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El Ministro del PP e "intimo de Rajoy" le deja a España tras dimitir cinco millones de españoles que no pudieron poner la calefacción " mientras el hacía negocios en Panamá con la cobertura de Rajoy " para evadirse del fisco"

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;Portada 17 Abril 2016
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EL GRUPO EUROPA INFLABA LAS FACTURAS

El ex gerente del grupo Europa declaró ante el juez que, en contrapartida por costear el conciertos de Miguel Ríos y el mitin de Rajoy en Mogán, el alcalde y la concejal Bueno les habían adjudicado la construcción de 200 viviendas de protección.

El ingeniero industrial y ex gerente del grupo Europa Francisco José Benítez Cambreleng, imputado en el caso Góndola por supuesto cohecho, declaró ante el instructor de la causa en noviembre de 2007 que la constructora dirigida por el también imputado José Manuel Antón Marín financió irregularmente al menos dos actos organizados por el Ayuntamiento, el concierto de Miguel Ríos el 14 de julio de 2005 y el mitin de Rajoy el 8 de diciembre del mismo año. Los gastos superaron los 40.000 euros.

Benítez Cambreleng aseguró que, en contrapartida, el alcalde Francisco González y la entonces concejal de vivienda Onalia Bueno habían prometido a Antón Marín «participar en la ejecución de 200 viviendas de protección oficial en suelo urbanizable». El imputado agregó: «Una forma de obtener dinero a corto plazo era inflar las facturas cuatro veces por su importe real, ya que apretaba [Antón Marín] a los técnicos para que facturaran a precios bajos por sus servicios, y luego facturaba según los honorarios profesionales; incluso en Mogán», expuso, «facturó por encima de los honorarios».

La declaración de Benítez Cambreleng forma parte de los casi 8.000 folios desclasificados ayer por el instructor del caso Góndola en la segunda fase del levantamiento del secreto de sumario que pesaba sobre las actuaciones. Las partes tuvieron acceso ayer a 21 tomos de la investigación que no fueron desvelados en el primer levantamiento parcial del secreto, en abril pasado.

Cambreleng explicó que la estrategia de Antón Marín, también imputado en el caso Faycán, era «entrar en los ayuntamientos gobernados por el PP para «promover y construir viviendas disfrazándolo de contrato de asistencia», y apuntó que el empresario había accedido a las administraciones gobernadas por los populares «a través del llamado Jorge Rodríguez». Afirmò que «la interlocutora para todo en Mogán» era Onalia Bueno.

La Brigada de Información de la Policía Nacional confirmó que tanto Francisco González, alcalde de Mogán como Onalia Bueno, concejal de Urbanismo fueron informados en noviembre de 2006 que estaban siendo investigados. Según averiguó la Policía, un inspector y un subinspector del Cuerpo Nacional de Policía fueron las fuentes de los principales imputados del caso Góndola. Al parecer, ambos agentes habían sido «invitados» a abandonar la Brigada de Información, por lo que existía por su parte un recelo hacia la unidad policial en general y al jefe de la misma en particular. Además, ambos policías se jactaron en un bar de Telde, al día siguiente de los registros en Mogán, de que «no habían pillado nada», manifestaciones que repitieron en la Comisaría de Telde sin pudor. El informe policial llama la atención en que el despacho del alcalde y de la primera teniente de alcalde de Mogán apenas hubiera documentación y la que había era de la legislatura anterior, y sí un extenso informe sobre las pesquisas policiales. El subinspector había sido propuesto para la Policía Local de Mogán.

El redactor del plan general de Mogán, el ingeniero Francisco González González Jaraba, fue además el director de las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la Urbanización Costa Taurito y el técnico que certificó, a petición del promotor de Anfi Tauro, Santiago Santana Cazorla, que la citada EDAR estaba situada en la ubicación real que le correspondía con la aprobada inicialmente en el referido Plan General de Ordenación de Ordenación Municipal (PGOM) moganero, subraya la Brigada de Información en uno de los informes remitidos al juez instructor. 

Como informó este periódico el pasado 14 de enero, el juez del caso Góndola ha citado a declarar en calidad de testigo a González Jaraba. El auto especifica que se le cita en esta calidad junto a otros «sin perjuicio de que puedan ser llamados en calidad de imputados alguno de ellos, a raíz de lo que resulte de la instrucción» del procedimiento penal aún en fase de investigación.

La policía reproduce en las diligencias el contenido de al menos cuatro conversaciones telefónicas intervenidas entre Santiago Santana Cazorla y González Jaraba que, a juicio de la Brigada, «demuestran la existencia de una gran amistad, clara y manifiesta [entre ambos interlocutores] y de la que obtienen beneficios recíprocos», expone un extenso informe elaborado el 21 de febrero del año pasado.

Así, detallan los investigadores que el 19 de diciembre de 2006 Jaraba se puso en contacto con la oficina de Santana Cazorla, interesado en hablar con el empresario porque éste se presentaba al concurso de la obra de la autopista de Puerto Rico hasta Mogán y, según la policía, el ingeniero «quiere hacer el reformado del proyecto». Le pregunta a un subalterno de Santana, Jaime Pereira. Este «aprovecha para meterle un poco de prisa con un modificado de la EDAR de Taurito» .

(www.canarias7.es, 16/01/09)

El caso Mogán implica ahora al portavoz del PP en el Parlamento Canario

La empresa implicada en supuestos casos de corrupción en los municipios de Telde y Mogán (Gran Canaria), salpica cada vez a más cargos del PP. El último implicado es el portavoz popular en el Parlamento de Canarias, Jorge Rodríguez Pérez que cobró comisiones ilegales en dinero negro del Grupo de Cooperativas Europa. Según informó el diario digital Canarias ahora, Jorge Rodríguez actuaba como presentador de José Manuel Antón Martín, administrador único del grupo e imputado en el caso Faycan de Telde. A cambio, la empresa empleaba grandes cantidades de dinero “para pagar los favores políticos”.  Uno de los principales implicados del Grupo Europa, implicado en los supuestos casos de corrupción en municipios como Telde y Mogán, fue, según informa  Canarias ahora, el portavoz del PP en el Parlamento de las isals, Jorge Rodríguez Pérez. A partir de 2002, cuando el popular conoció a José Manuel Antón Martín, se convirtió en su mejor relaciones públicas, ayudándole a vender su política ficticia de creación de viviendas de protección oficial por gran cantidad de ayuntamientos, el de Las Palmas de Gran Canaria incluido.

Honorarios en efectivo  A cambio de sus favores, Rodríguez Pérez recibía cuantiosos honorarios del administrador del Grupo Europa, que le pagaba con dinero en efectivo precedente de una promoción inmobiliaria en Madrid. Este flujo de dinero negro se produjo, al menos, entre 2003 y 2005. A partir de esa fecha, Antón Martín extraía directamente el dinero de su cuenta corriente en una sucursal de Caja Madrid en Las Palmas. Las cantidades se justificaban “como pago de la nómina de Antón, que estaba sobre los 6.000 euros, y que realmente destinaba al pago de los servicios prestados por Rodríguez”, según la investigación de Canarias ahora.

La nómina de Rodríguez  Incluso el propio Antón Martín se jactaba en esos años de que Jorge Rodríguez estaba en su nómina. Y es que el administrador único de Grupo Europa nunca antes había tenido una nómina por su cargo, sino que comenzó a declararla de esa manera al cesar la llegada de dinero en efectivo desde Madrid.

Carta de presentación del Grupo Europa  Según el diario digital, Rodríguez actuó como carta de presentación del Grupo Europa en una decena de municipios, repitiendo siempre el mismo guión: acudía al primer contacto entre Antón Martín y el Gobierno de la localidad, describía las grandes líneas de actuación de la empresa y señalaba la confianza del Partido y la suya propia en el grupo. Posteriormente, era el propio Antón Martín quien negociaba con políticos y técnicos municipales las condiciones de sus acuerdos.

Telde y Mogán  A pesar de sus visitas a múltiples ayuntamientos, los contactos sólo cuajaron en Telde y Mogán, escenario de las posteriores operaciones policiales por presuntos delitos de corrupción en los miembros de sus respectivos equipos de Gobierno, ambos del PP.

www.elplural.com 19.05.07

El juez del 'caso Mogán' pide al Tribunal Superior canario que investigue al presidente Adán Martín 

 El juez que intruye el 'caso Góndola' remitió esta mañana al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) una pieza separada con escuchas telefónicas entre el empresario Santiago Santana Cazorla, imputado en este procedimiento, y el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, con el consejero de Medio Ambiente y Política Territorial, Domingo Berriel, y con el jefe del gabinete de presidencia, Salvador Iglesias.El juez que instruye el caso Góndola, de Mogán, José Alexis Reyes Negrín, remitió esta misma mañana a la presidencia del alto tribunal una pieza separada de la investigación con diversas escuchas entre el empresario Santiago Santana Cazorla y el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, así como con el consejero de Medio Ambiente y Política Territorial, Domingo Berriel y con el jefe del Gabinete del presidente del Gobierno, Salvador Iglesias. Según ha podido saber este periódico, las escuchas remitidas al Tribunal Superior de Justicia de Canarias por el juez que instruye la causa están relacionadas con la declaración de interés general de la urbanización turística Anfi-Tauro que el Gobierno debía remitir, para su tramitación y aprobación, al Parlamento de Canarias.El magistrado que instruye el caso dictó ayer un auto de remisión de las actuaciones al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro, en el que justifica el hecho de que dos de las personas que aparecen en las conversaciones son aforados, y por tanto corresponde a este tribunal decidir sobre la continuidad de las investigaciones. Será ahora la Sala de lo Penal y de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Canarias la que deba decidir sobre la continuidad de las actuaciones, y en todo caso, si debe ser el juez natural el que prosiga con las mismas o el propio Tribunal Superior de Justicia.  www.canarias7.es  09.02.07

Cuatro nuevos detenidos en Mogán por compra de votos y corrupción urbanística

La investigación judicial del caso Mogán sigue avanzando con cuatro nuevas detenciones -el portavoz municipal del PP y tres empresarios, entre ellos un gran promotor- que se registraron en el citado municipio grancanario de 15.000 habitantes. Los dirigentes del PP pretenden relativizar este caso de corrupción -Mariano Rajoy declaró el pasado viernes: "Me tranquiliza que el juez no acuse al alcalde de quedarse con el dinero"- y atribuyen intencionalidad política a las detenciones -José Manuel Soria, presidente del PP canario y candidato a presidente regional declaró: "O me detienen o no ganan las elecciones"-.

Por añadidura, el alcalde de esta localidad, Francisco González (PP), detenido el pasado jueves por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir delitos, contra la ordenación del territorio y medioambiente, negociaciones prohibidas a las autoridades y funcionarios, y malversación de caudales públicos, acudió a Fitur en Madrid para rechazar las imputaciones de la investigación judicial.

En dicha feria turística, el regidor popular de Mogán proclamó que frente a las imputaciones y datos sumariales, no se creía que su primera teniente de alcalde y compañera de partido, Onalia Bueno -también acusada de media docena de delitos, incluido la compra de votos-, hubiera espiado a la comisaria que dirigió la investigación policial que desarticuló la trama de corrupción municipal que presuntamente dirigían hasta su arresto.

Nueve detenidos

La redada de ayer eleva a nueve el número de detenidos bajo mandato judicial por este caso. La operación se inició temprano con el arresto a las 8.20 en el aeropuerto de Las Palmas del empresario Santiago Santana Cazorla en el momento en que se dirigía a Tenerife. Santana es vicepresidente del Grupo Anfi, al que supuestamente privilegió el alcalde de Mogán con unos convenios urbanísticos por los que debía entregar al Ayuntamiento tres parcelas (valoradas en 12 millones de euros) que nunca hizo efectivas. De esa operación urbanística arrancó la investigación a resultas de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que presentaron dos ex ediles del PP, Carmen Delia e Isabel Santiago.

La detención de este promotor inmobiliario se produce por un presunto delito de tráfico de influencias sobre el equipo de Gobierno de Mogán. Su grupo empresarial tiene desde hace años como administrador a Manuel Fernández González, diputado del PP y que ocupa dentro del partido los cargos de vocal de la junta directiva nacional y de vicesecretario general en Canarias. Fernández explicó a este diario que su presencia tenía su origen en la labor de asesoramiento que prestó al fundador del grupo, el noruego Bjorn Lyng, fallecido en 2006. No en vano, este parlamentario popular -consejero canario de Industria y Energía entre 1987 y 1991 y diputado autonómico en tres legislaturas-, completó en Noruega sus estudios de Economía Financiera. Fernández negó a EL PAÍS haber mediado nunca entre su firma y su compañero de filas Francisco González, el alcalde de Mogán, para lograr tan beneficiosos convenios para Anfitauro. Esta firma, al margen de otras del grupo Anfi con intereses en Mogán, promueve en dicho municipio grancanario un proyecto turístico que suma 7.500 camas, un centro comercial, dos campos de golf, un puerto deportivo para 500 embarcaciones y una playa artificial.

También fue detenido ayer el concejal popular de Mogán -tercero imputado en este caso- Silverio Hernández, portavoz y responsable de Hacienda, Mercadillos, Limpieza y Patrimonio y Contratación. Desde su puesto, no sólo habría incurrido presuntamente en un delito de tráfico de influencias, sino en un delito electoral, presumiblemente ligado a la compra de votos. La investigación apunta que realizó favores a los vendedores del mercadillo local a cambio de garantizarse su voto para el PP en las elecciones municipales.

Campaña del PP

También fueron detenidos otros dos empresarios: Juan Melián Ascanio, quien se presume que fue contratado irregularmente por el alcalde de Mogán para ensalzar desde su emisora local al PP y Juan Alvarado Canales, empresario que precisamente intermedió para que la citada campaña en favor del PP fuera sufragada con fondos públicos del Ayuntamiento de Mogán. Igualmente, según fuentes próximas a la investigación judicial, cometió un delito de revelación de secretos. Tal imputación nacería presuntamente de que, como consecuencia de su conocimiento empresarial de la compra de fincas en Mogán, investigó el patrimonio de la comisaria responsable de la investigación policial para intentar desacreditarla facilitando esa información al PP.

El secretario general del PP, Ángel Acebes, no evaluó las imputaciones contra los concejales de su partido, que siguen en sus cargos, y declaró: "Tomaremos alguna medida cuando conozcamos por qué han sido detenidos y cuando alguien nos explique la parafernalia de las detenciones". Acebes criticó que Juan Fernando López Aguilar mantuviera su condición de ministro y candidato a presidente de Canarias "cuando están deteniendo a concejales y alcaldes del PP" y añadió: "En Andalucía hay más de 30 imputados del PSOE y ninguno ha sido detenido".

www.elpais.es  06.02.07

 El PP de Mogán espió a la comisaria de policía que investigó la corrupción municipal

La concejal del PP Onalia Nieto, primera teniente de alcalde de Mogán, municipio grancanario de 15.000 habitantes, tuvo una intensa labor extramunicipal (e ilegal) hasta su detención el pasado 23 de enero por supuesta corrupción, junto con el alcalde de dicha localidad, José Francisco González (PP), dos funcionarios municipales -el secretario general y el ex redactor del Plan General de Ordenación Urbana, Ángel Sutil y Marceliano Martín, respectivamente- y su asesor en la sombra, Manuel de León.  La número dos de este municipio turístico no sólo encargó a su principal colaborador, Manuel de León, la compra de votos en favor de su partido con vistas a las próximas municipales. En esa tarea cosechó un mínimo de 300 sufragios ilegales de turistas ajenos al municipio a cambio de empadronarlos ilegalmente en Mogán, lo que les daba derecho a vuelos a precio reducido a la Península en tanto que residentes canarios. Así lo acreditan los indicios acumulados durante la investigación, incluida una grabación con una explosiva confesión telefónica de León: "Ya tengo 300 votos".

Además, la segunda autoridad municipal de Mogán también urdió un plan para intentar desacreditar a la responsable de la investigación policial que supuso su arresto y el de su compañero de filas, el alcalde. Dicha comisaria de policía se había convertido en la bestia negra del PP tras dirigir la investigación que desarticuló la trama corrupta de Telde y que supuso la detención de la totalidad de su equipo de Gobierno, también del PP, en la denominada Operación Faycán.

Asuntos turbios

Nieto, según la investigación, pensó que la mejor manera de desacreditar a una policía especializada en los últimos meses en la persecución de ediles corruptos era enfangarla en algún asunto económico turbio. Algún medio de comunicación afín ya se encargaría de empaquetar los datos para darles la apariencia más perversa. De hecho, dicha comisaria ha sido ya objeto de dardos periodísticos sólo en función de la biografía judicial paterna, un magistrado supuestamente próximo al PSOE. Sus detractores, amén de dar por hecho que las simpatías políticas se heredan, olvidaron, según señalan fuentes de la investigación, que aunque ella hubiera querido manipular o forzar las pesquisas policiales contra ambos focos de corrupción municipal, debería haber contado con tres poderosas complicidades, la de la Fiscalía Anticorrupción, y la de los dos jueces distintos que asumieron y respaldaron sus pesquisas en ambos casos, Telde y Mogán.

La guerra sucia que, según la investigación judicial, entablaron dirigentes del PP contra esta comisaria también orilla un dato que se ha dado en estas dos operaciones que ha dirigido la agente policial: miembros del PP han confirmado en ambos casos las corruptelas municipales investigadas.

En Mogán las denuncias de corrupción municipal partieron de dos ex concejalas del partido que, ante la pasividad de los dirigentes regionales de su formación, optaron por acudir a los tribunales. Y en Telde, Francisco Gordillo, el principal recaudador de la presunta cerebro de la trama, Toñi Torres, reconoció sin ambages haber exigido comisiones ilegales a los contratistas municipales tanto para el lucro personal de los ediles como para financiar al PP.

Nieto puso en marcha semanas atrás un plan para desacreditar a la comisaria responsable de las pesquisas que ya había percibido en su entorno. Y, para sorpresa de los agentes, cuando la investigación ya tocaba a su fin y estaba a punto de materializarse la detención de los implicados, la policía registró una llamativa conversación de la primera teniente de alcalde con su colaborador León. Nieto le dio los datos del DNI de la comisaria, su número de cuenta bancaria y el monto del pago del IBI (impuesto de bienes inmuebles). La comisaria tenía un apartamento turístico en dicha localidad y, a partir de ahí, la primera teniente de alcalde obtuvo sus primeros datos. Después sugirió a León que consultase en el banco si había recibido algún crédito o cualquier otro movimiento y que investigase la notaría a través de la cual compró dicho apartamento, cualquier tipo de dato sobre dicha transacción inmobiliaria o cualquier otra que hubiese efectuado.

León, según quedó registrado en otra conversación grabada, trasladó los datos personales de la comisaria a una tercera persona para que hiciese cuantas averiguaciones pudiese sobre ella y su patrimonio. El flujo de datos era de ida y vuelta. Los tres conspiradores se informaban mutuamente de los tropiezos o avances. En una ocasión se localizó una finca que creían propiedad de la comisaria. Tras advertir el fallo, Nieto les indicó que tenían que buscar algo que estuviera a su nombre ya que ella pagaba personalmente el IBI.

La policía oía en las grabaciones cómo contaban con un contacto en el banco para darles información extraoficialmente. La comisaria, alertada de tales movimientos de sus investigados, informó de este espionaje al juez y al fiscal Anticorrupción del caso, y, como medida precautoria, pidió una protección oficial para sus cuentas bancarias, ya conocidas por la trama de los corruptos, mediante un blindaje especial que impedía acceder a ellas. Temía que pudieran inyectarle cualquier ingreso para fingir una irregularidad en su economía, una dádiva o un cohecho. En suma, un ingreso que no pudiera justificar.

Pero también temía que los investigados pudieran llegar a conocer su residencia oficial y hacerle víctima de alguna represalia, en su persona o en sus hijos. En la memoria de los agentes perduraba el mensaje mafioso lanzado con ocasión de la Operación Faycán. Al más puro estilo Corleone, los cuatro perros de la denunciante originaria del caso de corrupción de Telde amanecieron degollados en su chalé. La policía tiene claro que no tiene que buscar como autores de tal fechoría entre habituales maltratadores de animales, sino en mensajeros de los jefes de la trama corrupta desarticulada.

El juez del caso Mogán le ha brindado a la comisaria todo su apoyo y le ha ofrecido ejercer las acciones penales oportunas. Sus ilegales investigadores, la primera teniente de alcalde del municipio y León, han reconocido su espionaje ante el juez, que les ha imputado un delito de revelación de secretos. Si la primera admitió haber facilitado los datos, el segundo no tuvo empacho en reconocer que la finalidad era desprestigiar a la comisaria. www.elpais.es 01.02.07

 La concejal planeaba filtrar el padrón municipal a su comprador de votos

La compra de votos en Mogán tenía varias componentes ilegales. La primera es que se simulaban contratos de alquiler de larga duración a meros turistas que ocupaban apartamentos por un mes o una semana. Era la labor que se permitía Manuel de León, el colaborador que atendía las órdenes de la primera teniente de alcalde de Mogán, Onalia Nieto, del PP. Esto se hacía a partir de los apartamentos turísticos que regentaba León. Con las llaves del apartamento, entregaba una jugosa oferta: empadronar como residente en Mogán al cliente, que ganaba con ello una reducción del 50% en sus vuelos hacia la península, en su nueva condición de residente oficial canario.

La exigencia era simple: el cliente debía garantizar que emitiría su voto en favor del PP en las próximas elecciones municipales. El sistema que utilizaba León para garantizar el empadronamiento al turista aún se está investigando. Lo único conocido es que él se encargaba de tramitarlo todo y de dar por resuelto el papeleo al agradecido cliente.Pero de las grabaciones y de las declaraciones judiciales no sólo queda claro que la concejal Nieto le mandaba tal misión, que él cumplía, sino que la primera teniente de alcalde llegó a prometerle la entrega de una poderosa arma preelectoral: el padrón municipal.Con ello, León podía comprobar y demostrar el éxito de sus gestiones ante sus votantes captados. Igualmente, podía intentar dirigir su labor persuasiva en torno a las familias o direcciones que les suministrara dicha guía electoral. La investigación apunta que esta maquinaria ilegal electoral del PP no se agotaba en Nieto y en su colaborador. Hay más implicados. Esto hace difícil evaluar el monto real del censo inflado por tales agentes de captación de votos. León se jacta en una conversación intervenida que ha logrado ya 300 votos ilegales en favor del PP. Falta por determinar cuántos sufragios falseados pudieron haber comprometido los otros miembros de esta trama. No obstante, el pellizco ya conseguido, 300 votos, era ya suficiente para garantizar una victoria popular en un municipio de exiguo censo, apenas 8.600 vecinos.El municipio tiene al menos tres antecedentes de presuntas ilegalidades electorales: en 1979 se denunció el voto de numerosos fallecidos, y se anuló la consulta; en 1999 se investigó por qué el alcalde en funciones empadronó en su domicilio a varios centenares de votantes, causa que se archivó; y en 2003 se renovaron las acusaciones de trasladar en coche a vecinos a las urnas a cambio de pagar el recorrido con el voto. www.elpais.es  01.02.07

La investigación destapa la compra de sufragios para el PP en Mogán

La investigación de la presunta trama de corrupción municipal del Ayuntamiento grancanario de Mogán ha arrojado indicios de un delito electoral a favor del PP. Uno de los detenidos, Manuel de León Toledo, se dedicó a la compraventa del voto de turistas a los que lograba empadronar como falsos residentes a cambio de garantizar su sufragio a favor del PP. En una charla intervenida con la primera teniente de alcalde, Onailia Bueno (PP), alardeaba de lo siguiente: "Ya tengo 300 votos. Yo esto lo hago por el partido". El juez les imputa a ambos delito electoral.

Manuel de León Toledo era un fontanero en la sombra de la primera teniente de alcalde de Mogán, municipio grancanario de 15.000 habitantes. Lo alternaba con sus negocios de artes gráficas e inmobiliarios. Aparentemente, según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y de la policía, recibía encargos de operaciones muy delicadas de la número dos del Gobierno municipal, Onalia Bueno García, del PP.

 Precisamente, merced a la gestión de una serie de apartamentos turísticos por León, entre ambos pusieron en marcha un ingenioso plan para allegarse votos ilegalmente para el PP. León ofrecía a sus clientes temporales de apartamentos -ya fueran a ocuparlos una semana o un mes- empadronarlos oficialmente en Mogán. Para dar cobertura a su artimaña, les simulaba un contrato de alquiler no turístico, sino de larga duración, lo que demostraba su arraigo en el municipio y, por tanto, su derecho a votar. Entre ambos, tramitaban todo el papeleo. El turista, ya fuera extranjero o peninsular, aceptaba encantado, porque en tanto que residente oficial en Canarias, lograba la reducción del 50% en los vuelos a la península. Por tanto, ahí obtenía un pago en especie el turista. Y qué les exigía a cambio León: que emitieran su voto al Partido Popular en las próximas elecciones. La operación tuvo fortuna a tenor de las grabaciones registradas por la policía durante los diez meses que ha durado la investigación de esta presunta trama municipal corrupta asentada en el Ayuntamiento de Mogán.

No en vano, en una de ellas León hace alarde de sus progresos de compra de votos en una charla con la primera teniente de alcalde. "Ya tengo 300 votos. Yo esto lo hago por el partido", proclamaba un eufórico León. Este puñado de votos podía tener un papel decisivo en las elecciones locales. Porque el último censo electoral de Mogán daba una población con derecho a voto de sólo 8.600 vecinos. Y esos 300 votos -o más de no haber sido detenido- podrían decantar ilegalmente una mayoría popular.

León, abrumado por lo evidente de la grabación citada, no ha tenido empacho en reconocer en los interrogatorios tras su detención que, efectivamente, realizó tal labor y por encargo de la citada edil popular. El juez le ha imputado un delito electoral con falsedad documental, al igual que a su jefa. ¿Cuántos votos compró antes de que su labor fuera vigilada por las fuerzas de Seguridad? No hay datos aún definitivos en la investigación.

Por otro lado, el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de San Bartolomé de Tirajana decretó ayer libertad sin fianza para el alcalde de Mogán, José Francisco González (del PP), aunque le mantiene los cargos por seis presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir delitos, contra la ordenación del territorio y del medioambiente, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios y malversación de caudales públicos. El alcalde compareció ante el juez durante más de tres horas, tras permanecer dos días custodiado por la policía, ante la que se acogió a su derecho de no declarar. Tras su comparecencia, el juez citó a la primera teniente de alcalde, también del PP, Onalia Bueno García, que también quedó en libertad sin fianza, aunque con cargos de siete presuntos delitos: prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, posible delito electoral relacionado con falsedad documental y, por último, posible delito de descubrimiento y revelación de secretos.

www.elpais.es  27.01.07

Detenidos los principales ediles del PP en la localidad gran canaria de Mogán

La lucha contra la corrupción sumó un nuevo capítulo ayer con la detención del alcalde de Mogán (Gran Canaria), José Francisco González (PP), gestor del urbanismo, área que copa las irregularidades investigadas. Una de ellas apunta a que el Ayuntamiento nunca recibió tres parcelas valoradas en 12 millones de euros como pago por un convenio urbanístico. El presidente del PP canario, José Manuel Soria, interpretó la detención como una caza política, pero esta denuncia partió de dos antiguas ediles del PP que, ante la pasividad del partido, acudieron a la Fiscalía Anticorrupción.

El juzgado de Instrucción número tres de San Bartolomé ordenó ayer la detención de cinco personas presuntamente integrantes de una trama de corrupción política asentada en el Ayuntamiento de Mogán, que pese a ser sólo el décimo municipio por población de Gran Canaria (15.000 habitantes), es su segunda población turística, con un gran desarrollo hotelero y consiguiente despegue inmobiliario. Y del urbanismo arrancan precisamente las graves sospechas de irregularidades que ayer precipitaron la detención de su alcalde, José Francisco González González (PP), que se reservaba para sí dicha competencia.

También fue detenida su primera teniente de alcalde, Onailia Bueno García, que acumulaba las áreas de vivienda y protección social. Igualmente fueron detenidos dos funcionarios clave en las presuntas irregularidades cometidas: el secretario del ayuntamiento, Ángel Sutil Nesta, y Marcelino Martín, ya jubilado pero que fue redactor del Plan General de Ordenación Urbana. El quinto detenido, Manuel de León Toledo, era una especie de recadero para operaciones delicadas que utilizaba la primera teniente de alcalde, pero ajeno formalmente al consistorio.

Las detenciones parten de una investigación policial originada en una denuncia de Anticorrupción de junio de 2006. Los denunciantes fueron dos concejales del propio PP, Carmen Delia e Isabel Santiago, que, hartas de la falta de respuesta interna a los indicios de irregularidades decidieron abandonar sus puestos y el partido y acudir a la justicia.

La sospecha partió de las pesquisas que como responsable de Hacienda y Patrimonio hizo Delia para registrar en 2004 tres parcelas que debía haber recibido el Ayuntamiento de Mogán de la promotora Anfitauro a cambio de un jugoso convenio urbanístico que había recibido del consistorio. Delia encargó a sus funcionarios que localizaran las parcelas, pero no las hallaban. Finalmente, las localizaron en un sitio imposible para destinarlas al uso que el ayuntamiento pretendía: en medio de una autopista.

Como creía que aquello sólo podía ser un error, Delia, de buena fe, empezó a perseguir a su alcalde para que exigiera el pago de las parcelas y corrigiera tal despropósito, pero éste le daba largas. Hasta que en 2006 le indicó que el asunto había sido arreglado ya en un nuevo convenio.

Pero para entonces, la paciencia de Delia se había agotado. El alcalde había llevado a pleno para su aprobación facturas extrapresupuestarias por valor de 240.000 euros. Unas facturas que la entonces concejal de Hacienda había ordenado paralizar hasta que el interventor las examinara tras denunciar la oposición la existencia de cientos de irregularidades.

Tras sentirse desautorizada, Delia dimitió del cargo y del partido. Su amiga Santiago siguió sus pasos. Semanas después, Delia leyó el texto final del convenio con el que el alcalde decía haber resuelto el problema. Su sorpresa fue mayúscula: las tres parcelas entregadas por Anfitauro ya no estaban en medio de una autopista, sino en pleno campo de golf. Por tanto, eran inservibles para el Ayuntamiento. ¿Cómo hacer un centro social o una plaza en medio de un campo de golf? Ambas ediles llevaron copia de dichos convenios y el asunto de las facturas a Anticorrupción, que les remitió a la policía.

La investigación de la fiscalía y la policía durante estos meses no sólo acreditó tan insólitos convenios, sino "miles de prevaricaciones más", según fuentes conocedoras de tales pesquisas, que se tradujeron en lucrativas operaciones inmobiliarias realizadas bajo información privilegiada, contratos municipales adjudicados al margen de toda legalidad, y el cobro de comisiones que llegaban a suponer hasta el 50% de las cantidades facturadas. Delia se ha quedado pasmada: "Tenemos la impresión de que lo que denunciamos era sólo la punta del iceberg de la corrupción en Mogán. Había mucho más". Los responsables de la investigación confirman su diagnóstico.

 www.elpais.es 24.01.07

ENTREVISTA CARMEN DELIA : "El partido nunca quiso conocer los hechos"

"O me detienen o no me ganan". Con esta frase se despachó ayer José Manuel Soria, presidente del PP en Canarias, tras ver a su partido involucrado nuevamente en un foco de corrupción en Gran Canaria. Soria retó a Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia y rival suyo a la presidencia canaria, a que "no siga utilizando el aparato del Estado" en relación con estas operaciones. Remachó que no creía "casualidad" que las detenciones de políticos grancanarios siempre recaigan en municipios del PP.

Pero su tesis tiene una fisura clamorosa en Mogán: quienes han promovido esta denuncia son dos concejales del PP que acudieron a la justicia ante la pasividad del alcalde y la desidia del partido por conocer los hechos.

Carmen Delia, ex concejal de Hacienda, relata a este diario los motivos de su dimisión: "Yo, para el presidente insular del PP, Miguel Jorge, era sólo la niña tonta que armaba escándalos. Dimitía porque se me había intentado obligar a firmar algo [facturas irregulares] con lo que no estaba de acuerdo. El asunto del convenio lo descubrí después [ausencia de entrega de las tres parcelas pactadas a cambio de un convenio urbanístico]. Y lo llevamos todo Isabel Santiago [concejal también procedente del PP] y yo a la Fiscalía Anticorrupción. No hablamos del asunto con el presidente del partido, José Manuel Soria, porque él está muy alto y no baja. El que vino fue Jorge, y para lo que vino, más valdría que no hubiera venido. Ellos no se han molestado jamás en conocer los hechos. Jamás se han preguntado qué pasaba en Mogán, que teníamos algo que decir, y que debían conocer nuestra versión de los hechos".

 "Vinieron aquí a lo que vinieron", añade Carmen Delia, "y lo que quisieron es que todo estuviera tranquilito para que no les molestara en su puesto. Soria sólo habló para decir que respaldaba al alcalde y punto". Y refuta que su denuncia haya sido teledirigida por el PSOE: "Al ministro de Justicia ni lo conozco. La denuncia la presentamos nosotras, que éramos del PP, y que no tenemos nada que ver con el PSOE".

Ni Delia ni Santiago acusaron al alcalde o a su primera teniente de alcalde de recibir pagos a cambio de sus manejos. "Nadie da duros por cuatro pesetas, pero de eso no tenemos pruebas". "Nosotras denunciamos unos hechos verídicos suficientemente documentados para que un juez y un fiscal los admitieran y abrieran una investigación de esta envergadura".

 www.elpais.es 24.01.07