Diego Fierro Rodríguez

La expansión del Covid-19 en España ha alcanzado un nivel lo bastante alto como para provocar una crisis sanitaria por el colapso de los centros médicos y por el desabastecimiento de recursos necesarios para combatir la pandemia. Con el panorama actual, parece peligroso celebrar las elecciones autonómicas convocadas en Galicia y en País Vasco, que solo podrían evitarse en su conjunto mediante una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, para la que ya no hay tiempo, o mediante la declaración del estado de alarma del artículo 116 de la Constitución, que, procediendo y siendo necesaria por las circunstancias, parecía ser un mecanismo temido por el Gobierno que ha tardado en aprovecharse.

 

Había una salida alternativa a la imposible reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y a la aparentemente temida declaración del estado de alarma. El artículo 84 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General determina que “Sólo por causas de fuerza mayor podrá no iniciarse o suspenderse, una vez iniciado, el acto de la votación, siempre bajo la responsabilidad del Presidente de la Mesa, quien resolverá al respecto en escrito razonado”, del que se remitirá “en todo caso una copia certificada inmediatamente después de extenderlo, ya sea en mano, ya sea por correo certificado, a la Junta Provincial para que ésta compruebe la certeza y suficiencia de los motivos y declare o exija las responsabilidades que resulten”, añadiendo el mismo precepto que “En caso de suspensión de la votación no se tienen en cuenta los votos emitidos en la Mesa, ni se procede a su escrutinio, ordenando el Presidente, inmediatamente, la destrucción de las papeletas depositadas en la urna, y consignando este extremo en el escrito a que se refiere el párrafo anterior”.

Mediante el mecanismo del artículo 84 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, todos los presidentes de las mesas electorales habrían tenido la opción de frenar, coordinadamente, las votaciones en Galicia y en País Vasco alegando la fuerza mayor basándose en los riesgos de exposición al Covid-19 que generarán las votaciones. Aunque los miembros de las mesas electorales tendrían que asistir, no tendrían que hacerlo los electores, que deberían ser avisados por los Gobiernos afectados con la suficiente antelación para poder difundir exitosamente el plan ante cualquier contingencia que sea similar a la provocada por el coronavirus.

Evitar la celebración de las elecciones autonómicas de Galicia y de País Vasco es algo necesario para poder frenar el contagio del Covid-19, ante el que todos los ciudadanos están expuestos. Ahora que se ha declarado el estado de alarma, se ha resuelto el problema, aunque es positivo conocer los mecanismos que la normativa electorales ofrece para situaciones que, teniendo bastante gravedad, pueden carecer de la relevancia necesaria para poder justificar la declaración del estado de alarma.