Por Diego Fierro Rodríguez

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El Auto del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2020 ha desestimado los incidentes de nulidad de actuaciones que plantearon los doce condenados por la Sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, de 14 de octubre, por vulneración de derechos fundamentales causada por esta misma resolución.

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El artículo 67.2 de la Constitución indica que “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”, de manera que, según la Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1983, de 4 de febrero, “los representantes dan efectividad al derecho de los ciudadanos a participar -y no de ninguna organización como el partido político-, y que la permanencia de los representantes depende de la voluntad de los electores que la expresan a través de elecciones periódicas, como es propio de un Estado democrático de derecho, y no de la voluntad del partido político”, así que “Los partidos políticos, tal y como establece el art. 6 de la Constitución, ejercen funciones de trascendental importancia en el Estado actual, en cuanto expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”, pero “sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que el derecho a participar corresponde a los ciudadanos, y no a los partidos, que los representantes elegidos lo son de los ciudadanos y no de los partidos, y que la permanencia en el cargo no puede depender de la voluntad de los partidos sino de la expresada por los electores a través del sufragio expresado en elecciones periódicas”.

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Pablo Casado, el día de la celebración del aniversario por los 41 años desde la ratificación por los ciudadanos de la Constitución, volvió a hablar de su propuesta para establecer un incremento de 50 diputados para el partido político que gane las elecciones, siguiendo el sistema electoral griego, con el que se evitarían bloqueos según el líder del PP. Sin embargo, Pablo Casado omite que también se favorecería la falta de diálogo y una mayor facilidad para adoptar sin acuerdos medidas que pueden requerir un amplio consenso con el objetivo de garantizar la estabilidad del país, algo que, como ya se sabe, siempre provoca nefastas consecuencias para los ciudadanos.

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Rocío Monasterio afirmó que el modo más adecuado para luchar contra la violencia de género es implantar la cadena perpetua, con independencia del resultado de la agresión ilegítima, para todo hombre que atente contra la vida o la integridad de la persona que sea o haya sido su esposa o mujer con la que tenga o haya tenido una vínculo de afectividad análogo. Esa medida resultaría de difícil aprobación por no tener un correcto encaje en la Constitución.

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El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que habilita a la Administración Tributaria para embargar las cantidades correspondientes a la cuantía del salario mínimo que no se haya gastado durante los meses anteriores al del embargo. Esta resolución se refiere a un asunto polémico que se ha resuelto de un modo muy discutible y perjudicial para los contribuyentes.

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Con motivo de la Sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, de 14 de octubre, se han recordado varios momentos del juicio desarrollado para el dictado de la citada resolución. Algunas de las afirmaciones más recordadas se puede citar la realizada por Manuel Marchena al decir que en el ordenamiento jurídico procesal no existe la figura del testigo opinante.

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Pedro Sánchez ha afirmado que va a luchar contra el independentismo catalán si sus defensores atentan contra las instituciones, indicando que estará dispuesto a utilizar los mecanismos del artículo 155 de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional del año 2015 si fuera necesario.

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Pablo Iglesias afirmó que “el Rey debería hacer entender a todos los candidatos, y en particular al que tiene más apoyos, que la coalición es una vía de dar estabilidad a nuestro sistema parlamentario y que España no debería permitirse otra repetición electoral”. De esa manera, el líder de Unidas Podemos pretendía que el monarca hable con Pedro Sánchez para que aceptara el Gobierno de coalición.

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Ya es conocida la historia Borja, el joven malagueño condenado a dos años de prisión y al pago de 180.000 euros por un delito de homicidio por imprudencia grave tras causar la muerte de un atracador al que se enfrentó para recuperar el bolso que se le había arrebatado con violencia a una joven, como estableció la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 9 de Málaga el pasado día 26 de diciembre, que fue ratificada por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Málaga el 26 de abril. De la noticia destacan muchos detalles que merecen un estudio diferenciado, pero llama la atención el fallo de calificación de los 180.000 euros que Borja deberá pagar.

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Mediante un escrito del día 4 de junio de 2019, la representación legal de Oriol Junqueras solicitó un permiso extraordinario de salida para el acto de juramento o promesa previsto en los artículos 108.9 y 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, acto previsto para el día 17 de junio de este año, debiendo destacarse que la misma petición fue promovida para su debida tramitación y constancia ante el centro penitenciario de Madrid V, lugar en el que el acusado se encuentra recluido. Habiéndose dado traslado a las partes acusadoras, el Ministerio Fiscal mostró su oposición, pues la toma de posesión del cargo de parlamentario europeo por Oriol Junqueras provocaría una suspensión del proceso penal desarrollado por la Causa especial 20907/2017, pero la Abogacía del Estado se mostró partidaria que conceder el permiso extraordinario a Oriol Junqueras.