Las FSE, no pueden ser súbditos y ciudadanos de tercera. La seguridad pública necesita urgentemente un nuevo modelo adaptado a la realidad social.

El próximo día 24 de noviembre se cumple 40 años de la legalización del sindicalismo en el Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Cuatro décadas es tiempo mas que suficiente para analizar de forma objetiva la impronta que este movimiento sindical ha imprimido en el referido colectivo y, como no, en el conjunto de la sociedad española. La corresponsabilidad en la transformación del aparato represivo del Estado franquista, en un colectivo comprometido con el sistema democrático, los derechos humanos y la voluntad de servicio con la sociedad a la que sirve, es sin ningún género de dudas su aportación más importante a la consolidación de la democracia en España.

Subrayando que, de los 40 años de existencia, veintisiete el colecto al que representa han transcurrido sufriendo en sus filas los brutales y despiadados zarpazos del terrorismo. También en estas circunstancias el sindicalismo ha compartido, sin fisura ni desanimo, la voluntad democrática del conjunto de la sociedad española, resiliente artífice de su derrota.

Los barómetros publicados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), vienen reiterando este sentir ciudadano pues, no en vano, de forma reiterada señalan a al Cuerpo Nacional la Policía, junto con la Guardia Civil, las instituciones españolas más valoradas por los españoles.

Sin embargo, debemos señalar que el modelo sindical diseñado por el legislador en la LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no ha sido eficaz para resolver problemas reivindicativos históricos de primer orden. Especialmente en materia de derechos laborales y de naturaleza económica.

La pregunta que los ciudadanos se hacen es, ¿Cuál es el motivo que lo impide? O ¿por qué las policías autonómicas y las policías locales de las capitales de provincias y en el 99% de los pueblos donde también están desplegadas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (CNP y GC), existe una diferencia salarian mensual en perjuicio de éstos que oscila entre 600 y 900 euros mensuales? 

Pocas son los argumentos que se pueden esgrimir para justificar esta injusta diferencia retributiva.

El movimiento social “JUSTICIA SALARIAL YA”, promovido por una plataforma integrada por miembros y familiares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mientras se desarrollaban los incidentes en Cataluña con motivo del procés, puso en solfa a los sindicatos policiales anclados en su área de confort, con la complacencia de la propia administración, desarrollando una actividad clientelar en todos los órdenes  y sus sedes sindicales convertidas en áreas de servicio donde puedes encontrar todo tipo de merchandising, paquetes vacacionales, pólizas de seguros o, si están en periodo electoral, ofreciendo  jamones, relojes, móviles, etcétera, por el voto a sus candidatos al Consejo de Policía.    

Este ambiente descuidado y mortecino de la actividad sindical y al grito unánime: JUSTICIA SALARIAL YA, del colectivo policial (CNP y GC) y de la sociedad en general, fue aprovechado primero por Ciudadanos y posteriormente por la ultraderecha, para buscar un nuevo orden en el movimiento sindical de la policía con un discurso escorado a sus soflamas política.

El problema es que siete años después el sindicalismo está muerto. No sirve a los objetivos de sus representados. El modelo que lo sostiene está superado por la realidad social a la que debe servir este y a los objetivos de sus representados.

Es por consiguiente necesario poner en el centro del debate un cambio del modelo implantado.

Ya han aparecido voces reformistas que reclaman un cambio en el modelo sindical y piden abiertamente, retomarlo donde se quedo con la llegada del nefasto ministro del Interior José Luis Corcuera, un exsindicalista exsocialista reconvertido y que hoy ya sabemos dónde milita.

Hay que avivar la llama de la reforma. Conseguir la plena sindicación al igual que tienen las policías autonómicas y locales es un objetivo justo.

El cambio de modelo no es un problema jurídico es un problema de voluntad política. La Constitución deja en mano del legislador la posibilidad de limitar o exceptuar o no el pleno derecho de sindicación plena. Es decir, afiliarse al sindicato de clase de su elección y que este derecho deber hacerse extensivo a la Guardia Civil.

Los funcionarios policiales deben apoyar a sindicatos que avalen este cambio. No por una cuestión ideológica, debe quedar al margen, sino por puro pragmatismo.