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Alarma ante el fin del estado de alarma del Real Decreto 926/2020. Diego Fierro Rodríguez

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;Por Diego Fierro Rodríguez 13 Abril 2021
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Pedro Sánchez afirmó que no se ve a prorrogar más el estado de alarma establecido mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, que ya fue prorrogado por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, de modo que su vigencia cesará el día 9 de mayo de 2021 a las 00:00 horas. Desde las Comunidades Autónomas, varios dirigentes han mostrado su preocupación por la decisión del Gobierno, que no había sido comunicada, antes de anunciarse, a los Gobiernos autonómicos ni consultada con sus dirigentes.

La alarma por el fin del estado de alarma se debe a que las limitaciones de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, de la entrada y salida en las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía, de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, y de la permanencia de personas en lugares de culto, que se estaban aplicando por las Comunidades Autónomas va a carecer de habilitación legal. Desde el Gobierno estatal se ha afirmado con rotundidad que hay mecanismos para las Comunidades Autónomas puedan adoptar medidas restrictivas, pero, como ya se pudo ver antes del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, eso no es así.

El artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, establece que “Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”, siendo cierto que el artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, indica que “En caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de Empresas o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas”. A la luz de esos preceptos, caracterizados por su generalidad y su ambigüedad, resulta muy ingenuo creer que no pueda haber problemas con restricciones de circulación y de reunión.

Las medidas limitativas o suspensivas de derechos fundamentales requieren la intervención judicial y la concurrencia de unas condiciones explícitas. La Sentencia del Tribunal Constitucional 37/1989, de 15 de febrero, afirma que “Según una muy reiterada doctrina constitucional, la regla de la proporcionalidad de los sacrificios (STC 26/1981, fundamento jurídico 5.º), es de observancia obligada al proceder a la limitación de un derecho fundamental (STC 13/1985, fundamento jurídico 2.º), y bien se comprende que el respeto de esta regla impone la motivación de la resolución judicial que excepcione o restrinja el derecho (STC 62/1982, fundamento jurídico 2.º), pues sólo tal fundamentación permitirá que se aprecie, en primer lugar, por el afectado y que se pueda controlar, después, la razón que justificó, a juicio del órgano judicial, el sacrificio del derecho fundamental”.

Sin estado de alarma, no podrá haber limitaciones de movilidad y de reunión aplicadas de manera ágil. No obstante, es posible que, tras las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid del día 4 de mayo, todo cambie y se acuerde otro estado de alarma que sea similar al que ha estado manteniendo su vigencia durante las últimas semanas de 2020 y los primeros cuatro meses de 2021.

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