Hay un caso muy curioso que se ha producido, dentro de la vorágine de acontecimientos que se van sucediendo, por el caos generado en relación con el conflicto por lal independencia de Cataluña. Gustavo Albarracín Fernández, que vive en Las Palmas de Gran Canaria, presentó una demanda contra Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, para que se declare la existencia de una intromisión ilegítima en el honor y dignidad del demandante como “ciudadano español”, se condene a los demandados al pago de una cantidad total de 250 millones de euros por daño moral “por atentar contra el honor de España y por tanto del demandante” y que la sentencia sea publicada en los dos periódicos de mayor difusión de España y Bélgica.



El análisis jurídico del caso lleva a pensar que la demanda parece inviable. De la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, se deduce que solo puede ejercitar acciones civiles contra intromisiones ilegítimas aquella persona que se haya visto afectada directamente, de modo que debería demandar la Abogacía del Estado, aunque ello parece poco probable. Además, es cierto que la Sentencia de la Sala I del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2016 establece que "las personas jurídicas de Derecho público no son titulares del derecho al honor garantizado por el artículo 18.1 CE", afirmación que es discutible y discutida teniendo presente que los articulos 496 y 504 del Código Penal se refieren a los delitos contra el honor de determinadas instituciones públicas.

Habria sido más acertado presentar una denuncia o una querella para iniciar un proceso penal por la comisión de un delito del artículo 504 del Código Penal, que establece que "Incurrirán en la pena de multa de doce a dieciocho meses los que calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma". Sin embargo, sus argumentos tiene el abogado de Gustavo Albarracín Fernández para descartar la interposición de una querella y optar por presentar una demanda.

No parece que vayan a condenar en un proceso civil a pagar una indemnización por daños causados en el honor de España por la actuación de los dirigentes independentistas catalanes fugados. Tampoco parece que les vayan a condenar por rebelión o sedición en el proceso de secesión de Cataluña, pero eso se debe más a técnicas de escapismo que a argumentos jurídicos.

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