La Comisión Europea en un informe del 2003, instaba a los Gobiernos de la Unión a acometer profundas reformas en los mercados de trabajo y en la política de gasto social (prestaciones sociales). Alertaba del peligro de que en las próximas décadas se produzcan desequilibrios financieros, principalmente en países como Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Austria y Portugal.

 

Según la Comisión, corríamos el riesgo de llegar a porcentajes “insostenibles” de deuda pública, por lo que se recomienda se concentren en el gasto de las pensiones y el sistema sanitario; mejorar el mercado de trabajo por medio de una prolongación de la vida laboral; reducir la deuda y el déficit.

Y se cumplió con la llegada del Pacto de Estabilidad las políticas de “austeridad” y recortes, cambiando de orientación en las políticas de protección social, la cual, se rige por el principio neoliberal de subsistencia de la protección básica que se da a los ciudadanos, acompañada de la mercantilización de la protección adicional (planes privados de pensiones, seguros, etc.), no otorgándose la protección social a un sujeto por ser ciudadano sino como usuario o consumidor de un servicio, “mercado” y no por necesidad social.

El debate interesado, sistemas públicos o privados, no es más que concienciar a la ciudadanía de que la única resolución pasa por desmantelar paulatinamente el sistema público de pensiones, sino en todo en lo esencial como la financiación, el sistema de reparto, las cuantías de las prestaciones y el sistema solidario. Nuestro sistema constituye el mejor sistema de equidad social, pues reparte los recursos y distribuyen las rentas, otorgando al sistema mayor estabilidad en el largo plazo permitiendo corregir desequilibrios y desigualdades, el sistema público de pensiones de nuestro país es la solidaridad de clase.

Cualquier gobierno o fuerza política que oriente la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social en función de los gastos y no de los ingresos, tomarán como alternativa el recorte de las cuantías, la ampliación del periodo de cálculo, retraso en la edad de jubilación, no revalorización etc, estarán violando el mandato constitucional y atentando contra derechos fundamentales de millones de pensionistas actuales y millones de pensionistas futuros.

Ni la Seguridad Social en su conjunto ni su subsistema de pensiones tienen porqué ser financieramente insostenibles debido al envejecimiento de la población y a otros factores. Existe un espacio para la decisión de política del derecho que permite introducir las reformas “internas” y “externas” al sistema público de tipo estructural que sean necesarias para garantizar la sostenibilidad y proporcionar pensiones suficientes y adecuadas para las actuales y futuras generaciones. Conseguir un equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social y de las pensiones en particular no tiene que pasar necesariamente por una reducción de las prestaciones del Sistema, sino por una racionalización interna del mismo y por la predisposición de otras fuentes “externas” de financiación. Las aportaciones del Estado pueden y deben aportar lo necesario para la garantía de las pensiones, pero esas aportaciones no pueden sustituir a las cotizaciones a riesgo de no garantizarlas, y relegando el sistema de Seguridad Social hacia una Seguridad Social asistencial de mínimos.

La solución, para muchos expertos y para mi persona no pasa por el aumento de la edad de jubilación, la prolongación de la vida activa, la no revalorización, sino que mediante el relevo generacional en el mercado de trabajo (no minijobs), el aumento de salarios y obtención de empleos dignos y de calidad, éstos son los elementos básicos de la sostenibilidad del estado de bienestar. Nada que ver con las bonificaciones empresariales, las horas extras no remuneradas, los contratos temporales y la precarización general del mercado laboral.

Lo que necesitamos son políticas sociales que generen una buena perspectiva económica , social y vital a las nuevas generaciones y no campañas en donde los jóvenes interioricen futuros negros y de difícil alcance.

Que no nos manipulen, las pensiones son un derecho ya cotizado y que llevan siete años con una gran pérdida de poder adquisitivo. La recuperación es una cuestión de justicia social y no decaeremos hasta conseguirlo.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES SE DEFIENDEN”

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