Diego Fierro Rodríguez

Hay numerosas ofertas de trabajo que se están publicando en estos días para solicitar la contratación de personas que hayan sufrido ya los efectos del Covid-19. Ese dato llama mucho la atención y sus autores están siendo criticados por resultar sus anuncios discriminatorios, aunque, atendiendo a la normativa, no se puede afirmar con rotundidad que esos avisos para acceder a puestos de trabajo son discriminatorios.

 

El artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que los trabajadores tienen derecho “A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español”, sin que puedan “ser discriminados por razón de discapacidad, siempre que se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate”. Asimismo, el artículo 314 del Código Penal indica que “Los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o discapacidad, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses”.

Puede existir la tentación de considerar discriminatorio el no haber pasado una enfermedad. Sin embargo, el precepto no se refiere a esa circunstancia como factor discriminatorio y, si fuera así considerado, no resultaría lógico sancionar al empresario por una decisión que se ajusta proporcionalmente al mantenimiento de la salud pública, principalmente si se tiene en cuenta que no se busca marginar a un trabajador por tener una dolencia o padecimiento, sino darle preferencia aquel trabajador que se considera más apto para un puesto de trabajo por generar con su presencia menos riesgos en la empresa.

Debe destacarse que no son pocos los trabajadores que están ofreciendo sus servicios indicando que ya han pasado por la enfermedad del coronavirus, sabiendo que esa circunstancia les reporta una importante ventaja. Aquellos que no lo hayan pasado no estarán obligados a comunicarlo debido a la normativa reguladora de la protección de datos, aunque tendrán desventaja en el mercado laboral.