Los Estados y gobiernos invisibilizan a los inmigrantes… la ciudadanía NO

La ciudadanía española en el exterior sufrimos una dualidad de prejuicios por parte de nuestro país de origen, así como del país de acogida.
Para unos somos las emigrantes que salieron del España y para otros las inmigrantes que llegaron para vivir en sus países…y dependiendo de la catadura moral, valores éticos e ideología política del individuo que nos quiera juzgar en nuestro país de origen o de destino, rellenarán nuestras características con su prejuicios y preconcepciones.

No crean que se diferencien en mucho la ciudadanía de nuestro país y la del resto del mundo y el norte global.
Mientras muchos, una mayoría, reciben con brazos abiertos y aceptando la diversidad, hay unos pocos que muestran sin caretas su xenofobia, racismo, y odio a lo que desconocen…en vez de un interés por aprender, aceptar y ayudar a la integración de las personas que deciden llegar a España con una mochila llena de ilusión y un futuro en el que aportarán a nuestra economía y a nuestras vidas.
El racismo o xenofobia en Reino Unido siempre ha existido, pero el Brexit fue la espita que permitió que mucha gente se quitara las caretas para mostrar una repulsa que muchos inmigrantes desconocíamos que existía en un país que muchos pensábamos era la cúspide de la tolerancia y apertura de mentes. En todos los sitios cuecen habas.
Si bien en España hay ciertos partidos que han llegado mucho más lejos en su lenguaje de odio y aparte de discriminar e insultar han querido criminalizar a la inmigración.
Esta inmigración aparte de ser una pata del banco del futuro de nuestras pensiones, son ciudadanos mucho más ejemplares de lo que jamás han sido algunos lideres de la banda de odio que ocupa unos cuantos escaños en nuestro Congreso de los Diputados…pero los dos partidos mayoritarios también colaboran en la falta de empatía con la inmigración.
La inmigración en España, al igual que en Reino Unido tras el Brexit, tiene un sector de población invisibilizado y “de acuerdo con las estimaciones más recientes, en España residen de manera irregular entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad.”
Este dato es el que abre la Iniciativa Legislativa Popular para una regularización extraordinaria de persona extranjeras, que se está siendo organizado por un “movimiento plural liderado por las personas migrantes, compuesto por múltiples organizaciones sociales, con la intención de conseguir que este país se reconozca como más diverso y trate a las personas migrantes y racializadas como personas de pleno derecho”.
La lista interminable de asociaciones, coordinadoras y organizaciones que apoyan esta iniciativa muestran el interés real que existe por asegurarnos que no solo decimos que somos integradores, activistas y luchamos por una sociedad mas justa, sino que además tenemos unas leyes y unas normas que facilitan que esto se articule en el día a día y no dejemos a nadie atrás. Desde la Asamblea Episcopal hasta los anticapitalistas apoyan esta propuesta.
Las Iniciativas Legislativas Populares son un mecanismo legal que tiene origen en las personas y no en los políticos y esta es la primera vez que las personas migrantes autoorganizadas como sujeto político elaboran una ILP.
El Estado no ha tenido interés en los tres últimos lustros en una solución para este casi medio millón de personas, y existen opciones de forzar al Congreso de los Diputados a debatir la iniciativa siempre que se llegue a 500 mil firmas.
Un país del primer mundo no puede saber de la existencia de ciudadanía irregular y mirar hacia otro lado, mientras que la mayoría de esta inmigración esta llevando a cabo trabajos claves en nuestra sociedad, en sectores en los que los españoles no quieren trabajar, cuidando de nuestros mayores, limpiando nuestras casas o recogiendo hortalizas cuando muchos de ellos, siendo regularizados podrían optar por trabajos para los que tienen cualificaciones y aportarían vía impuestos a tener un país mejor.
“Los criterios de acceso a la residencia son altamente restrictivos y de muy difícil cumplimiento, y el procedimiento administrativo implementado es lento, burocrático y cuenta con un elevado margen de discrecionalidad a la hora de conceder las autorizaciones o su renovación.”
Las razones para la regularización son según dicen en el texto de esta ILP:
Primero “El respeto de los derechos fundamentales de cada ser humano. La irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad.”
Segundo “la pérdida de un gran aporte económico y fiscal para el conjunto de la sociedad. Por un lado, la irregularidad impide a muchos migrantes contribuir dignamente con capacidades que son esenciales para el sostenimiento de la sociedad. Por otro, la economía sumergida limita las contribuciones fiscales de estos trabajadores a los impuestos indirectos de lo que consumen.”
Finalmente “la existencia de cerca de medio millón de personas fuera del radar de las instituciones y de la planificación de los servicios públicos supone un déficit de gobernanza pública que es urgente corregir.”
Si miramos al entorno nos ha de quedar claro que estas regularizaciones son comunes en la UE y entre 1996 y 2008 hubo más de 43 programas de regularización en 17 Estados miembros y en nuestro país estos procesos ya se dieron hasta en seis veces.
Esta ILP articularia una modificación de la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Al no tener naturaleza orgánica, pues no regula ninguno de los derechos fundamentales que se relacionan en los artículos 15 – 29 de la Constitución Española permite que la disposición transitoria primera sea modificada por una iniciativa legislativa popular, con rango de ley, sin afectar a materia orgánica.
Finalmente cabe resaltar que esta propuesta “está estrechamente alineada con acuerdos e iniciativas internacionales a los que España se ha comprometido de manera solemne. Estos incluyen la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (Objetivo 10), el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el vigente Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, firmado en 2008.
¡¡Cuando los partidos no hacen su trabajo, los ciudadanos podemos hacerlo por ellos!!
https://linktr.ee/regularizacionya