Por Diego Fierro Rodríguez

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Hay numerosos jugadores de fútbol cuyos contratos terminan el día 30 de junio. El problema es que, debido al coronavirus, las principales ligar europeas se han suspendido y terminarán sus partidos a finales del verano. Dadas las circunstancias, no se sabe con certeza qué es lo que puede llegar a ocurrir.

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El artículo 172.1 del Código Civil indica que “Cuando la Entidad Pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de los menores constate que un menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por ministerio de la ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que acordó la tutela ordinaria”, señalando el mismo precepto que “Se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material”. Esa misma situación es la que justifica que las facultades de protección del menor sean asumidas por las Comunidades Autónomas.

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La expansión del Covid-19 en España ha alcanzado un nivel lo bastante alto como para provocar una crisis sanitaria por el colapso de los centros médicos y por el desabastecimiento de recursos necesarios para combatir la pandemia. Con el panorama actual, parece peligroso celebrar las elecciones autonómicas convocadas en Galicia y en País Vasco, que solo podrían evitarse en su conjunto mediante una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, para la que ya no hay tiempo, o mediante la declaración del estado de alarma del artículo 116 de la Constitución, que, procediendo y siendo necesaria por las circunstancias, parecía ser un mecanismo temido por el Gobierno que ha tardado en aprovecharse.

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El Auto del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2020 ha desestimado los incidentes de nulidad de actuaciones que plantearon los doce condenados por la Sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, de 14 de octubre, por vulneración de derechos fundamentales causada por esta misma resolución.

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El artículo 67.2 de la Constitución indica que “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”, de manera que, según la Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1983, de 4 de febrero, “los representantes dan efectividad al derecho de los ciudadanos a participar -y no de ninguna organización como el partido político-, y que la permanencia de los representantes depende de la voluntad de los electores que la expresan a través de elecciones periódicas, como es propio de un Estado democrático de derecho, y no de la voluntad del partido político”, así que “Los partidos políticos, tal y como establece el art. 6 de la Constitución, ejercen funciones de trascendental importancia en el Estado actual, en cuanto expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”, pero “sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que el derecho a participar corresponde a los ciudadanos, y no a los partidos, que los representantes elegidos lo son de los ciudadanos y no de los partidos, y que la permanencia en el cargo no puede depender de la voluntad de los partidos sino de la expresada por los electores a través del sufragio expresado en elecciones periódicas”.

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Pablo Casado, el día de la celebración del aniversario por los 41 años desde la ratificación por los ciudadanos de la Constitución, volvió a hablar de su propuesta para establecer un incremento de 50 diputados para el partido político que gane las elecciones, siguiendo el sistema electoral griego, con el que se evitarían bloqueos según el líder del PP. Sin embargo, Pablo Casado omite que también se favorecería la falta de diálogo y una mayor facilidad para adoptar sin acuerdos medidas que pueden requerir un amplio consenso con el objetivo de garantizar la estabilidad del país, algo que, como ya se sabe, siempre provoca nefastas consecuencias para los ciudadanos.

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Rocío Monasterio afirmó que el modo más adecuado para luchar contra la violencia de género es implantar la cadena perpetua, con independencia del resultado de la agresión ilegítima, para todo hombre que atente contra la vida o la integridad de la persona que sea o haya sido su esposa o mujer con la que tenga o haya tenido una vínculo de afectividad análogo. Esa medida resultaría de difícil aprobación por no tener un correcto encaje en la Constitución.

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El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que habilita a la Administración Tributaria para embargar las cantidades correspondientes a la cuantía del salario mínimo que no se haya gastado durante los meses anteriores al del embargo. Esta resolución se refiere a un asunto polémico que se ha resuelto de un modo muy discutible y perjudicial para los contribuyentes.

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Con motivo de la Sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, de 14 de octubre, se han recordado varios momentos del juicio desarrollado para el dictado de la citada resolución. Algunas de las afirmaciones más recordadas se puede citar la realizada por Manuel Marchena al decir que en el ordenamiento jurídico procesal no existe la figura del testigo opinante.

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Pedro Sánchez ha afirmado que va a luchar contra el independentismo catalán si sus defensores atentan contra las instituciones, indicando que estará dispuesto a utilizar los mecanismos del artículo 155 de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional del año 2015 si fuera necesario.