Diego Fierro Rodríguez

Con motivo de la Sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, de 14 de octubre, se han recordado varios momentos del juicio desarrollado para el dictado de la citada resolución. Algunas de las afirmaciones más recordadas se puede citar la realizada por Manuel Marchena al decir que en el ordenamiento jurídico procesal no existe la figura del testigo opinante.

 

Ciertamente, los testigos para el proceso penal son aquellas personas que han presenciado unos hechos y que pueden hablar sobre los mismos en la instrucción y en el juicio oral, formando su declaración una parte relevante de la práctica de las pruebas en la última fase procesal, siendo la prueba, según lo indicado en un trabajo escrito por Luis Román Puerta Luis y titulado “La prueba en el proceso penal”, “la actividad procesal que tiene por objeto conseguir la convicción del juzgador sobre la realidad de los hechos en que se fundamentan las pretensiones de las partes a las que aquél debe dar una respuesta fundada en Derecho”.

Los testigos, en lo que respecta al proceso penal, tienen su regulación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo artículo 410 establece que “Todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la Ley”. De ese modo, se descarta cualquier posibilidad de aportación de opiniones de los testigos y, conforme al artículo 683 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “El Presidente dirigirá los debates cuidando de impedir las discusiones impertinentes y que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad, sin coartar por esto a los defensores la libertad necesaria para la defensa”, evitando que los testigos hagan, por tanto, declaraciones impertinentes por no tener vinculación con el objeto del proceso.

En varias situaciones, se pretendió por algunos testigos aportar su opinión, pero Manuel Marchena hizo lo correcto, pues las sensaciones o sentimientos poco tienen que aportar cuando se busca averiguar la verdad sobre unos hechos que pueden ser constitutivos de delito.

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    Una trama piramidal que podría haber recaudado ya más de 500 millones de euros con material sanitario presuntamente falsificado apunta directamente a Feijóo. El Gobierno liderado por Feijóo  APROVECHÓ LA PANDEMIA Y EL CORONAVIRUS PARA REALIZAR UN NEGOCIO PIRAMIDAL EN MATERIAL SANITARIO PRESUNTAMENTE FALSIFICADO POR TODO ESPAÑA, desde  la Xunta que ponía en funcionamiento su maquinaria comercial a través del (CECOP) Centro de Coordinación Operativa), para realizar un negocio piramidal compartido y utilizando como intermediaria  la empresa SIBUCO 360 S.L y las mascarillas que llegaron a la sede del Sergas en Negreira comenzando su venta a través y web institucional del Sergas con las líneas 902 077 333 como teléfono único de contacto con la Xunta de Galicia http://archive.is/FkQwZ cuya publicidad y campaña fue lanzada por María del Mar Sánchez Sierra ( Asesora del PPdeG ) bajo presupuesto de más de 390.000 euros en el que si incluye campañas pidiendo donativos con el ASUNTO ANÖNIMO, para justificar y presuntamente blanquear capitales a través de 4 cuentas bancarias en distintas entidades privadas, entre ellas ABANCA, SABADELL, SANTANDER etc . Comenzando la publicidad y pesca de[…]