Diego Fierro Rodríguez

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que habilita a la Administración Tributaria para embargar las cantidades correspondientes a la cuantía del salario mínimo que no se haya gastado durante los meses anteriores al del embargo. Esta resolución se refiere a un asunto polémico que se ha resuelto de un modo muy discutible y perjudicial para los contribuyentes.

 

Hay que tener presente que el artículo 607.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que “Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional”. Este precepto es taxativo, pero se plantean problemas por el artículo 171.3 de la Ley General Tributaria establece que, en relación el embargo para la recaudación, “se considerará sueldo, salario o pensión el importe ingresado en dicha cuenta por ese concepto en el mes en que se practique el embargo o, en su defecto, en el mes anterior”. A la vista de ambos preceptos, el Tribunal Supremo ha determinado que “es diáfano que las limitaciones que se establecen en la LEC se aplican exclusivamente sobre el importe que deba considerarse sueldo, salario o pensión, y no sobre el exceso que pudiera haber en la cuenta bancaria, al margen de su origen y procedencia”, de manera que la Administración Tributaria puede embargar cantidades equivalentes a lo ahorrado por salarios no gastados en meses anteriores, con independencia de su cuantía.

Hay varias resoluciones que sirven para defender la inembargabilidad del salario mínimo de los meses anteriores, con independencia de la cuantía ahorrada o no gastada. Se puede destacar la Sentencia del Tribunal Supremo 59/2018, de 2 de febrero, que indica que “Es el propio ordenamiento civil el que señala en el artículo 607 la procedencia del embargo de sueldos y pensiones y considera inembargables los sueldos, jornales y retribuciones que sean superiores al salario mínimo interprofesional, conforme a la escala que relaciona estableciendo distintos niveles en función de los ingresos y de las cargas familiares”, estableciendo a su vez “una excepción a la inembargabilidad respecto a pensiones alimentarias”, con la que “el legislador civil trata de preservar del cumplimiento de la obligación un mínimo vital necesario para una vida en condiciones de dignidad del deudor obligado al pago de la responsabilidad civil declarada”, mínimo vital que “constituye el umbral de lo absolutamente necesario para una vida digna y constituye un dique de contención frente al legítimo derecho del acreedor al cobro su deuda”, pues de esta manera “se cohonesta el derecho de acreedor, que debe ser tutelado, y el deber del deudor que debe cumplir la obligación manteniendo las condiciones de dignidad que le permitan subsistir”. Además, señala la misma resolución que “Si por ministerio de la ley son bienes inembargables, sobre ellos no puede actuarse, desde la coacción del Estado, el cumplimiento de la obligación”, quedando “al margen de la ejecución y, consecuentemente, no puede ser considerados como parte del esfuerzo reparador que el deudor de la responsabilidad civil debe realizar para satisfacer la deuda los ingresos inferiores a lo declarado inembargable”.

No se debería justificar que Hacienda pueda embargar cantidades mínimas ahorradas, pues las mismas sirven como colchón para garantizar que el contribuyente tenga un fondo de reserva económica que podría necesitar en situaciones extremas causadas por el desempleo o por malas vicisitudes económicas, sirviendo lo no gastado en el pasado para poder invertir con la intención de garantizar la eficacia de los principios rectores de la política social y económica. En relación con este asunto, la Sentencia del Tribunal Constitucional 158/1993 de 6 de mayo, establece que “Nuestra legislación, con todo, excluye determinados bienes y derechos de la ejecución forzosa, declarándolos inembargables por las más variadas razones de interés público o social, razones entre las que destaca la de impedir que la ejecución forzosa destruya por completo la vida económica del ejecutado y ponga en peligro su subsistencia personal y la de su familia”, estableciendo la legislación “normas de inembargabilidad de salarios y pensiones que son, en muchas ocasiones, la única fuente de ingresos económicos de gran número de personas” que tienen “una justificación constitucional inequívoca en el respeto a la dignidad de la persona (art. 10.1 de la norma fundamental), principio al cual repugna que la efectividad de los derechos patrimoniales se lleve al extremo de sacrificar el mínimo económico vital del deudor”. La misma resolución señala que “Este respeto a la dignidad de la persona justifica, así, la creación legislativa de una esfera patrimonial inmune a la acción ejecutiva de los acreedores, límite a la embargabilidad que se fundamenta, también, en lo dispuesto en otros preceptos constitucionales: arts. 39.1 (protección de la familia), 43 (derecho a la protección de la salud) y 47 (derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada)”, concluyendo la misma resolución afirmando acertadamente que “El límite cuantitativo a la embargabilidad de sueldos y pensiones es, pues, de fijación legislativa, pero debe, en todo caso, existir, ya que sólo así se puede preservar el principio de proporcionalidad en el sacrificio evidente que aquella limitación comporta para el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes”.