@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail:
@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
Generalitat de Catalunya e Instituto Catalán de Investigación del Agua. Investigación e Innovación para el uso sostenible del agua. Centres de Recerca de Catalunya y entidades dependientes, o más competentes, por la transparencia solicitada en https://cita.es/trama-catalana-falsas-autorias.pdf
Con copia a la Delegación del Gobierno en Cataluña, CNMC y ministerios
Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz (PhD), licenciado y doctor en Filosofía, en su propio nombre y derecho, pero también en representación de APEDANICA - Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas, con Tel. 902998352 domicilio en calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB E-28045 Madrid, por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (que normaliza esta solicitud), así como por la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción y considerando los arts. 9, 14, 20, 105, 120 de la Constitución, como mejor proceda, SOLICITA:
Información sobre todos los expedientes abiertos identificando a los funcionarios responsables de investigar y sancionar la relación con lo publicado y citado aquí
https://elpais.com/ciencia/2023-04-27/los-cientificos-de-la-institucion-del-quimico-damia-barcelo-piden-su-suspension-cautelar-tras-su-implicacion-en-el-escandalo-de-la-trama-saudi.html
ÉTICA CIENTÍFICA Los científicos de la institución del químico Damià Barceló piden su suspensión cautelar tras su implicación en el escándalo de la trama saudí El investigador declara falsamente desde 2016 que su empleo principal está en la Universidad Rey Saúd, pese a que es director del Instituto Catalán de Investigación del Agua El químico Damià Barceló, en 2011, junto al príncipe saudí Ahmad bin Abdullah bin Abdul Rahman Al Saud (centro) y el profesor Naif Abdullah Al-Harbi, de la Universidad Rey Saúd, en Riad. El químico Damià Barceló, en 2011, junto al príncipe saudí Ahmad bin Abdullah bin Abdul Rahman Al Saud (centro) y el profesor Naif Abdullah Al-Harbi, de la Universidad Rey Saúd, en Riad. ICRA Manuel Ansede MANUEL ANSEDE 27 ABR 2023 - 10:38 UTC Los 14 científicos principales del Instituto Catalán de Investigación del Agua (ICRA) han pedido este jueves la suspensión cautelar inmediata de su director, el químico Damià Barceló, apenas una semana después de que este periódico revelara que el directivo declara falsamente desde 2016 que su lugar de trabajo principal es la Universidad Rey Saúd, en Riad (Arabia Saudí), en lugar de su instituto de Girona. “Queremos aclarar que nosotros estamos totalmente en contra de estas malas praxis y que, si se han hecho, han sido a título individual”, afirman los investigadores en el comunicado, al que ha tenido acceso EL PAÍS El químico Rafael Luque, en un laboratorio de la Universidad de Córdoba. Suspendido de empleo y sueldo por 13 años uno de los científicos más citados del mundo, el español Rafael Luque Barceló es uno de los químicos más premiados de España. En 2007 ganó el Premio Rey Jaime I, con una dotación de 100.000 euros, por sus investigaciones sobre contaminantes en las aguas residuales y naturales, como la detección de trazas de cocaína en los ríos españoles. Seis años después, recibió el Premio Internacional del Agua Príncipe Sultan Bin Abdulaziz, un galardón acompañado de unos 120.000 euros que le entregó el actual rey saudí, Salmán bin Abdulaziz. Y, hace solo un par de semanas, fue galardonado por la Sociedad Europea de Química por su trayectoria. Casi dos decenas de científicos en España han aceptado desde 2014 una oferta económica saudí para mentir en una de las bases de datos que utiliza el ranking de Shanghái, que designa cada año a las mejores universidades del mundo. El engaño ha logrado que las instituciones saudíes asciendan artificialmente en esta influyente clasificación académica. La química Mira Petrovic, también investigadora en el ICRA, muestra la oferta que recibió ella en 2019. Un profesor de la Universidad Rey Saúd le envió un mensaje con cinco puntos. El primero era: “Tu afiliación primaria debe ser la Universidad Rey Saúd en https://hcr.clarivate.com/ [la base de datos que utiliza el ranking de Shanghái]”. El segundo punto explicaba que Petrovic recibiría un contrato después de que hiciese esa mudanza ficticia. El tercer punto iba al grano: “Tras la firma del contrato y la aprobación del director del Programa de Becas para Científicos Distinguidos, recibirás 70.000 euros en tu cuenta bancaria”. Petrovic rechazó la oferta inmediatamente. Barceló, nacido en Lleida hace 69 años, empezó en 2016 a mentir en esa base de datos, un listado con los 7.000 científicos más citados del mundo, elaborado por la empresa especializada Clarivate. El químico asegura que a él no le ofrecieron esos 70.000 euros anuales en su cuenta, sino la financiación de un proyecto para analizar los contaminantes en cultivos regados con aguas residuales en Arabia Saudí. “La solución para poder realizar estos estudios era que tuviésemos como primera afiliación la Universidad Rey Saúd. Era una condición sine qua non: sin afiliación a la Rey Saúd yo no podría recoger muestras en Arabia Saudí”, explicó el 11 de abril a este periódico. A los científicos del ICRA no les convencen las explicaciones de su jefe. El director general de Investigación de la Generalitat, Joan Gómez Pallarès, ha pedido al Comité para la Integridad de la Investigación en Cataluña que estudie el caso de Damià Barceló, pero los firmantes exigen medidas inmediatas. “Con el fin de restituir la buena imagen del ICRA ante la ciudadanía y la comunidad científica internacional, hemos pedido que se suspenda de funciones a nuestro director hasta que se resuelva el informe del comité”, señala el comunicado. La Universidad de Córdoba ha suspendido por 13 años sin empleo y sueldo al químico Rafael Luque, que en 2019 empezó a declarar falsamente que su lugar de trabajo principal es la Universidad Rey Saúd. Los firmantes —incluidos los tres jefes de área del ICRA: Maite Pijuan, Vicenç Acuña y Mira Petrovic— subrayan que adoptan “los más altos estándares éticos” definidos en el código de conducta de los Centros de Investigación de Cataluña, financiados por la Generalitat. Barceló es además profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el mayor organismo de ciencia en España. La presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, ha enviado este jueves una carta a toda su plantilla. “El CSIC no ha querido precipitarse en sus juicios y reacciones. Por ello, se ha solicitado al Comité de Ética que estudie estos casos con detalle. En concreto, es el Subcomité de Conflictos, cuyo cometido es velar por la integridad de la práctica científica, el que está asumiendo esta tarea. Además, hemos solicitado a la empresa Clarivate la aclaración de diferentes cuestiones que nos plantean dudas”, informa Del Pino en su misiva. EL PAÍS ha contactado con Barceló para preguntarle por la suspensión exigida por sus compañeros, sin obtener respuesta por el momento. Damià Barceló es un científico hiperprolífico. Ha firmado más de 1.600 trabajos en su vida, según la base de datos de referencias bibliográficas Scopus, alcanzando algún año picos de una nueva obra cada tres días. John Ioannidis, experto en estadísticas biomédicas en la Universidad de Stanford (EE UU), ha analizado la producción de Barceló para este periódico. Ioannidis subraya que el químico español llegó a un máximo de 67 estudios publicados en 2015, sin contar capítulos de libros, editoriales y otras aportaciones menores. “Lo que impresiona en el historial de Barceló es que ha publicado 196 artículos en una misma revista, Science of the Total Environment, en la que ha sido coeditor jefe durante muchos años”, opina Ioannidis. “Es muy controvertido publicar muchos artículos en la revista en la que uno mismo es editor jefe”, añade. Ioannidis publicó en 2018 un análisis en la revista Nature sobre los miles de científicos hiperprolíficos, que llegan a publicar un estudio cada cinco días o menos. “Hay que tener cuidado de no penalizar la productividad. Es bueno que los científicos sean productivos y, de hecho, algunos de los mejores científicos son los más productivos. Sin embargo, al mismo tiempo, los incentivos —de reputación y financieros, como los pagos saudíes— son por desgracia muy problemáticos y conducen a situaciones extrañas”, argumenta el profesor de Stanford. A su juicio, la trama saudí destapada por EL PAÍS confirma que “los rankings universitarios son muy discutibles y crean incentivos aberrantes que tienen poco que ver con la buena ciencia”. Además de Barceló, el físico Andrés Castellanos, investigador del CSIC en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, aparece desde hace tres años como científico de la Universidad Rey Saúd en la lista de Clarivate. “Me pidieron esa condición para concederme una beca de visitante con un proyecto de colaboración”, ha explicado Castellanos a este periódico. Según su versión, el dinero ha sido para “dotar de más recursos” a su grupo de investigación. Castellanos ganó el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes hace seis meses, por sus avances en materiales ultrafinos, de espesor atómico. El investigador Francisco Tomás Barberán, exdirector del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CSIC), también mintió en la base de datos en 2020 y puso que su lugar de trabajo principal es la Universidad de Taif, en Arabia Saudí, en vez de su auténtica institución, en Murcia. Tomás Barberán, experto en microbios intestinales y colaborador de la Agencia Estatal de Investigación, no ha querido explicar a este periódico en qué consistía ese acuerdo. “Estoy aportando toda la información de que dispongo al Comité de Ética del CSIC”, se ha limitado a contestar, tras una semana de silencio, ante la insistencia de este periódico. Comunicado completo de los investigadores del ICRA Las investigadoras e investigadores del Instituto Catalán de Investigación del Agua queremos expresar nuestra preocupación por las informaciones aparecidas en la prensa sobre los “pagos a científicos españoles para realizar trampas en los rankings de las mejores universidades del mundo” (EL PAÍS), entre los que se encuentra nuestro director, el doctor Damià Barceló. Aunque desde la Consejería de Investigación y Universidades de la Generalitat de Cataluña se ha iniciado una investigación a través de la comisión de ética, queremos aclarar que nosotros estamos totalmente en contra de estas malas praxis y que, si se han hecho, han sido a título individual. Como profesionales del sector de la investigación adoptamos los más altos estándares éticos definidos por el ‘Código de conducta’ que deben cumplir todos los Centros de Investigación de Cataluña (CERCA), financiados por la Generalitat de Cataluña. Asimismo, y con el fin de restituir la buena imagen del ICRA ante la ciudadanía y la comunidad científica internacional, hemos pedido que se suspenda de funciones a nuestro director hasta que se resuelva el informe del Comité para la Integridad de la Investigación en Cataluña”.
Para su mejor información y precisión de lo aquí solicitado, se adjuntan dos antecedentes con muy relevantes documentos que se explican por sí mismos, quedando a la disposición de todo funcionario público competente por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público solicitando su más pronto acuse de recibo y notificación de cualquier traslado a quien sea más competente.
@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail:
@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
https://cita.es/trama-gallega-falsas-autorias-xunta.pdf https://cita.es/trama-gallega-falsas-autorias-gobierno.pdf
Xunta de Galicia y todas sus entidades dependientes con competencias por solicitud de transparencia en https://cita.es/trama-gallega-falsas-autorias.pdf
Con copia a la Delegación del Gobierno en Galicia, CNMC y ministerios
Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz (PhD), licenciado y doctor en Filosofía, en su propio nombre y derecho, pero también en representación de APEDANICA - Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas, con Tel. 902998352 domicilio en calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB E-28045 Madrid, por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (que normaliza esta esta solicitud), así como por la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción y considerando los arts. 9, 14, 20, 105, 120 de la Constitución, como mejor proceda, SOLICITA:
Información sobre todos los expedientes abiertos identificando a los funcionarios responsables de investigar y sancionar la relación con la llamada “trama saudí” de empleados públicos dependientes de la Xunta de Galicia según ve publicado en
https://www.gciencia.com/investigacion/caso-cientificos-galegos-afiliados-universidades-arabia-saudita/
“Os investigadores galegos Rubén Domínguez e Mirian Pateiro mantiveron unha relación mercantil con UP4 Institute of Sciences, a empresa do catedrático Juan Luis García Guirao dedicada presuntamente a pagar a científicos españois para que aleguen en falso traballar para universidades sauditas. Iso é o que fixeron Domínguez e Pateiro, do Centro Tecnolóxico da Carne (CTC), dependente da Xunta: inscribirse na Universidade Rei Abdulaziz como primeira afiliación no Highly Cited Research (HCR) —o que se ten en consideración para o principal ranking de universidades do mundo— a pesar de que ningún dos dous formalizou nunca contrato algún coa citada institución académica árabe, segundo confirmou a Xunta …”
https://www.gciencia.com/investigacion/outro-traballador-centro-carne-publica-investigacion-41-horas/
“Un artigo publicado cada 47 horas. Unha produción científica desenfreada que ascende, nin máis nin menos, que a 211 investigacións en tan só un ano, segundo a base de datos Scopus. Así de prolífico é o científico José Manuel Lorenzo, que traballa no Centro Tecnolóxico da Carne (CTC), dependente da Xunta de Galicia, e é profesor asociado á Universidade de Vigo (UVigo). Ademais, Lorenzo é o líder do grupo de investigación ao que están vinculados Mirian Pateiro e Rubén Domínguez, os dous galegos asociados ao CTC dende hai máis dunha década, que se inscribiron en falso nunha universidade árabe e facturaron coa empresa do seu intermediario, que pagaba presuntamente ata 70.000 euros polas falsas afiliacións. GCiencia tratou insistentemente de falar con Lorenzo para coñecer a explicación a tan alta actividade pero non obtivo resposta.”
Aunque la Ley 19/2013 no requiere justificación o motivación alguna, para explicar la prioridad de esta solicitud informamos a todas las autoridades que estamos investigando presuntas malversaciones y cohechos internacionales por falsas autorías fraudulentas en las publicaciones de revistas científicas indexadas, según denuncia adjunta publicada en
https://cita.es/cohechos-internacionales-firmado.pdf
Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional que corresponda DENUNCIA publicada en https://www.miguelgallardo.es/cohechos-internacionales.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/malversaciones-y-cohechos-internacionales-de-p%C3%BAblicos
OTROSÍ 1 digo, que el solicitante Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz (PhD) está a la disposición del funcionario público que precise más explicaciones o referencias adicionales a las aquí ofrecidas, por el teléfono de APEDANICA 902998352.
OTROSÍ 2 digo, lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, Artículo 14. Decisiones sobre competencia. 1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados.
@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail:
@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
https://cita.es/cohechos-internacionales-firmado.pdf
Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional que corresponda DENUNCIA publicada en https://www.miguelgallardo.es/cohechos-internacionales.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/malversaciones-y-cohechos-internacionales-de-p%C3%BAblicos
Miguel Torres Álvarez, procurador con número de colegiado 63 del Ilustre Colegio de Procuradores de Guadalajara, en representación del Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz (PhD), criminólogo, con domicilio en calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB E-28045 Madrid, Tel.: 902998352 y también en representación de
1º Es público y notorio que numerosos funcionarios públicos españoles están recibiendo pagos procedentes de personas físicas y jurídicas en el extranjero por servicios muy diversos que emplean recursos públicos. No son casos aislados, sino que todos tienen en común los pagos internacionales, declarados fiscalmente o no, y que son numerosas provincias en las que tienen su sede distintas universidades públicas. Aunque muchos son bien conocidos por las autoridades locales (rectores, fiscales y jueces) de manera formal o informal, incluso bien documentada en varios casos, no tenemos constancia de ninguna diligencia judicial ni enjuiciamientos de presuntos delitos de malversación de recursos públicos y cohechos continuados o negociaciones prohibidas a funcionarios públicos u otros delitos en concurso.
2º Es el caso del catedrático de la Universidad de Murcia Ismael Crespo Martínez, que mientras ha dirigido el departamento de Ciencia Política y Administración Pública, prestaba servicios internacionales, entre otros, al político y empresario peruano César Acuña Peralta, al menos, en varias de sus campañas electorales como candidato a la presidencia de la República del Perú en 2016 y 2021. Sea directamente como persona física, o por medio de la empresa DIDO CONSULTING SL con CIF B73655730, y también en ENEA CONSULTING SL con CIF B84453174, simultaneando cargos mercantiles con la dirección de su departamento de la Universidad de Murcia, de manera presuntamente ilegal, o por el CEMOP o Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública que codirige, o por la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales ALICE - Comunicacion politica y Campañas Electorales que fundó o por cualquier otra persona jurídica o física interpuesta. El funcionario Ismael Crespo Martínez, con dedicación completa y cargo de dirección unipersonal presta muy diversos servicios remunerados recibiendo pagos internacionales que deberían estar declarados fiscalmente, utilizando recursos de titularidad pública en beneficio propio según es público y notorio, pero nunca fue investigado eficazmente, ni enjuiciado, hasta ahora.
Para documentar alguno de los muchos negocios o servicios remunerados del funcionario Ismael Crespo Martinez basta buscar en Google por su relación con César Acuña Peralta, que es propietario de la Universidad Cesar Vallejo, Universidad Señor de Sipán o Universidad Autónoma del Perú y también del fraudulento Harvard College de Piura (ha sido sancionado por la autoridad peruana INDECOPI con una multa por uso indebido del nombre de Harvard), y entre otras muchas noticias de diversos medios españoles y peruanos, puede destacarse por su relevancia indiciaria y probatoria la publicada en
https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/perfil-aneca-peru-universidad-complutense_1_1725590.html
Los negocios del funcionario Ismael Crespo Martínez son conocidos por el Rector de la Universidad de Murcia, Prof. Dr. José Luján Alcaraz (Catedrático en el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social) según la
solicitud de transparencia en www.cita.es/rector-empresa-ismael-crespo.pdf
La relación entre el funcionario Ismael Crespo Martínez y César Acuña Peralta, político (actual gobernador de la Región de La Libertad) y también empresario (propietario de varias muy grandes universidades privadas en Perú, y también del César Vallejo College con sede en Miami, Florida, Estados Unidos), les han posibilitado muy diversos negocios internacionales, durante dos décadas.
Tanto César Acuña Peralta como Ismael Crespo Martínez han estado relacionados con tesis doctorales y artículos de autoría controvertida. César Acuña Peralta se jactó en varios programas de televisión y entrevistas publicadas de haber dispuesto de un “equipo de redacción” para elaborar su muy controvertida tesis en la Universidad Complutense, con una presunta falsa autoría reconocida, sino que también es inadmisible por, al menos, 24 plagios detectados y publicados en el escrito dirigido a instancias de Perú así:
https://www.miguelgallardo.es/transparencia-falsos-autores
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría General, Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción (atn. MARIA ELISA NOAIN MORENO Funcionaria Responsable de Acceso a la Información Pública) en respuesta a su CARTA N° 1424-2022-JUS/OILC-TAI (Exp. N° 462254-2022MSC)
Cc: Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, Fiscalía (atn. fiscales de Lima Milagro Milla, Luz Taquire y Marita Barreto), Procuraduría SUNEDU e INDECOPI por solicitud publicada en https://www.cita.es/transparencia-falsos-autores.pdf
Y también a se ha puesto en conocimiento de las autoridades españolas, y en especial, a la atención del Ministro de Universidades Joan Subirats Humet, así:
https://www.miguelgallardo.es/fraude-tesis-firmado.pdf https://cita.es/fraude-tesis-firmado-ministro.pdf y Fiscal
Autoridad (universitaria) y Fiscalía a la que corresponda esta DENUNCIA con solicitudes publicadas en https://www.cita.es/fraude-tesis.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/tesis-en-venta-con-falsa-autor%25C3%25ADa-fraudulenta-denuncia
Los enlaces y documentos adjuntos que ya constan en el Ministerio de Universidades y en la Universidad Complutense de Madrid evidencian un negocio múltiple, con muy diversos servicios del funcionario público Ismael Crespo Martínez con César Acuña Peralta, durante muchos años. Pero también ponen en conocimiento de las autoridades, y de la Fiscalía, un creciente negocio internacional de falsas autorías publicitado en Google. Sin embargo, pasados varios meses, los aquí denunciantes no tienen ninguna noticia, ni siquiera acuse de recibo, de lo que entonces denunciábamos así:
1º Es “notitia criminis” la publicidad pagada que ofrece tesis y otros trabajos para obtener títulos universitarios fraudulentamente. Buscando en Google “tesis” se ve:
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Más evidencias recopiladas en PDF https://cita.es/fraude-tesis-evidencias.pdf
2º Los fraudes por FALSA AUTORÍA de tesis en las titulaciones universitarias, especialmente si son habilitantes para el ejercicio de profesiones reguladas, son actos delictivos que, hasta ahora, ningún juzgado ha condenado. Ni siquiera tenemos noticia de que se haya investigado la FALSA AUTORÍA de tesis por denuncia de particulares, policías, fiscales o autoridades académicas pese a conocerse y estar documentados casos extremos como el de César Acuña Peralta que se jactó públicamente de haber utilizado un “equipo de redacción” para conseguir su controvertido doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente, como fundador y propietario de la Universidad César Vallejo en el Perú, ser el último responsable de cientos de tesis para obtener titulaciones habilitantes, como la del ex presidente de la República Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes. La fiscal de Madrid Marta Columna Martín ha de reconocer todo esto:
https://www.miguelgallardo.es/transparencia-falsos-autores
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría General, Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción (atn. MARIA ELISA NOAIN MORENO Funcionaria Responsable de Acceso a la Información Pública) en respuesta a su CARTA N° 1424-2022-JUS/OILC-TAI (Exp. N° 462254-2022MSC)
Cc: Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, Fiscalía (atn. fiscales de Lima Milagro Milla, Luz Taquire y Marita Barreto), Procuraduría SUNEDU e INDECOPI por solicitud publicada en https://www.cita.es/transparencia-falsos-autores.pdf
3º Por tanto, NO ES COSA JUZGADA ninguna FALSA AUTORÍA de tesis para obtener fraudulentamente titulaciones universitarias, pero la tendencia al presunto fraude académico por FALSA AUTORÍA de tesis es creciente hasta el punto de estar industrializándose en todo el mundo, mucho más en los países como España o Perú en los que nunca se ha enjuiciado ninguna FALSA AUTORÍA de ninguna tesis en ninguna universidad, pública o privada, por descaradas que fueran las jactancias de los titulados fraudulentamente y notorios que fueran los indicios racionales de FALSA AUTORÍA. También es cierto que las técnicas de atribución de autoría no se han desarrollado ni en España ni en Perú, por lo que se conocen muchos anónimos delictivos que los supuestos expertos de la Policía son incapaces de atribuir. El problema criminalístico es tecnológicamente equivalente, pero en las FALSAS AUTORÍAS de tesis su comercialización publicitada posibilita la utilización de entregas controladas o vigiladas, agentes encubiertos y colaboración eficaz de testigos protegidos o autores arrepentidos de haber participado en ese “negocio”.
4º La ignorancia inexcusable, o IGNORANCIA DELIBERADA de las autoridades, y en especial, de fiscales de Madrid como Marta Columna Martín en el P.O. 1140/2018 del Juzgado de Primera Instancia nº 16 y antes de la fiscal Beatriz Orduna Navarro en Diligencias 2190/2016 del Juzgado Instrucción 42, así como cuanto sea responsabilidad por omisión dolosa de los autores del dictamen 125/17 de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid debería ser tipificada como delito del art. 408 del Código Penal. En el Perú, son muy numerosas las actuaciones de la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, especialmente la Oficina de Control de la Magistratura OCMA en relación a César Acuña Peralta y sus universidades privadas cuyas tesis, publicadas o no, como es el caso de la del ex presidente Pedro Castillo, presentan pautas fraudulentas descritas en PDF de 29 páginas en http://www.miguelgallardo.es/congreso-fiscales-sunedu-indecopi.pdf
Varios rectores, incluyendo a los de la Universidad de Murcia y Complutense de Madrid, conocen las gravísimas irregularidades y las presuntas falsedades de autorías relacionadas con César Acuña Peralta y sus negocios, porque han recibido y tramitado el escrito que los aquí denunciantes les dirigieron así:
https://cita.es/rector-turnitin-firmado.pdf
RECTOR y responsables del TURNITIN en la Universidad por solicitud publicada en https://www.miguelgallardo.es/rector-turnitin.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/turnitin-en-universidades-p%25C3%25BAblicas-debe-someterse-de
incluyendo muy relevantes documentos adjuntos sobre falsas autorías en
https://cita.es/equipo-redactor-tesis.pdf y también https://cita.es/plagiosos.pdf
La detección de textos académicos o científicos fraudulentos, publicados o no, tanto por sus plagios, como más aún por sus falsas autorías, requiere auténticos expertos en las áreas de conocimiento, mucho tiempo y enormes esfuerzos intelectuales para evidenciar los fraudes. Sin embargo, el negocio del fraude, y el cohecho, es mucho más fácil de probar mediante los pagos de los falsos autores a los auténticos autores de tesis y artículos científicos.
Tanto las declaraciones del modelo 347 de la AEAT con los ingresos y pagos declarados por sus sociedades mercantiles o entidades diversas que controla el funcionario público Ismael Crespo Martínez, y más aún los cobros omitidos, como también los archivos y registros de la Universidad de Murcia, hacen prueba de las acciones y omisiones relevantes y pertinentes que son indicios racionales de criminalidad internacional, presuntamente muy bien organizada.
3º También se han utilizado recursos de titularidad pública en la Universidad Politécnica de Cartagena UPCT en beneficio de varias entidades extranjeras, y en especial, de universidades árabes, lucrándose empleados públicos en otras varias universidades públicas, y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC, con pagos que recibieron indebidamente cometiendo así presuntos delitos de malversación y cohecho continuado, posiblemente en concurso con otros diversos delitos contra la Administración, en muy grave perjuicio de bienes jurídicos protegibles de oficio e incluso, con presunta organización criminal internacional. Los indicios racionales de criminalidad son públicos y notorios considerando, entre otras muchas más, las noticias:
https://www.laverdad.es/murcia/catedratico-upct-capta-empresa-tapadera-cientificos-espanoles-20230420133121-nt.html
LA VERDAD El profesor que medió con un campus saudí 'fichaba' a través de su empresa El catedrático Juan Luis García Guirao declaró el martes a LA VERDAD que nunca cobró por esa intervención, pero El País reveló este jueves que actuaba a través de una sociedad que creó en 2015 LA VERDAD Jueves, 20 de abril 2023, 13:31 | Actualizado 22:23h. El escándalo en el mundo de la ciencia española desvelado por el diario 'El País' (la afiliación de investigadores españoles de prestigio a instituciones saudíes deseosas de mejorar su posición en los 'rankings' internacionales), salpica de lleno a nuestra Región, al aparecer implicado en esos fichajes un catedrático de Matemáticas, Juan Luis García Guirao, de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Guirao dijo el pasado martes a LA VERDAD que nunca había cobrado de la Universidad saudí Rey Addulaziz y que se limitó a poner en contacto a esa institución con investigadores españoles de la lista de Highly Cited Researchers (que incluye a los científicos más citados y prestigiosos del mundo). Sin embargo, el diario 'El País' reveló que el profesor del campus cartagenero utilizaba presuntamente una empresa creada en 2015 para llevar a cabo intermediación, por la que habría cobrado de la universidad saudí. La citada empresa es una consultora llamada UP4 Institute of Science, en la que el propio García Guirao figura como apoderado y que cuenta como administradora única a Yolanda Guerrero Sánchez, profesora asociada de Anatomía Humana de la Universidad de Murcia y pareja del catedrático. Según los datos aportados por 'El País', la consultora de Guirao declaró una cifra de negocio en 2021 de 724.000 euros. LA VERDAD intentó ponerse en contacto ayer con el investigador señalado, pero esta vez no devolvió los mensajes. Más información Científicos del Cebas relatan cómo universidades saudíes intentaron comprarlos sin éxito Como detalló este periódico este miércoles, la Universidad Politécnica de Cartagena ha abierto una investigación para comprobar el grado de implicación de este investigador con los hechos denunciados. Según fuentes del Rectorado, se está a la espera de un informe solicitado a la CRUE, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. La UPCT, que es víctima de este comportamiento presuntamente alejado de la ética científica, es una institución pública que deberá seguir procedimientos ajustados al derecho administrativo público para calibrar el alcance de este dudoso comportamiento de uno de sus catedráticos. La consultora del catedrático de Matemáticas alcanzó una cifra de negocio de 724.000 euros en 2021. Otros científicos de la Región relataron a LA VERDAD cómo universidades de Arabia Saudí intentaron comprarlos sin éxito al ofrecerles dinero para declarar falsamente que su trabajo principal era en campus árabes para auparlas en los 'rankings'. A través de un 'mail' primero, y de un intermediario después, que no identificaron con nombre y apellidos, trataron de convencerlos para que cambiaran su afiliación. Uno de estos investigadores murcianos que rechazaron la oferta, Juan Carlos Espín, del Cebas, declaró a este diario que «recibí la llamada de un profesor de la Politécnica de Cartagena al que no conocía que me dijo que si ponía como primera afiliación a esta universidad árabe (King Abdulaziz) me podría suponer un beneficio económico privado, que tasó inicialmente en 20.000 euros además de otro dinero para 'gastos' mediante una 'colaboración' con la universidad». Otros dos científicos del Cebas, Victoria Selma y Antonio González Sarrías, tampoco aceptaron la oferta económica de universidades saudíes y mostraron su indignación con esta práctica fraudulenta. Escalar posiciones La intermediación de Guirao fue citada por 'El País' en una información en la que se afirma que Arabia Saudí habría pagado a científicos españoles para escalar posiciones en el 'ranking' de Shanghái, que clasifica a las mejores universidades del mundo. Según ese periódico, más de una decena de investigadores en España habrían declarado que su trabajo principal se realiza en instituciones árabes para ayudarlas a subir artificialmente en las clasificaciones académicas, aunque en realidad trabajan en universidades españolas. Esta firma tiene como administradora a una profesora asociada de la Universidad de Murcia y Guirao como apoderado Según informa 'El País', García Guirao metía prisa a los investigadores para que declarasen la Universidad Rey Abdulaziz como su lugar de trabajo principal, antes de que expirase el plazo para modificar la base de datos de los Highly Cited Researchers de Clarivate. «Esto hay que hacerlo antes del día 16 de octubre, ya después no se puede actualizar», advertía García Guirao. El rotativo madrileño explica, asimismo, que la empresa UP4 Institute of Sciences fue creada en 2015 con el objeto social de promocionar la investigación en problemas matemáticos, publicar revistas científicas y organizar congresos. Aquel año, García Guirao anunció en su página web que había sido nombrado editor jefe de la nueva revista especializada 'Applied Mathematics and Nonlinear Sciences', publicada por 'UP4 Institute of Sciences', ocultando que es su propia empresa.
Los mismos hechos penalmente relevantes también están publicados en
https://elpais.com/ciencia/2023-04-20/un-catedratico-capta-con-su-empresa-tapadera-a-cientificos-espanoles-para-que-mientan-y-digan-que-trabajan-en-una-universidad-saudi.html
Un catedrático capta con su empresa tapadera a científicos españoles para que mientan y digan que trabajan en una universidad saudí Una compañía del matemático Juan Luis García Guirao intermedia y cobra para que los investigadores declaren que trabajan en la Rey Abdulaziz y así auparla artificialmente en el ‘ranking’ de las mejores universidades del mundo Juan Luis García Guirao, durante una jornada de teletrabajo en abril de 2020. Juan Luis García Guirao, durante una jornada de teletrabajo en abril de 2020. UPCT Manuel Ansede MANUEL ANSEDE 20 ABR 2023 - 09:51 UTC El matemático Juan Luis García Guirao presume de haber sido el catedrático más joven de España. En 2011, con 33 años, alcanzó esa categoría en la Universidad Politécnica de Cartagena. Era un prometedor investigador experto en problemas aplicables en ingeniería. Una investigación de EL PAÍS revela ahora que García Guirao actúa desde hace años como intermediario de la Universidad Rey Abdulaziz, en Yeda (Arabia Saudí), y se lleva comisiones si logra convencer a científicos españoles para que mientan y declaren que trabajan en la institución saudí, para auparla artificialmente en las clasificaciones de las mejores universidades del mundo. El ranking de Shanghái es el más influyente del planeta. Sus autores, especialistas chinos de la Universidad Jiao Tong, evalúan a miles de instituciones académicas en función de un puñado de factores, como el número de ganadores del Nobel y la cantidad de profesores incluidos en los llamados Highly Cited Researchers. Esta lista, elaborada por la empresa inglesa Clarivate, muestra a los 7.000 científicos cuyos estudios son más citados por otros colegas. Los elegidos se conocen cada año en otoño. García Guirao aprovechaba ese momento, en el que los investigadores tienen que verificar su lugar de trabajo, para contactar con los nuevos highly cited españoles y transmitirles la oferta saudí. “Hola, soy Juan Luis García Guirao, de la Universidad Politécnica de Cartagena, me gustaría que charláramos. Dime cuándo y dónde te puedo llamar”, se presentó el catedrático en un mensaje enviado a un científico español de la lista de los Highly Cited Researchers, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El matemático utilizó su correo académico y firmó con el logotipo de la institución murciana. “Se trata de una convocatoria de proyectos de una universidad saudita que quiero discutir contigo”, añadió. El catedrático habló finalmente por teléfono con el científico muy citado y le trasladó una oferta supuestamente en nombre de la Universidad Rey Abdulaziz: un proyecto de colaboración de 12.000 dólares anuales (unos 10.900 euros, al cambio actual), a través del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, que regula las colaboraciones con otras entidades. El acuerdo incluía una cláusula insólita: la exigencia urgente de que el investigador español mintiese en la base de datos de los Highly Cited Researchers y declarase que su lugar de trabajo principal es la institución saudí. Más información NASHVILLE, UNITED STATES - AUGUST 04: Microbiologists with the AEGIS Sciences Corporation process Covid-19 and Monkeypox tests at its facility in Nashville, Tennessee, United States on August 04, 2022. (Photo by Nathan Posner/Anadolu Agency via Getty Images) Se nos pudre la ciencia “Para el tema de gestionar los cobros, la universidad [saudí] se ha cogido una consultora española que es quien va a firmar un artículo 83 con tu universidad, por lo que los cobros son limpios y transparentes”, proseguía después por escrito el catedrático. La consultora de la que hablaba como algo ajeno era UP4 Institute of Sciences, una empresa fundada en 2015 con el propio García Guirao como apoderado. La administradora única es Yolanda Guerrero Sánchez, profesora asociada de Anatomía humana en la Universidad de Murcia, quien, según fuentes de la institución, es pareja del matemático. La sede de la empresa está en Cartagena, en una zona de viviendas adosadas a 500 metros de la playa del Corral. Su cifra de negocio en 2021 alcanzó los 724.000 euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. García Guirao metía prisa a los investigadores para que declarasen la Universidad Rey Abdulaziz como su lugar de trabajo principal, antes de que expirase el plazo para modificar la base de datos de los Highly Cited Researchers de Clarivate. “Esto hay que hacerlo antes del día 16 de octubre, ya después no se puede actualizar”, advertía el catedrático. “Solo en Clarivate, en las demás bases a ellos les da igual”. La mudanza ficticia solo se detectaba en esa página web, esencial para escalar puestos en el ranking de Shanghái de las mejores universidades del mundo. “Si todo te parece bien, le paso tu correo a la consultora para iniciar el papeleo”, añadía García Guirao, hablando siempre de la empresa como si no fuese suya. Una persona que firmaba como David Palomares, de UP4 Institute of Sciences, escribió entonces al investigador tentado por la oferta saudí: “Es necesario que nos pase una captura de pantalla en donde se confirme que ha cambiado su primera afiliación a la Universidad Rey Abdulaziz”. Ante las dudas del científico, la persona que firmaba como David Palomares subía la oferta a 18.000 dólares al año, además de comprometerse a pagarle los gastos de publicación de cuatro investigaciones “que lleven un autor de la Universidad Rey Abdulaziz que ya se le facilitará para cada uno de estos estudios”. El propio García Guirao también pedía colocar a autores fantasmas saudíes en los trabajos realizados por los highly cited, según grabaciones de voz a las que ha tenido acceso este periódico. Contrato de la Rey Abdulaziz ofrecido a un científico español, con la empresa de García Guirao como beneficiaria de 48.000 dólares. Contrato de la Rey Abdulaziz ofrecido a un científico español, con la empresa de García Guirao como beneficiaria de 48.000 dólares. La sorpresa mayúscula llegó después. El matemático Ahmed Alsaedi, de la Universidad Rey Abdulaziz, envió al científico muy citado el contrato que tendría que firmar. La institución árabe se comprometía a pagar 48.000 dólares al año —30.000 más de lo acordado—, pero el beneficiario no era el investigador español, sino la cuenta de UP4 Institute of Sciences en una oficina bancaria murciana. EL PAÍS preguntó el miércoles a Juan Luis García Guirao si Yolanda Guerrero, administradora única de esa empresa, y él son pareja, como sugieren sus fotos juntos en redes sociales y apuntan fuentes de la universidad, y si ambos montaron en 2015 esta empresa como tapadera para cobrar comisiones de la universidad saudí. El catedrático ha leído los mensajes, pero no ha contestado ni coge el teléfono. Este periódico también ha preguntado por escrito a Guerrero, sin recibir respuesta por el momento. García Guirao habló por primera vez con este periódico el día 13. Preguntado sobre si actuaba de intermediario para la universidad saudí, el catedrático solo reconoció haber captado a la psiquiatra japonesa Ai Koyanagi, que es una de las científicas más citadas del mundo en parte porque publica una cantidad increíble de estudios: uno cada tres días. Koyanagi, que trabaja en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) en el Instituto de Investigación Sant Joan de Déu, aceptó mentir en septiembre de 2022 y declarar como empleador principal la Universidad Rey Abdulaziz. La fundación pública que le paga el sueldo, la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA), obligó el lunes a Koyanagi a renunciar al contrato saudí, después de que EL PAÍS destapara que 11 científicos en España mienten y declaran una universidad del país árabe como lugar de trabajo principal. “Yo he contactado exclusivamente con esta chica japonesa, no he contactado con nadie más”, afirmó García Guirao el día 13. “Yo no he cobrado nunca, tengo una relación exclusivamente científica con ellos. De hecho, nunca he ido allí ni he pisado la Universidad Rey Abdulaziz”, aseguró el catedrático de Cartagena. El matemático también negó que pidiera incluir coautores fantasmas saudíes: “Yo no tengo ni idea de eso”. El día 14, el experto en dátiles José Ángel Pérez, catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche, confesó a este periódico que también le había contactado Juan Luis García Guirao. Pérez, otro miembro de los Highly Cited Researchers, mintió en la base de datos y declaró en 2020 que su lugar de trabajo principal era la Universidad Rey Abdulaziz. Sin embargo, en plena pandemia, el contrato saudí no se llegó a firmar y no recibió dinero, según ambas partes. Ese mismo día 14, EL PAÍS volvió a preguntar por escrito a García Guirao, y el matemático reconoció que sí contactaba con científicos españoles para hacerles ofertas saudíes, pero repitió que lo hacía gratis. El lunes, en conversación telefónica, el catedrático de Cartagena insistió: “Yo no he tenido ningún beneficio. Puedo enseñar mi declaración de la renta. Me ofende intensamente”. Según él, su único interés es fomentar “la ciencia colaborativa”. Dos de los científicos españoles que declararon en 2022 que su lugar de trabajo principal es la Universidad Rey Abdulaziz son Rubén Domínguez y Mirian Pateiro, dos investigadores del Centro Tecnolóxico da Carne, una entidad dependiente de la Xunta de Galicia en San Cibrao das Viñas (Ourense). Una portavoz de la Consejería de Medio Rural de la Xunta explica que Domínguez y Pateiro son trabajadores temporales, con cargo a proyectos científicos concretos. “Ambos investigadores mantuvieron una relación mercantil con UP4 Institute of Sciences en los meses que no estuvieron contratados en el Centro Tecnolóxico da Carne”, detalla la portavoz de la Xunta. Ninguno de los dos ha respondido a los insistentes mensajes y llamadas de este periódico. La empresa murciana UP4 Institute of Sciences fue creada en 2015 con el objeto social de promocionar la investigación en problemas matemáticos, publicar revistas científicas y organizar congresos. Aquel año, García Guirao anunció en su página web que había sido nombrado editor jefe de la nueva revista especializada Applied Mathematics and Nonlinear Sciences, publicada por UP4 Institute of Sciences, ocultando que es su propia empresa. La Universidad Politécnica de Cartagena desconocía sus actividades de intermediación y ha iniciado una investigación, según ha explicado este jueves la rectora, la química Beatriz Miguel Hernández, a este diario. Mario Estévez, profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura, en la plaza Mayor de Cáceres, el miércoles. Mario Estévez, profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura, en la plaza Mayor de Cáceres, el miércoles. JUAN LUIS ROD El veterinario Mario Estévez, de la Universidad de Extremadura, es otro de los científicos más citados del mundo. Cuenta que recibió una llamada de García Guirao en 2020 y rechazó la oferta saudí porque implicaba “ser profesor sin ser profesor, sin clases, sin colaboraciones de investigación reales”. Estévez, especializado en la oxidación de los alimentos y en su influencia sobre la salud, dudó de la legalidad de la propuesta saudí, planteó opciones alternativas y no recibió respuesta. El veterinario incide en la precariedad de la ciencia en España. “Aun así, hay quien se niega a vender su prestigio y el de su universidad pública española a un país al que lo único que le interesa es comprar prestigio y calidad, no generarla. Además, Arabia Saudí es una dictadura repulsiva”, zanja Estévez. El investigador de la Universidad de Extremadura pide que este escándalo no manche la imagen de la ciencia. “Esto que ha sucedido da mala fama a una disciplina a la que la mayoría nos dedicamos honestamente, con rigor y decencia, y por mucho menos de lo que se paga en la empresa privada o en universidades extranjeras”, argumenta Estévez. “Trabajamos a destajo, a veces incluso sin reconocimiento alguno de nuestras propias instituciones. Nunca he recibido ni un triste e-mail de enhorabuena por parte de ningún cargo institucional de mi Universidad de Extremadura, ninguna de las dos veces que aparecí en la lista de investigadores más citados y más influyentes. Ni un enhorabuena ni un gracias ni un nada. El silencio. Y, aun así, no nos vendemos”.
https://elpais.com/opinion/2023-04-21/investigadores-comprados.html
Investigadores comprados. Los petrodólares logran para las universidades de Arabia Saudí un ficticio alto puesto en los ‘rankings’ de la investigación mundial El descubrimiento de que un puñado de profesores falsificaba su filiación académica a cambio de sustanciales cantidades en dólares ha puesto al descubierto la frenética carrera que algunos investigadores aceptan para que universidades ricas mantengan su nombre en lo alto de los rankings de las mejores universidades del mundo, según una investigación de este periódico…
Y con más detalles y algunas precisiones probatorias bien documentadas en https://elpais.com/ciencia/2023-04-18/arabia-saudi-paga-a-cientificos-espanoles-para-hacer-trampas-en-el-ranking-de-las-mejores-universidades-del-mundo.html
Los ingresos de todos los empleados públicos, al márgen de su salario, y más aún, si hay sociedades mercantiles que intermedian, son relativamente fáciles de probar mediante el modelo 347, y si hubo pagos no declarados en sus respectivos modelos 347, incluso podría existir fraude fiscal internacional. Los datos mercantiles de la empresa presuntamente utilizada para intermediar entre empleados públicos y universidades extranjeras son lo siguientes:
Denominación social: UP4 INSTITUTE OF SCIENCES SL
C/ ISLA DE LA BAHIA 8 Bl.3 - 4, VIVIENDA 70, FINC (CARTAGENA).
Y según datos de https://www.empresia.es/empresa/up4-institute-of-sciences/
Cargos directivos
Entidad |
Relación |
Desde |
Hasta |
Apoderado |
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Adm. Unico |
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3º La malversación de los recursos de titularidad pública para lucro privado es evidente si se hace cualquier uso de sistemas antiplagio como Turnitin. Sobre el ilícito y fraudulento uso para FALSAS AUTORÍAS del Turnitin pagado con fondos públicos para lucro privado también hay una denuncia administrativa presentada ante la Comisión Nacional de la Competencia CNMC, publicada en
https://cita.es/cnmc-turnitin-firmado.pdf https://cita.es/cnmc-turnitin-justificante.pdf https://cita.es/cnmc-tribunal-de-cuentas
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC
Cc: Ministerio de Universidades y Ministerio de Ciencia e Innovación
DENUNCIA publicada en http://www.miguelgallardo.es/cnmc-turnitin.pdf
con 3 ANEXOS https://cita.es/turnitin-licencia.pdf https://cita.es/turnitin-suelto.pdf https://cita.es/turnitin-dilema.pdf
4º También hay presunta malversación de recursos públicos en todos los pagos a las editoras de revistas, y más aún de cualquier servicio editorial que sirva para facilitar publicaciones a supuestos investigadores cuyos méritos son muy inferiores a los que ni pagan, ni hacen que se pague con fondos públicos por publicar, ni tampoco pagan nunca por ningún servicio editorial corrupteloso. Existe un cártel u oligopolio editorial, también ya denunciado en
https://cita.es/cnmc-revistas-firmado.pdf https://cita.es/cnmc-tribunal-de-cuentas
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC
Cc: Fiscalía del Tribunal de Cuentas para enjuiciamiento contable de la denuncia publicada en https://www.miguelgallardo.es/cnmc-revistas.pdf
2 ANEXOS https://cita.es/editoriales-concertadas.pdf y https://cita.es/revistas-censuradoras.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/editoriales-de-revistas-cient%25C3%25ADficas-denunciadas-ante
y además, se están ofreciendo por correo electrónico servicios “ad hoc” más descarados aún que los publicados en https://cita.es/springer-business.pdf
5º La Universidad Politécnica de Madrid UPM no solamente ha consentido todo un entramado societario en el que se ha llegado a registrar en Austin, Texas, Estados Unidos, una sociedad denominada “Universidad Politécnica de Madrid Limited Liability Company (LLC)” y otra en Querétaro, México, sino que sus vicerrectores han administrado una Sociedad de Inversión Colectiva (SICAV) gestionada por banca de Andorra y Suiza llamada Jerigondor, SA y una Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo SGECR llamada Axon Capital SA, lo que se ya se ha puesto en conocimiento de las autoridades mediante un escrito registrado en REDASARA que fue dirigido hace meses al Ministro de Universidades Joan Subirats Humet (atn. Marta Cruells López), viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación de la Comunidad de Madrid, Fidel Rodríguez y secretaria general de Innovación, Teresa Riesgo por DENUNCIA publicada en https://www.miguelgallardo.es/joan-subirats-humet.pdf
6º Es público y notorio que recursos de titularidad pública en la Universidad de Córdoba UCO han servido a varias entidades extranjeras, y en especial, a universidades árabes, lucrándose empleados públicos con pagos cometiendo presuntos delitos de malversación y cohecho continuado, posiblemente en concurso con otros diversos delitos contra la Administración, en muy grave perjuicio de bienes jurídicos protegibles de oficio e incluso, con presunta organización criminal internacional. Los indicios racionales de criminalidad son públicos y notorios considerando, entre otras muchas más, las noticias:
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/trabajos-rafael-luque-arabia-saudi-penalizaron-universidad-cordoba-ranking-shanghai_1_10134368.html
Los mismos hechos penalmente relevantes también están publicados en
https://elpais.com/opinion/2023-04-21/investigadores-comprados.html
Investigadores comprados. Los petrodólares logran para las universidades de Arabia Saudí un ficticio alto puesto en los ‘rankings’ de la investigación mundial El descubrimiento de que un puñado de profesores falsificaba su filiación académica a cambio de sustanciales cantidades en dólares ha puesto al descubierto la frenética carrera que algunos investigadores aceptan para que universidades ricas mantengan su nombre en lo alto de los rankings de las mejores universidades del mundo, según una investigación de este periódico…
Y con más detalles y algunas precisiones probatorias bien documentadas en https://elpais.com/ciencia/2023-04-18/arabia-saudi-paga-a-cientificos-espanoles-para-hacer-trampas-en-el-ranking-de-las-mejores-universidades-del-mundo.html
Los hechos aquí denunciados no son casos aislados, sino un muy perverso “modus operandi” generalizado en muchas universidades públicas españolas incluso con ilegales empresas de funcionarios públicos, que parasitan a las Administraciones, como bien saben numerosos fiscales, muy censurables (alguno, probadamente, partícipe activo del mismo tipo de presuntos delitos).
Y además, algunas sociedades mercantiles, como es el caso de DIDO CONSULTING, ENEA CONSULTING y UP4 INSTITUTE OF SCIENCES (aunque con toda probabilidad existirán muchas más con el mismo propósito) intermedian en las operaciones internacionales presuntamente fraudulentas relacionadas con falsas autorías de publicaciones académicas y científicas.
En resumen, al menos en las provincias de Madrid, Murcia y Córdoba (en las noticias citadas se mencionan también varias universidades de Cataluña y Extremadura entre otras, y a empleados públicos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en varias provincias más), numerosos funcionarios públicos han recibido dinero en presuntos cohechos continuados, propios e impropios, por presuntas falsas autorías, cometiendo presuntos fraudes internacionales con entidades y personas peruanas y saudíes, y, además, han hecho uso de recursos públicos de sus respectivas universidades en presunta malversación, sin perjuicio de que puedan existir otros delitos en concurso (tráfico de influencias y negociaciones u otras acciones prohibidas a funcionarios) perseguibles de oficio, así como su IGNORANCIA DELIBERADA.
Por lo expuesto, se SOLICITA que teniendo por presentada esta denuncia penal por presunta malversación y cohecho continuado por falsas autorías, se requieran las declaraciones de los los modelos 347 y cuantos datos sobre ingresos y pagos de las personas físicas y jurídicas mencionadas en las publicaciones que se referencian y adjuntan, o cualquier otra diligencia que resulte más eficaz para instruir todos los hechos con relevancia penal aquí denunciados, al menos, en relación a todas las sociedades mercantiles administradas por el funcionario Ismael Crespo Martínez DIDO CONSULTING SL CIF B73655730, ENEA CONSULTING SL CIF B84453174 y otras entidades no mercantiles que el mismo controle, y también deben requerirse a la Agencia Tributaria todos los ingresos y pagos de UP4 INSTITUTE OF SCIENCES SL en C/ ISLA DE LA BAHIA 8 Bl.3 - 4, VIVIENDA 70, FINC (CARTAGENA) y los de sus cargos mercantiles (también empleados públicos)
Apoderado |
desde 16/06/2015 |
|
|
Adm. Unico |
desde 08/06/2015 |
Proponemos que el Juzgado requiera informe detallado sobre los hechos aquí denunciados a todos y cada uno de los rectores de las universidades que se mencionan en esta denuncia (Murcia UMU, Complutense UCM, Politécnica de Cartagena UPCT, Politécnica de Madrid UPM y Córdoba UCO), así como a los Ministerios de Universidades y de Ciencia e Innovación del Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC, por lo ya citado.
OTROSÍ 1 digo, que el denunciante Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz (PhD) está a la disposición del funcionario público que precise más explicaciones o referencias adicionales a las aquí ofrecidas, por el teléfono de APEDANICA 902998352.
OTROSÍ 2 digo, que en caso de denegación de lo solicitado, pedimos resolución motivada con pie de recurso, incluyendo cuanto informe el Ministerio Fiscal sobre los hechos denunciados, sin perjuicio ni renuncia de otros derechos.
Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz (PhD), Ingeniero de Minas por la UPM y criminólogo por UCM se hace plenamente responsable, s.e.u.o., de todos los datos y documentos que están publicados en los dominios cita.es y miguelgallardo.es y en
MALVERSACIÓN UNIVERSIDAD site:cita.es | site:miguelgallardo.es
FALSAS AUTORÍAS site:cita.es | site:miguelgallardo.es
Turnitin site:cita.es | site:miguelgallardo.es
Por ser de hacer Justicia que pedimos la fecha de registro de este escrito en PDF.
@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail:
@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
https://cita.es/cohechos-internacionales-firmado.pdf
Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional que corresponda DENUNCIA publicada en https://www.miguelgallardo.es/cohechos-internacionales.pdf
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