Pablo Casado, el día de la celebración del aniversario por los 41 años desde la ratificación por los ciudadanos de la Constitución, volvió a hablar de su propuesta para establecer un incremento de 50 diputados para el partido político que gane las elecciones, siguiendo el sistema electoral griego, con el que se evitarían bloqueos según el líder del PP. Sin embargo, Pablo Casado omite que también se favorecería la falta de diálogo y una mayor facilidad para adoptar sin acuerdos medidas que pueden requerir un amplio consenso con el objetivo de garantizar la estabilidad del país, algo que, como ya se sabe, siempre provoca nefastas consecuencias para los ciudadanos.

 

Una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General como la que propone el líder del PP tiene un difícil encaje en la Constitución porque el artículo 68 de la norma fundamental determina que la elección de diputados se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional con los que difícilmente encajaría un endoso de 50 diputados por el simple hecho de conseguir más escaños.

Si se quiere verdaderamente evitar con los bloqueos políticos y con la necesidad de recabar los apoyos de los partidos políticos independentistas, se pueden protagonizar grandes pactos entre los dos principales partidos nacionales, pero esa opción parece inviable por los intereses electorales de sus dirigentes. Por ese motivo, habría que hacer una reforma constitucional que garantice una adecuada proporcionalidad en la distribución de escaños mediante la ampliación de las circunscripciones y la supresión de la representación mínima inicial en cada una de ellas, aunque como una modificación así no resulta posible por las circunstancias, si que se podría reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, reduciendo la representación mínima inicial a un solo diputado y ampliando el número de miembros del Congreso hasta llegar a 400, sin que deba descartarse la opción de imponer una mínima representación nacional para reducir la incidencia de los partidos políticos independentistas en la configuración de instituciones estatales que siempre terminan menospreciando y criticando ante sus votantes.