La iniciativa, aprobada por todas las fuerzas políticas de la Cámara baja salvo el conservador Partido Popular (PP) de Rajoy, será presentada el venidero martes en la Mesa del Congreso, que previsiblemente la calificará para su debate en un próximo pleno.

El objetivo de la propuesta es trasladar al Tribunal Constitucional (TC) ese llamado conflicto de atribuciones con el ejecutivo saliente, que rechaza rendir cuenta al Congreso de su labor tanto en el ámbito nacional como en el exterior.

De acuerdo con la interpretación de la administración interina del PP, sus ministros no están obligados a someterse al control del legislativo emanado de las elecciones generales del pasado 20 de diciembre.

A juicio del equipo de Rajoy, que en los pasados comicios no logró la mayoría absoluta para mantenerse en el poder, la Cámara baja sólo podría ejercer esa autoridad sobre el futuro gobierno que se forme, una tesis rechazada por todos los grupos parlamentarios.

Ante esa posición de rebeldía, el presidente del Congreso español, Patxi López, abogó porque sea el TC el que aclare el actual diferendo, porque, subrayó, la arbitrariedad del ejecutivo "no es de recibo".

López desdeño, además, los argumentos esgrimidos por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes (parlamento bicameral), José Ayllón, respecto a que no existen antecedentes sobre el particular, es decir, que nunca un gobierno transitorio rindió cuentas al legislativo.

Estamos en un momento de muchas primeras veces y en la que se generan precedentes todo el tiempo, aclaró el titular del Congreso, en referencia a la situación inédita que vive España, inmersa en una parálisis política desde hace tres meses.

La secretaria de Estudios y Programas del Partido Socialista Obrero Español, Meritxell Batet, consideró inevitable que su agrupación presente una petición para que el TC dirima sobre este conflicto de atribuciones entre ambos poderes.

En opinión de la diputada socialista, no es un argumento válido el expuesto por Ayllón, según el cual el gobierno no está obligado a comparecer ante una cámara que no le otorgó su confianza a Rajoy.

Recordó que cuando el ejecutivo comparece ante el Congreso no lo hace tanto por eso, sino porque tiene la obligación de rendir cuenta ante los ciudadanos, que ostentan la soberanía popular, sentenció

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