violación de secretos, cohecho y malversación de fondos públicos. A su pareja, Mónica Quintana, le imputa violación de secretos y malversación. El funcionario de Industria Honorato López está imputado por un delito continuado de cohecho. Los empresarios Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel deberán afrontar imputaciones por cohecho. Los señalados deberán afrontar fianzas de entre 200.000 y 400.000 euros y siguen en libertad provisional con obligación de presentarse ante los juzgados dos veces al mes.

Se considera probado que, antes de que la convocatoria fuese pública, Celso Perdomo, desde su despacho oficial, con ayuda del funcionario Honorato López, envió información privilegiada sobre el concurso eólico a varias sociedades privadas concretas, información por la que recibió pagos millonarios. Tras saltar el escándalo, el Gobierno canario cesó a Perdomo, suspendió el concurso eólico y convocó uno nuevo.

www.elpais.es 21.03.09

400.000 EUROS DE FIANZA PARA UN EXALTO CARGO DEL PP EN CANARIAS

Celso Perdomo, exdirector general de Industria del Gobierno formado por Coalición Canaria (CC) y el PP en Canarias y principal imputado en el caso eólico, se enfrenta a los delitos de violación de secretos, cohecho continuado y malversación de fondos públicos, sobre los que deberá decidir un jurado. El magistrado Miguel Ángel Parramón ha ordenado la apertura del juicio oral del caso, en el que figuran como principales imputados Perdomo y su novia, Mónica Quintana Pérez, además de otros cuatro acusados, según un auto.

El juez, según la agencia Efe, mantiene en libertad provisional a los seis acusados e impone una fianza de 400.000 euros al exdirector general y de 100.000 a su novia. Según el magistrado, Perdomo, de acuerdo con su pareja y con el objeto de obtener un beneficio económico, facilitó información que no debía ser divulgada a personas que tenían interés en un concurso para la asignación de potencia eólica convocado por la Consejería de Industria del Gobierno canario el 14 de octubre del 2004, antes de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

(www.elperiodico.com, 20/03/09)

"Te he colocado cinco 'kilos' por la patilla"

El fiscal reconstruye el trueque de información privilegiada por cohechos entre el ex director general de Industria del Gobierno de Canarias y varios empresarios

Celso Perdomo, valiéndose de su cargo de director general de Industria del Gobierno de Canarias, "facilitó información que no debía ser divulgada a personas que tenían interés" en el concurso de instalación de parques eólicos, a cambio de sustanciosos cohechos. Ésa es la conclusión del fiscal anticorrupción de Gran Canaria, Luis del Río, que solicita siete años de prisión para el ex alto cargo.  Cuando tramó en 2004 el amaño del concurso, Perdomo dependía de un consejero del PP, Luis Soria, hermano del máximo dirigente popular canario, José Manuel Soria. El presidente del Gobierno era el nacionalista Adán Martín, que gobernaba en coalición con el PP. Perdomo fue destituido en junio de 2005. Pero eso no le impidió seguir tejiendo en la sombra ventajas ilegales para sus clientes en el futuro concurso, que finalmente sería anulado en diciembre de aquel año. Su trueque de información privilegiada por reiterados cohechos está abundantemente detallado en el relato del fiscal, basado en la investigación policial:

• "Han pagado los 30.000, el dinero vas a poder tocarlo esta semana"

• El técnico "pide dos 'kilos' por megavatio, dice que él controla los informes"

• "Al Honorato le tienes que decir: ¿Quieres ganar dinero o no, idiota?"

• "Si nos garantiza Lanzarote, nos llevamos cada uno 45 millones"

- Correos ilegales. Antes de que se publicara la orden del concurso, Perdomo envió sendos correos electrónicos, en agosto de 2004, a Wilebaldo Yanes y a Daniel Fernández Salamanca, representantes de diversos concursantes, con un borrador de la orden del concurso y una relación de terrenos y contactos públicos y privados para instalar parques eólicos.

- Cesión de acciones. Perdomo mantuvo contactos con representantes de dichas sociedades para pactar el precio de su información. Por ejemplo, con Enrique Guzmán López, que el 5 de octubre de 2004 firmó un contrato de cesión de acciones a Perdomo en Proyectos Renovables de Canarias, haciendo constar que dicha firma tenía un acuerdo con Hidrocantábrico para presentarse al concurso eólico.

- Pagos en Luxemburgo. Además, Perdomo recibió pagos de dicho empresario en una cuenta de un banco de Luxemburgo, nominalmente a cargo de su novia, Mónica Quintana. Por esa vía, ingresó más de 23.000 euros en 2005. Pero esta cifra podía ser aún mayor, a tenor de las grabaciones telefónicas. El empresario Guzmán le avisó en mayo de 2005 en varias conversaciones del pago de su comisión: "En el banco tienes que firmar lo de los 30.000 euros y firmar la cuenta, lo tiene que firmar Mónica (...). Han pagado los 30.000, el dinero llega a la cuenta esta semana (...). Vas a poder tocarlo esta semana". El remache es contundente: "Te estás haciendo millonario conmigo, perdona, a ti te están saliendo bien las cosas desde que me conoces. Te he colocado cinco kilos por la patilla".

- Pago en especie. Perdomo también acordó el pago de cohechos con los empresarios Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel. Ambos concursantes pactaron pagarle 12.700 euros a través de una empresa que había hecho obras de albañilería en su domicilio.

- El topo. Tras cesar como director general de Industria, en junio de 2005, Perdomo compró la voluntad de un alto funcionario para la trama: Honorato López, jefe de área de la Consejería de Industria. Era un hombre clave: podía valorar los expedientes y figurar en la mesa de contratación. Su abordaje queda evidenciado en las escuchas. "¿Es colega tuyo como para sentarnos a hablar de pasta?", le preguntan a Perdomo los empresarios. Éste asiente. "Sí, sí. Pero tengo que sentarme con él a ver de qué pie cojea, lo puede haber tocado otra gente". "Tú al Honorato le tienes que decir, tú, gilipollas, ¿quieres ganar dinero o no, idiota?", le aconsejan a Perdomo. Y Honorato resulta no ser "idiota". "Me tomé un café con Honorato, me va a dar una lista de cantidades [de comisiones]... Dos kilos por megavatio. Honorato dice que como él puede controlar los informes previos...", explica Perdomo a sus secuaces, que esgrimen dificultades técnicas para pagarle el soborno. "Le puedo abrir una cuenta, lo que no voy a poder firmarle es una orden de transferencia cuando todavía no sé cuántos megavatios nos va a dar". Su fichaje vale la pena. "Y si me dice que es poco, nos rascamos el bolsillo. Si él nos garantiza que sale con los nueve megavatios de Lanzarote, nos vamos a llevar cada uno entre 40 y 45 millones de pesetas si nos garantiza la adjudicación", argumenta Perdomo.

- Cinco millones por megavatio. Perdomo y el empresario Guzmán prometen a Honorato pagarle dos millones de pesetas de entrada, cuatro más cuando realice su informe y un millón más por cada megavatio adjudicado. Otro empresario, Esquivel, le garantiza pagos adicionales: dos millones por dejar el expediente bien valorado y, posteriormente, hasta cinco millones por megavatio adjudicado. Honorato se jacta del favor que devolverá: "Me dijo anoche que este año los Reyes Magos venían cargaditos de megavatios eólicos", comenta Perdomo. "El éxito depende de él, vamos a hacerle la rosquilla, lo que teníamos pactado con él, 50% para él, 50% para mí. Lo está estudiando todo muy bien, quiere máxima discreción. Como se filtre, se lo levantan. No quería que me viesen con él (...). Quiere una copia de todos los proyectos en los que quieres que él interactúe para él encauzarlos antes de que lleguen a la mesa [de adjudicación]".

- Anulación. Cuando el concurso es anulado en diciembre de 2005 por el Gobierno de las Canarias por un problema formal, Perdomo y sus cómplices pactan mantener sus estrategias de cara al futuro concurso. No sin cierta inquietud. "Tenemos que mantener nuestro contacto donde lo tenemos, no vamos a hablar por teléfono a partir de ahora", acuerdan Perdomo y un empresario. Pero no tienen ya salida. "He invertido mucho", le advierte a Perdomo su interlocutor. www.elpais.es 05.04.08

Una trama urdida desde el corazón del Ejecutivo autónomo

La llamada "trama eólica de Canarias" afloró por un despido. Alberto Santana fue director general de la empresa Siemenca hasta marzo de 2005. Cuando fue despedido, presentó una denuncia en la que alertaba de "presunta corrupción y asociación mafiosa" entre empresarios y altos cargos de la administración canaria con el fin de hacerse con la porción más sabrosa del concurso para adjudicar parques eólicos en el archipiélago. Presentó numerosos correos electrónicos que habían sido enviados desde la dirección general de Industria del Gobierno de autónomo, cuando ese departamento estaba gobernado por el PP y a su frente se hallaba Luis Soria, hermano del líder del PP en Canarias, José Manuel Soria. Presidía el Gobierno Adán Martín, de Coalición Canaria.

Atendiendo a un recurso, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló en diciembre de 2005 el decreto en el que se sustentaba el concurso. La anulación dio oportunidad al nuevo Gobierno de Canarias de anular el concurso, en plena tormenta mediática por la revelación de las investigaciones judiciales a su consejería de Industria. Con esa decisión, se quedaron sin concesión más de 400 proyectos de unas 200 empresas.

Antes de las últimas elecciones autonómicas, el Gobierno nacionalista pudo publicar las bases de una nueva convocatoria, a la que se han presentado 600 proyectos. Optan a los 440 megavatios en nuevos parques eólicos o a 30 megavatios en aerogeneradores aislados asociados a otras actividades, como desaladoras, colegios u hoteles. La investigación judicial acreditó una trama de funcionarios y empresarios que pretendían enriquecerse con un amaño nutrido de cohechos y violación de secretos, y que les ha costado diversas penas de prisión. www.elpais.es 05.04.08

La trama eólica, a un paso de las detenciones

 La Policía identifica a una decena de personas relacionadas ocn la presunta red para favorecer las adjudicaciones de potencia eólica.

 Las investigaciones policiales y judiciales en torno al concurso eólico convocado en su día por el Gobierno de Canarias apuntan a la existencia de una trama de presunta corrupción que gira en torno a una decena de personas y que tiene como eje la Dirección General de Industria, con Celso Perdomo, del Partido Popular, al frente de la misma. Dicha trama, según fuentes de la investigación, va mucho más allá de lo denunciado en marzo de 2005 por Alberto Santana, que apuntó en ese momento hacia Perdomo, el empresario Wilebaldo Luis Yanes y el también empresario y presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas, José Miguel Suárez Gil. Según las mismas fuentes, la Policía Nacional entiende que ha llegado el momento de proceder a la detención de la decena de personas investigadas. Esa decisión queda ahora en manos del Juzgado de Instrucción número 7, que instruye las diligencias.

 A los nombres ya conocidos de Celso Perdomo y Wilebaldo Luis Yanes se suma el de Daniel Fernández de Salamanca, directivo empresarial que traba contacto con Celso Perdomo para conocer detalles del concurso. A esas tres personas investigadas se suman otras siete, entre las que hay empresarios, directivos de sociedades interesadas en el concurso y personas próximas a aquellos y del propio Celso Perdomo. Hasta la fecha, la investigación deja fuera a José Miguel Suárez Gil.

 A partir de los datos aportados por Alberto Santana, la Policía abre unas pesquisas que concluyen en la radiografía de una trama de contactos cuya finalidad última es conseguir que diferentes empresas concurran al concurso eólico con la seguridad de aparecer en el listado de adjudicatarias de potencia eólica.

 Como primer paso, se produce, tal y como apunta Alberto Santana en su denuncia, el envío de un borrador de las bases del concurso. Sobre este extremo, la Consejería de Industria, ya bajo la tutela de Marisa Tejedor (Coalición Canaria) tras la expulsión del Partido Popular del Gobierno, concluyó una investigación interna en la que subrayó, y así lo expuso la consejera ante el Parlamento, que entre el borrador de concurso enviado desde el correo electrónico de Celso Perdomo y el que finalmente marcó el concurso, había grandes diferencias.

 Las conversaciones grabadas por los agentes de la UYCO del Cuerpo Superior de Policía aportan, sin embargo, muchos más datos: apuntan a un trasiego de información privilegiada y con datos muy concretos sobre el procedimiento a seguir para salir triunfante en un concurso al que se presentaron numerosos proyectos dada la alta rentabilidad del negocio eólico. A eso hay que añadir las plusvalías derivadas de la adquisición de terrenos para la instalación de los parques eólicos.

 Como ya adelantó este periódico el pasado viernes, entre los datos de la investigación figura el presunto pago de comisiones a cambio de información privilegiada. Alberto Santana lo había apuntado en su denuncia en relación con el grupo empresarial Gesco, al que define como una red cuya finalidad última es corromper a altos cargos políticos y obtener beneficios empresariales a cambio. La pista policial de ese pago de comisiones se orienta, sin embargo, hacia la empresa Generaciones Especiales I, Sociedad Limitada, una empresa participada por Hidrocantábrico y que se presentó al concurso eólico, tal y como consta en la información que ha hecho pública la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias.

 Una persona vinculada a dicha empresa llega a comentar, según las averiguaciones policiales, que se ha materializado un presunto pago en Luxemburgo -Estado de la Unión Europea con un sistema fiscal y bancario que favorece la opacidad y la colocación de dinero negro-. Ese pago se habría hecho supuestamente en la cuenta bancaria de una persona próxima al entonces director general de Industria. La investigación deberá determinar si esa transacción se ha realizado finalmente y si el motivo de la misma es, como se presume, el pago de la comisión a cambio de información privilegiada. Para ello, además, de sortear las trabas de Luxemburgo, se apunta la conveniencia de efectuar registros domiciliarios y proceder a la detención de la decena de personas en torno a las que se dibuja esa trama.

 'Tocar' a los técnicos de la mesa de contratación

 La presunta trama eólica no se limita a que desde el correo electrónico del que fuera director general de Industria saliera información sensible sobre cómo iba a ser el concurso. CANARIAS7 desvela hoy otro dato clave en la investigación: las personas supuestamente implicadas daban por hecho que se tomarían las medidas precisas para asegurar que algunos técnicos de la Consejería informasen de manera muy favorable ciertos proyectos presentados a concurso, a lo que se añadirían gestiones ante integrantes de la mesa de adjudicación para condicionar el fallo del concurso. Este dato aporta una perspectiva novedosa a lo que hasta la fecha se conocía y deja en segundo término la explicación de la Consejería de Industria en el sentido de que el borrador de bases supuestamente enviado por Celso Perdomo a Gesco y otras compañías no se parece al incluido en la convocatoria final del concurso. Se trataría, por tanto, de una estrategia en diferentes fases que pasaba por adelantar a personas y empresas próximas detalles del concurso; asegurarse, en segundo término, que sus proyectos llegasen a la mesa de adjudicación con las puntuaciones más altas y garantizar que en la última etapa del concurso se diera un trato preferente a esos mismos proyectos.

 Para comprobar estos extremos, la investigación se encamina hacia la toma de declaración de la decena de personas investigadas. La Consejería ha subrayado en varias ocasiones que el servidor de la Comunidad Autónoma no mantiene los correos enviados y recibidos más allá de tres meses por lo que ahora se precisa contactar directamente con las personas objeto de escuchas telefónicas y las aludidas por estos y comprobar la verosimilitud de las deducciones de los investigadores.

 Cuatro casos y un mismo entorno

 1. Caso bornia

 La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que preside José Antonio Martín, tenía previsto juzgar en breve al presunto narcotraficante Rafael Bornia. En julio de 2005 la Sala rechazó un recurso de Bornia contra su auto de prisión. La Policía, que investiga la denuncia por el caso eólico, detecta una conversación días antes de la vista entre el empresario Wilebaldo Luis Yanes y José Antonio Martín, así como dos reuniones entre Martín y Yanes: una en un restaurante de Tafira y otra en casa del magistrado. Se constata que, al menos en una conversación telefónica, Martín da indicaciones sobre qué debe decir el abogado de Bornia en el momento de la vista judicial.

 2. Censo de la Cámara

 Ante la Fiscalía Anticorrupción y ante la Consejería de Industria figuran denuncias de presuntas irregularidades en el censo electoral de la Cámara de Comercio. Se acusa a José Miguel Suárez Gil de inflar el censo con empresas creadas con ese fin y controladas por él, sus familiares y personas afines. Entre esas empresas está Siemenca (Wilebaldo Luis Yanes y Nero Martín) implicados en la 'trama eólica'.

 3. Industria

 En manos del Partido Popular entre 2003 y mayo de 2005 (Luis Soria, consejero, y Celso Perdomo, director general de Industria). En manos de Coalición Canaria desde mayo de 2005 (Marisa Tejedor, consejera).

 Industria convocó el concurso eólico. Industria supervisa el proceso electoral en las cámaras de Comercio y es la responsable del concurso eólico.

 4. 'Trama eólica'

 Alberto Santana, que era ejecutivo de la empresa Siemenca, denuncia un presunto trato de favor desde la Consejería de Industria a determinados empresarios. Señala directamente al director general de Industria, Celso Perdomo, como quien suministra la información y a los empresarios Wilebaldo Luis Yanes y José Miguel Suárez Gil como los beneficiarios. Wilebaldo Luis Yanes es padrino de Nereo Martín Fuentes, uno de los hijos del presidente de la Audiencia Provincia de Las Palmas, José Antonio Martín y Martín. Nereo Martín es asimismo socio de Yanes en varias empresas, entre ellas Siemenca. El denunciante señala a José Miguel Suárez Gil (presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas) como uno de los presuntamente beneficiados del supuesto tráfico de información privilegiada desde Industria. Wilebaldo Luis Yanes se dirigió por e-mail a Marisa Tejedor que no hiciera caso de la denuncia presentada y que tenga presente la relevancia de «nuestro proyecto».

http://www.canarias7.es/impresa/articulo.cfm?Id=1217861