Diego Fierro Rodríguez

El artículo 172.1 del Código Civil indica que “Cuando la Entidad Pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de los menores constate que un menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por ministerio de la ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que acordó la tutela ordinaria”, señalando el mismo precepto que “Se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material”. Esa misma situación es la que justifica que las facultades de protección del menor sean asumidas por las Comunidades Autónomas.

 

En Mallorca, muchos niños desamparados por sus padres se han visto igualmente ignorados por los dirigentes encargados de gestionar centros de menores cuyos responsables han omitido todas las actuaciones indispensables para proteger a muchos menores que han llegado a ser prostituidos por desalmados y por aquellos dirigentes políticos que han rechazado las peticiones para realizar una investigación que podría servir para sacar a la luz porquería que podría salpicar precisamente a miembros del Consejo de Gobierno de las Islas Baleares y a personas directamente vinculadas con los partidos políticos que controlan actualmente el Gobierno estatal.

El Diario de Mallorca denunció la existencia de un grupo de menores acogidas en centros del Instituto de Asuntos Sociales mallorquín que ejercen la prostitución en las calles de Palma a cambio de drogas, regalos y dinero, hecho que se conoce como “un secreto a voces” en la capital balear y que se podría estar desarrollando mediante páginas web y aplicaciones de citas. El PP y Vox quisieron introducir el debate sobre el tema en el Congreso y Pablo Iglesias contestó afirmando que “intentar sacar rédito político de que niñas hayan sido violadas es repugnante incluso para un fascista”, destacando que “hay cuestiones en las que por salud democrática sería razonable que no se produjera una disputa política”.

Ciertamente, resulta poco lógica y escasamente coherente la reacción de Pablo Iglesias ante las peticiones de investigar lo sucedido en centros de menores de Mallorca, pues el interés mostrado por algunos de sus compañeros de partido por los menores en relación con el pin parental permitía pensar que el Gobierno estatal mostraría más preocupación con el problema de los menores prostituidos y una mayor predisposición para lograr el esclarecimiento de los hechos de modo que se pudiera llegar a determinar lo sucedido y la responsabilidad que corresponde a los dirigentes políticos con competencias sobre la materia. Sin embargo, parece que, para Pablo Iglesias y sus compañeros, el abuso de menores que deben ser cuidados en centros públicos es mucho menos importante que la implantación de un sistema de control por parte de los ciudadanos sobre los contenidos que conforman la educación de sus hijos.

Se está comentando que los hechos de Mallorca se han producido en otros lugares del país, en los que se está viviendo una alarmante realidad que poco o nada importa a los dirigentes políticos españoles, salvo para conseguir sus propios objetivos.