La organización profesional también participa en la acusación popular contra los miembros de los CDR detenidos que supuestamente preparaban una acción terrorista.
La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto diligencias preprocesales para determinar si los hechos ocurridos el pasado 20 de septiembre frente al cuartel de Travessera de Grácia (Barcelona), donde se produjo una de las diversas concentraciones organizadas por entidades independentistas, pueden ser constitutivos de un delito de odio. Lo hace después de que la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), remitiera a principios de octubre un escrito en el que solicitaba que investigara los insultos, amenazas e intimidaciones contra los agentes y sus familias que se dieron esa jornada como consecuencia de las protestas por la detención de nueve integrantes de los Comités en Defensa de la República (CDR) por posesión de material explosivo para la presunta comisión de actos violentos. Como defendía la organización profesional, estas acciones podrían estar recogidas en el artículo 510 del Código Penal.