O secretario xeral da CIG, Paulo Carril, e o responsábel do sector de Enerxía da CIG-Industria, Fernando Branco, presentaron esta mañá, en rolda de prensa, unha Iniciativa Lexislativa Popular -que se formalizará nos próximo días perante a Mesa do Parlamento- que ten como obxectivo reverter á xestión pública os saltos e aproveitamentos hidráulicos. A ILP contempla ademais a revisión de todas e cada unha das concesións galegas, para ver se están cumprindo as cláusulas establecidas nas mesmas e que, 3 anos antes de que remate unha concesión, a administración inicie xa os trámites administrativos previos para a súa reversión, evitando que regrese ao negocio privado.

Carril lembrou que esta non é a primeira iniciativa da CIG referida a esta cuestión e lembrou a ILP por unha tarifa eléctrica galega, ou a recente proposta defendida pola central sindical sobre unha tarifa eléctrica para a industria electrointensiva. Iniciativas “reais para garantir que enerxía sexa un auténtico servizo público, reverta no desenvolvemento económico e industrial de Galiza, permita a creación de postos de traballo, combata a pobreza enerxética e para que o poder público retome o control, para usos sociais, dos nosos recursos enerxéticos”.

Custos sociais e medio ambientais sen beneficio algún para Galiza

O secretario xeral da CIG subliñou que Galiza é subministradora de enerxía eléctrica para o resto do estado, “exportamos máis do 40% da produción” e que porén, “malia os custos sociais e medio ambientais do espolio dos nosos recursos para a xeración eléctrica, estes non están ao servizo, nin para aproveitamento do pobo galego, nin do desenvolvemento industrial”.

El magistrado que preside el tribunal de jurado encargado de enjuiciar el llamado caso eólico, Pedro Herrera, ha acordado hoy miércoles 13 de junio la suspensión del inicio del plenario ante la incomparecencia de uno de los acusados, A.B., y específicamente al darse la circunstancia de que este imputado, abogado de profesión, se defiende a sí mismo.

  • Un 19% de los hogares declaran estar poco o nada satisfechos con el servicio eléctrico.
  • La banda ancha fija ocupa la segunda posición como servicio peor valorado por los clientes; casi un 57% de las reclamaciones por este servicio se debe a la calidad del servicio.

La factura del usuario medio se encareció en 88 euros con respecto al año anterior. Este enero se ha producido una bajada mensual del 6,1%.

El precio del kWh de electricidad subió un 15,9% en 2017, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. Así, se situó en una media de 15,39 céntimos (12,10 más el 27,1% de impuestos indirectos), frente a los 13,28 céntimos del año anterior (10,44 más impuestos).

FACUA reclama la bajada del IVA de la electricidad y la intervención del sector eléctrico para acabar con la especulación y que sea el Gobierno el que fije periódicamente una tarifa asequible.

El recibo de la luz con las tarifas de este mes de agosto será un 5,6% más caro que hace doce meses, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. El incremento representará 3,81 euros para el usuario medio.

FACUA presenta denuncias ante las autoridades de Competencia y Consumo. La compañía usa ilegalmente los datos de los usuarios de su comercializadora de tarifa regulada para el trasvase al mercado libre.

Cuádruple fraude masivo de Gas Natural Fenosa. FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al grupo energético por usar ilegalmente los datos de los usuarios de su comercializadora de mercado regulado de gas para recomendarles otras tarifas, que en realidad son un 15% más caras. En las cartas enviadas a sus clientes, les asegura además que hará el cambio automáticamente e indica que si no lo quieren, tienen que comunicárselo a la compañía.

El Consejo de Gobierno ha desestimado el recurso de reposición presentado por la entidad Endesa Distribución Eléctrica, SLU, contra el acuerdo de 13 de septiembre de 2016 que le imponía una sanción 400.000 euros por introducir cláusulas abusivas en sus contratos de contadores con posibilidad de telegestión y cobrar precio de alquiler por servicios no prestados. Esta infracción, que afectó a más de 350.000 usuarios de la compañía en la comunidad autónoma, está considerada como muy grave por la vigente legislación de defensa de los consumidores.

En poco más de una década podremos ver cumplido ese objetivo, expresó Pillavi, funcionario de la Agencia India de Investigación Espacial (ISRO) durante un foro de tres días, celebrado en esta capital y titulado Diálogo de Políticas Espaciales.

Como era de esperar, el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) decidió por mayoría informar favorablemente la continuidad de la central de Garoña, abriendo así la puerta a la prolongación del parque nuclear español hasta los 60 años y a una posible querella de Nuclenor en el caso de que el Gobierno decidiera no autorizar el funcionamiento.

Llaman a un corte de luz de una hora el 21 de diciembre a partir de las 19h. También se celebrarán concentraciones en numerosas ciudades.

Las 25 organizaciones de la sociedad civil impulsoras del manifiesto https://www.nomascortesdeluz.org/  nomascortesdeluz.org, que apoyan ya nueve partidos políticos, convocan movilizaciones a nivel estatal este 21 de diciembre para reivindicar la paralización de los cortes de electricidad a familias sin recursos y medidas gubernamentales contra los abusos tarifarios de las eléctricas.

El eurodiputado socialista defiende que los ciudadanos deben ser el “centro y razón” de la nueva política energética de la Unión en el debate sobre el paquete ‘Energía limpia’.
Demanda un nuevo diseño del mercado energético más transparente e integrado, capaz de aportar precios asequibles y el cumplimiento de nuestros objetivos climáticos.

FACUA considera que la decisión del alto tribunal vuelve a poner de manifiesto la inseguridad de un sistema continuamente cuestionado, en el que los principales perjudicados son siempre los consumidores.

FACUA-Consumidores en Acción considera que la sentencia del Supremo que tumba el sistema de financiación del bono social eléctrico deja en evidencia el fracaso del modelo energético que mantiene el Gobierno, heredero de un proceso de privatización del servicio de un bien básico como es el suministro de electricidad.

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