COMUNICADO CONJUNTO SOBRE LAS TASAS JUDICIALES

02 Agosto 2016  Sección; Especiales 1055 votos

Recientemente, se ha hecho pública la Sentencia del Tribunal Constitucional

dictada en el recurso de inconstitucionalidad nº 973-2013, interpuesto por el

Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, contra los

arts. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 11 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se

regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

El Tribunal Constitucional anula el art. 7.1 de la Ley en lo relativo a personas

jurídicas; en concreto las siguientes tasas: la de 200 euros para interponer el

recurso contencioso-administrativo abreviado y la de 350 euros para interponer

el recurso contencioso-administrativo ordinario; la de 800 euros para promover

rec

urso de apelación y de 1.200 euros para los recursos de casación y

extraordinario por infracció

n procesal, en el orden civil; la de 800 euros para el

recurso de apelación y 1.200 euros para el recurso de casación en cualquiera

de sus modalidades, en el orden contencioso- administrativo;

así como también

la nulidad de la tasa de 500 euros para el recurso de suplicación y 750 para el

de casación en cualquiera de sus modalidades, ambos del orden social.

Igualmente, declara la nulidad de la cuota varia

ble para las personas jurídicas,

recogida en el art. 7.2 de la Ley recurrida.

Jueces para la Democracia, Sindicato de Letrados de la Administración de

Justicia, Unión Progresista de Fiscales y Unión Progresista de Secretarios

Judiciales compartimos los argumentos del Alto Tribunal cuando recuerda que

en un Estado social y democrático de Derecho que propugne como valores

superiores de su ordenamiento jurídico la justicia y la igualdad (art. 1.1 CE), el

pago de un tributo no puede obstaculizar el ejercicio de los derechos. Y es que

el pago de tasas judiciales puede generar campos de impunidad, en especial

frente a la Administración Pública, impidiendo o limitando el ejercicio de la

tutela judicial efectiva de la mayoría de la población.

Lamentamos, no obstante, que el Tribunal, en primer lugar, no haya querido

pronunciarse sobre el mayor grueso del recurso de inconstitucionalidad, los

arts. 2, 5, 6 y 11 de la Ley 10/2012, bajo el argumento de falta de justificación

de la demanda. Esta visión excesivamente dependiente de la demanda de

inconstitucionalidad no responde a la configuración que le dio el constituyente

español al Alto Tribunal, como tampoco a cualquier tribunal ordinario, que tiene

la facultad de resolver conforme a Derecho con independencia del acierto del

escrito iniciador del proceso [art. 218 de la LEC, aplicable al proceso ante el TC

(art. 80 LOTC)].

También se ha negado el Tribunal a examinar el art. 3.1 de la Ley bajo el

argumento de pérdida de sobrevenida de objeto tras la reforma operada por el

Real Decreto-ley 3/2013. Por el mismo motivo, se ha negado a anular el art. 7.2

de la Ley en lo relativo a las personas físicas. Sobre este aspecto, el Tribunal

remite a los sucesivos recursos de amparo que hayan presentado personas

físicas. Consideramos que el Tribunal Constitucional es rehén de su propia

doctrina restrictiva en la lectura en positivo del recurso de inconstitucionalidad y

sus relaciones con el recurso de amparo, puesto que deja el enjuiciamiento de

constitucionalidad de las normas al esfuerzo que desarrolle el particular

persona física por recurrir la aplicación de la ley. Consideramos que el recurso

de inconstitucionalidad, con la legitimación restrictiva establecida en la

Constitución (art. 162), es el mejor instrumento de enjuiciamiento de la validez

constitucional de la ley, con plenos efectos frente a todos (art. 164). Dejar la

validez constitucional de una Ley al esfuerzo personal y económico de cada

persona física con la denuncia constitucional del pago de su tasa, es

inadecuado, antieconómico y desproporcionado, recordando que las

sentencias dictadas en procesos de amparo, al contrario que los de

inconstitucionalidad, no tienen efectos contra todos.

Las asociaciones firmantes proponemos recuperar el sistema de la Ley

25/1986, de 24 de diciembre, de supresión de las Tasas Judiciales. El

ciudadano persona física y la pequeña y mediana empresa ya contribuyen a la

financiación del sistema judicial vía impuestos al igual que en otros servicios

públicos como la sanidad o la educación. Cualquier pago adicional va en

perjuicio a sus derechos y contra el principio de gratuidad establecido en el art.

119 CE. Son las grandes empresas y grandes fortunas las que abusan y

colapsan el sistema, y, en cambio, no son los principales contribuyentes, contra

el principio de capacidad económica establecido en el art. 31 CE. Por estas

razones, desde un principio nos opusimos al sistema de tasas paritarias por

cuantía ya establecido por el art. 35 Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Aún más, nos oponemos

a la Ley 10/2012 y sus sucesivas reformas, que continúa con ese sistema y lo

reduplica con cuantías exorbitantes bajo los principios de paridad, nula

progresividad y gravamen excesivo.

En concreto, y por lo que se refiere a las personas jurídicas, basta con recordar

los argumentos del Tribunal Constitucional al respecto en esta Sentencia. Pese

a la evidencia de que la mayor parte de

las personas jurídicas no tienen una

capacidad económica presunta siquiera aproximada, la Ley 10/2012 no

solament

e no ha impuesto unas cuantías inferiores, sino que la tasa fija en el

caso de los recursos ha aumentado en un 166,66 por 100 tratándose de la

apelación, que ha pasado de los 300 a los 800 euros; y en un 100 por 100 los

de casación -en cualquiera de sus modalidades- y extraordinario por infracción

procesal, al pasar de 600 a 1.200 euros; aparte de gravar

ex novo los recursos

devolutivos del proceso laboral, en cuantías también altas:

suplicación (500

euros) y casación (750 euros).

Finalmente, no podemos pasar por alto una nueva llamada al efecto desaliento

que hace y asume para sí el Tribunal Constitucional. Según precisa, la

declaración de inconstitucionalidad tiene efectos limitados, puesto que no

preserva la situación de cosa juzgada, ni, sobre todo, tiene efectos

pro futuro,

todo bajo la apelación al principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE). Con este

argumento, concede el Tribunal un respiro al gobierno en funciones y al

presupuesto público, puesto que le evita devolver las cantidades ya

recaudadas. Y por el contrario no palía los perniciosos efectos causados a los

justiciables durante estos años. Éstos, o bien no han podido ejercitar sus

derechos o han tenido que hacer un considerable esfuerzo. En esta situación, o

se modifica al LOTC para admitir el control previo de inconstitucionalidad, o

deberá el Tribunal Constitucional reclamar toda su competencia para restaurar

el daño ocasionado por una norma inconstitucional. De lo contrario el sistema

de garantías constitucionales, no sólo queda descuadrado, sino que, además,

queda dañado en su contenido.

En cualquier caso, recordar que, sólo en el primer año de vigencia, el Estado,

único recaudador de la tasa judicial pese a no ser la única administración

pública implicada en la prestación del servicio público de la justicia, ingresó, y

no tendrá que devolver, 306.091.358,50

. Exigimos del actual gobierno en

funciones que explique, cuantifique y dé suficientes justificaciones del destino

que ha dado a estas recaudaciones inconstitucionales. Máxime cuando el

entonces ministro de Justicia, Sr. Ruiz Gallardón, se comprometió a mejorar la

asistencia jurídica gratuita con el dinero procedente de la recaudación de las

tasas.

2 de agosto de 2016

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