Rocío Monasterio afirmó que el modo más adecuado para luchar contra la violencia de género es implantar la cadena perpetua, con independencia del resultado de la agresión ilegítima, para todo hombre que atente contra la vida o la integridad de la persona que sea o haya sido su esposa o mujer con la que tenga o haya tenido una vínculo de afectividad análogo. Esa medida resultaría de difícil aprobación por no tener un correcto encaje en la Constitución.

 

Es cierto que que la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2008, de 14 de mayo, indica que “no se trata una discriminación por razón de sexo” en la medida en la que “No es el sexo en sí de los sujetos activo y pasivo lo que el legislador toma en consideración con efectos agravatorios, sino -una vez más importa resaltarlo- el carácter especialmente lesivo de ciertos hechos a partir del ámbito relacional en el que se producen y del significado objetivo que adquieren como manifestación de una grave y arraigada desigualdad”, de forma que, simplemente, “Se trata de la sanción mayor de hechos más graves. Sin embargo, no parece que se pueda justificar la imposición generalizada de una pena de cadena perpetua, pues la misma contraviene el artículo 25 de la Constitución, al igual que tampoco resulta adecuada la implantación de la prisión permanente revisable para los delitos de violencia de género, salvo en los casos de homicidio de la mujer, porque faltaría claramente la proporcionalidad de la pena, que, según la Sentencia del Tribunal Constitucional 150/1991, de 4 de julio, “tanto en lo que se refiere a la previsión general en relación con los hechos punibles como a su determinación en concreto en atención a los criterios y reglas que se estimen pertinentes, es competencia del legislador en el ámbito de su política criminal, siempre y cuando no exista una desproporción de tal entidad que vulnere el principio del Estado de Derecho, el valor de la justicia, la dignidad de la persona humana y el principio de culpabilidad penal derivado de ella (STC 65/1986 , antes citada); lo que no cabe extraer, en todo caso y necesariamente, de la apreciación de la circunstancia agravante de reincidencia, ya que ésta ha de ser tenida en cuenta por los Tribunales únicamente dentro de unos límites fijados por cada tipo penal concreto y su respectiva sanción: es decir, para determinar el grado de imposición de la pena y, dentro de los límites de cada grado, la extensión de la pena”.

Lo que si que está claro es que la normativa sobre violencia de género está fallando en su aplicación, pues no parece que haya medios suficientes para aplicar correctamente las órdenes de protección y, en muchos casos, las mujeres más vulnerables deciden no denunciar.