Diego Fierro Rodríguez

A través de varios medios de comunicación se ha podido ver el vídeo de la detención de una mujer que fue detenida en Barcelona por correr fuera de la franja horaria por razón de su edad. En las imágenes solo puede observarse como se produce, ante los lamentos de la corredora, la actuación de los agentes de Policía Nacional, sin que se lleguen a recoger los antecedentes de esa situación, de manera que se podría pensar en un caso de gratuita brutalidad policial, pero la realidad es muy distinta.

 

Con anterioridad a la detención, la mujer fue interceptada por los agentes, que solicitaron que se identificara. Ella rechazó seguir las indicaciones que le hicieron y terminó derribando una moto y mordiendo el dedo de uno de los agentes. Ese comportamiento, constitutivo de un delito que podría ser calificado como atentado por agredir a un agente, motivó la detención, cuya práctica quedó grabada.

La detención se ajustó totalmente al ordenamiento jurídico. Los agentes tenían la obligación de detener a la corredora por el artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues acababa de cometer un delito, y además lo hicieron de la manera más idónea atendiendo a las circunstancias de caso.

Para conocer los límites que no pueden ser sobrepasados en una detención, hay que observar la Instrucción 12/2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre los comportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial. Esta instrucción, que es vinculante para los agentes, señala que “El agente, en la práctica de la detención, actuará con decisión y autocontrol, a fin de evitar, en la medida de lo posible, el uso de técnicas o instrumentos de coacción directa y, si esto no fuera posible, propiciar la mínima lesividad tanto para el detenido como para los agentes intervinientes” y que, “Cuando el detenido se oponga a la detención, el agente deberá valorar la intensidad y agresividad de la reacción , adecuando el empleo proporcionado de la fuerza”, debiendo distinguir “las conductas de simple desobediencia o resistencia leve de aquellas que alcancen un grado de agresividad tipificable, cuando menos, como resistencia o desobediencia grave”. Además, señala que “Siempre que para efectuar la detención se requiera ineludiblemente del empleo de la fuerza , el agente debe asegurase de que la intensidad y el medio utilizado son los más idóneos y acertados, para lo cual actuará conforme a los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad”, que deben definirse por separado: la oportunidad es la “la necesidad o no de recurrir a la coacción física en la detención, de acuerdo con los datos conocidos sobre la situación y el sujeto en cuestión”; la congruencia implica que “el agente, una vez haya decidido el empleo de la fuerza y para que éste sea legítimo, habrá de elegir, de entre los medios legales previstos y disponibles, el que sea más idóneo y que mejor se adapte a la concreta situación, valorando, para ello, las prestaciones del medio agresivo, sus características, grados y demás efectos que respondan a la situación y finalidad legal pretendida”; y la proporcionalidad conlleva “que, una vez decidido el empleo de la fuerza y el medio idóneo, el agente deberá adecuar la intensidad de su empleo, de forma que no sobrepase la estrictamente necesaria para conseguir el control de la persona, quedando absolutamente proscrito todo exceso”, requiriéndose que cumpla “la obligación de causar la menor lesividad posible” y que proporcione “una respuesta gradual y apropiada a cada situación”.

Los agentes actuaron como correspondía ante la corredora, que no cumplió las normas. No obstante, ello puede no apreciarse si solo se atiende a la parte de la historia que queda grabada sin preocuparse por el contexto de los antecedentes, que siempre son necesarios para poder conocer la verdad.