La Generalitat (ejecutivo catalán) presentó este sábado ante un juzgado de guardia de Barcelona una demanda contra los agentes del instituto armado, que esta semana interrogaron a algunos de sus altos cargos por el referéndum proyectado para el próximo 1 de octubre.



'Hemos presentado denuncia contra los responsables de los interrogatorios de la Guardia Civil por @referendumpacte. Defendemos la democracia', escribió en su cuenta de la red social Twitter Jordi Turull, consejero de Presidencia de la Generalitat.

Turull anticipó el pasado miércoles que denunciarían ante el juez de guardia la grave vulneración de derechos fundamentales que, según su criterio, se perpetró en la declaración ante la Guardia Civil del secretario general de Presidencia, Joaquim Nin.

El cuerpo de seguridad indagó como testigos a seis altos cargos del ejecutivo autonómico por los preparativos de la controvertida consulta unilateral, considerada ilegal por el gobierno central de Mariano Rajoy y el Tribunal Constitucional (TC) de España.

Las autoridades de la citada región interpusieron el requerimiento al apreciar 'posibles delitos por obstrucción de la Justicia, usurpación de atribuciones, falsedad en documento oficial, violación de secretos y contra los derechos individuales'.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunció la víspera que recurrirá ante el TC una reforma del reglamento del parlamento de Cataluña, que permitiría acelerar el plan secesionista.

Rajoy aseguró, además, que el referéndum de autodeterminación no se celebrará.

Como ocurrió en los últimos años con todos los pasos dados por las instituciones catalanas a favor de la independencia de España, el poder central impugnó la reforma del reglamento de la cámara legislativa, que pretende agilizar la tramitación de dos normas clave.

Una de ellas es la llamada ley del referéndum, firmada la víspera por los partidos separatistas para tratar de dar cobertura legal a la votación de octubre.

La otra, que se prevé presentar a finales de agosto, es la ley de transitoriedad jurídica, con la cual la Generalitat busca dotar a Cataluña de un régimen jurídico propio.

El jefe del Ejecutivo español criticó que el órgano legislativo catalán quiera 'aprobar por trámite de urgencia y sin las más elementales garantías democráticas las leyes con las que pretenden liquidar la soberanía nacional, la Constitución y el Estatuto de Autonomía'.