FISCALES DE MÁLAGA Y LA APIF RECLAMAN EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA QUE ACABE CON LA DISCRIMINACIÓN EN EL REPARTO DE PLAZAS
             24 de septiembre de 2015.- La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), representada por su portavoz,  y una delegación de fiscales de la Audiencia Provincial de Málaga, invitada al efecto por la asociación,  han llevado hasta el Ministerio de Justicia la discriminación que, desde hace años vienen padeciendo y denunciando, por una injusta y desproporcionada distribución de plazas de segunda y tercera categoría en la Fiscalía de Málaga que les obliga a desempeñar funciones de   categoría superior, sin la retribución económica que le corresponde y, a la vez,  les impide ocupar la plaza de la categoría que, por antigüedad en años de ejercicio, les pertenece
                Por tal motivo, la delegación de fiscales de Málaga,  tras no haber recibido respuesta concreta al escrito que en junio pasado remitieron al Ministerio en tal sentido,  se ha desplazado a Madrid con la APIF para la reunión con la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortes, a quien han trasladado el profundo malestar existente dentro de la fiscalía de Málaga donde cerca de una quincena fiscales vienen sufriendo una situación injusta, indebida y de nefasta justificación por parte de quienes, precisamente,  han de ser modélicos en cuanto al sentido de la justicia.
 
                En la reunión, el Portavoz de la APIF y la delegación de fiscales malagueños pusieron de manifiesto el  excesivo número de plazas de tercera categoría respecto al número de plazas de segunda que existen en la Fiscalía de Málaga,  sin proporción alguna a la que se mantiene en el resto de fiscalías de España, con perjuicio para la quincena de fiscales de segunda categoría que ocupan  de manera prácticamente perenne plazas de tercera categoría, existiendo casos de fiscales que llevan más de diez años de ejercicio sufriendo esta  escandalosa situación.
                La discriminación e injusticia producida es evidente, y así lo reconoció la propia Secretaria de Estado de Justicia,  al consultar la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal donde se muestra cómo en la Fiscalía Provincial de Málaga hay 20 plazas de tercera frente a 36 de segunda, mientras que en fiscalías homólogas como la de Sevilla hay 12 de tercera frente a 50 de segunda; en Madrid, 32 de tercera frente a 143 de segunda; en Barcelona, 11 de tercera frente a 110 de segunda; o en Valencia, 17 de tercera frente a 81 de segunda.
                En el estudio porcentual, en Málaga, las plazas de tercera representan el 35,71 por ciento  respecto a las de segunda; Sevilla, el 19,35 por ciento;  Madrid 18,2 por ciento;  Barcelona, el  9,09 por ciento;  y Valencia, el 17,3 por ciento,  por lo que porcentualmente Málaga llega a tener hasta el cuádruple de plazas de tercera que otras fiscalías de grandes ciudades. 
                Todo ello provoca una doble discriminación: frente a los propios compañeros de Málaga (con idénticas funciones, tareas, responsabilidades y cargas de trabajo que los compañeros de segunda) y frente al resto de fiscalías de España con plantillas más equilibradas en el reparto de fiscales de segunda y tercera y que, sin embargo, cuentan con una tasa de litigiosidad por habitante indudablemente menor a la de Málaga capital que junto a Marbella ocupan el liderazgo del ranking nacional, según los últimos datos del CGPJ.   El problema, que deriva de la falta de interés en revisar la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal, afecta a otros fiscales de España, pero donde se manifiesta con mayor intensidad es en la Fiscalía de Málaga.
            A la vez, se da la circunstancia de que las posibilidades de “ascenso” en el tiempo son prácticamente nulas ya que cuando, de tarde en tarde, salen a disposición alguna plaza de segunda ésta suele ser ocupada por fiscales procedentes de cualquier otra localidad de España que así la piden, impidiendo el acceso de los propios fiscales de Málaga que ven eternizarse hasta las puertas de su jubilación el natural ascenso que viene correspondiendo a cualquier fiscal de España en no más de cuatro o cinco años.
                Ante esta situación, la delegación de fiscales de Málaga y la propia APIF, que no entienden que la Administración, a sabiendas, pudiera mantener una situación injusta y arbitraria,  han vuelto a reclamar al Ministerio de Justicia que aporten una solución urgente y pasen a convertir las plazas de tercera en plazas de segunda para equiparar a Málaga con el resto de fiscalías de España a la vez que, como medida transitoria, ordenen la asignaciones económicas que procede a los fiscales afectados a tenor del desempeño que realizan en categoría superior que no ocupan, y todo ello en evitación de procesos judiciales y medidas laborales. 
Portavoz de la APIF, Salvador Viada, Fiscal del Tribunal Supremo{jcomments on}
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