Diego Fierro Rodríguez

Carles Puigdemont ha anunciado su decisión de ampliar la demanda contra Pablo Llarena al Reino de España que presentó en Bélgica, alegando que se ha personado en el proceso civil que inició y porque el Estado español ha cometido “violaciones sistémicas” del Derecho de la Unión Europea contra la “minoría catalana, sus movimientos políticos que buscan la independencia regional y sus representantes, en violación de los principios que residen en el Estado de derecho”. Específicamente, se alega la vulneración de directivas de la Unión Europea que regulan las garantías penales.

 

Ciertamente, los órganos jurisdiccionales de Bélgica carecen de jurisdicción en este caso para conocer de la demanda presentada contra España. El día 3 de febrero de 2012, la Corte Internacional de Justicia dictó una sentencia en el caso relativo a las Inmunidades jurisdiccionales del Estado que enfrentó a Alemania contra Italia. En esa resolución, la Corte Internacional de Justicia declara que “ya sea para invocar la inmunidad para sí mismos o concederla a terceros, los Estados suelen fundarse en que existe un derecho a la inmunidad en virtud del derecho internacional, junto con la correspondiente obligación de los demás Estados de respetar y aplicar dicha inmunidad” y que “los Estados generalmente tienen derecho a inmunidad respecto de los acta jure imperii, que son aquellas actividades realizadas en el ejercicio de facultades públicas. La Sentencia del Tribunal Constitucional 140/1995, de 28 de septiembre, señala que “esta limitación ha de reputarse legítima desde un punto de vista constitucional pues posee un doble fundamento objetivo y razonable: en primer lugar, en el principio de igualdad soberana de los Estados consagrado en el art. 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas y al que expresamente se refiere el Preámbulo del Convenio de Viena de 1961” y, “En segundo término en el principio de cooperación pacífica, que también se deriva de aquel tratado internacional”, ya que, “si el primero implica la igualdad jurídica de todos los Estados y el mutuo respeto de su personalidad, de ello se sigue que un Estado soberano no puede, en principio, someter a otro Estado sin su consentimiento a la justicia de sus Tribunales (par in parem non habet imperium)”. Consecuencia que claramente se proyecta en la institución de la inmunidad de la jurisdicción civil de los Agentes diplomáticos dado que se concede por el Derecho internacional para garantizar el desempeño eficaz de las misiones diplomáticas y éstas son, conviene subrayarlo, órganos de un Estado extranjero que le representan ante el Estado receptor.

Se pretende por Carles Puigdemont que el órgano jurisdiccional belga remita una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para preguntar si la inmunidad jurisdiccional alegada por España es conforme al Derecho de la Unión Europea. Sin embargo, la respuesta debiera ser clara, pues se sabe perfectamente que el objetivo de los secesionistas es, simplemente, deteriorar la imagen internacional de España.

  • Una trama piramidal que podría haber recaudado ya más de 500 millones de euros con material sanitario presuntamente falsificado apunta directamente a Feijóo.

    Xornal Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Vigo Santiago Localidades[…]

    Una trama piramidal que podría haber recaudado ya más de 500 millones de euros con material sanitario presuntamente falsificado apunta directamente a Feijóo. El Gobierno liderado por Feijóo  APROVECHÓ LA PANDEMIA Y EL CORONAVIRUS PARA REALIZAR UN NEGOCIO PIRAMIDAL EN MATERIAL SANITARIO PRESUNTAMENTE FALSIFICADO POR TODO ESPAÑA, desde  la Xunta que ponía en funcionamiento su maquinaria comercial a través del (CECOP) Centro de Coordinación Operativa), para realizar un negocio piramidal compartido y utilizando como intermediaria  la empresa SIBUCO 360 S.L y las mascarillas que llegaron a la sede del Sergas en Negreira comenzando su venta a través y web institucional del Sergas con las líneas 902 077 333 como teléfono único de contacto con la Xunta de Galicia http://archive.is/FkQwZ cuya publicidad y campaña fue lanzada por María del Mar Sánchez Sierra ( Asesora del PPdeG ) bajo presupuesto de más de 390.000 euros en el que si incluye campañas pidiendo donativos con el ASUNTO ANÖNIMO, para justificar y presuntamente blanquear capitales a través de 4 cuentas bancarias en distintas entidades privadas, entre ellas ABANCA, SABADELL, SANTANDER etc . Comenzando la publicidad y pesca de[…]